Reino Unido estudia una oferta de China para construir su tren de alta velocidad
El Reino Unido estudia una oferta de China para construir en un plazo de cinco años y a bajo coste su polémico tren de alta velocidad HS2, en el que tienen intereses empresas españolas, y que fue aprobado esta semana por el primer ministro británico, Boris Johnson, informa este sábado el diario Financial Times.
El periódico señala que la directiva de HS2 Ltd, la gestora pública del proyecto ferroviario británico, está en conversaciones "preliminares" con la Corporación de construcción de ferrocarriles de China (CRCC, en inglés), sin que haya de momento "compromisos concretos".
La construcción del High Speed 2 (HS2), así como la potencial participación de CCRC, es significativa para compañías españolas como Ferrovial, ACS, CAF o Talgo, que tienen intereses en el proyecto.
Pese a la oposición dentro y fuera de su partido, Johnson autorizó el pasado martes la totalidad del proyecto para construir un tren de alta velocidad entre el sur y el norte de Inglaterra, que se inició en su fase preliminar en 2015 y va ya con retraso y por encima de presupuesto.
El plan prevé que el "AVE británico", que conectaría Londres con Birmingham en el centro y Leeds y Manchester en el norte, esté listo en 2040, pero, según el periódico, CRCC podría acabarlo "a mediados de esta década" y con un coste "significativamente más bajo" que lo hasta ahora calculado.
En una carta a HS2 Ltd, desvelada por la revista Building Magazine y recogida hoy por el periódico, la constructora estatal china asegura que las ventajas que ofrece "son demasiado buenas para ser descartadas", y señala que "el estilo chino es buscar soluciones y no entretenerse en los obstáculos o dificultades".
En 2015, el entonces gobierno conservador estimó que el proyecto ferroviario, que requeriría expropiaciones y trasvase de ríos, tendría un coste de 56.000 millones de libras (66.400 millones de euros), pero cálculos posteriores lo han elevado hasta 107.900 millones de libras (unos 127.945 millones de euros), lo que ha llevado a numerosos diputados a pedir su suspensión.
