El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Podemos no puede esperar a que haya un acuerdo mundial en la OCDE, el club de los países ricos, sobre una tasa a los gigantes tecnológicos. Necesita de forma urgente los ingresos de este nuevo impuesto para financiar el fuerte aumento del gasto público que prevé para los Presupuestos de 2020. Por eso, el Consejo de Ministros aprueba ya este martes los anteproyectos de ley tanto de la tasa Google como de la tasa Tobin, el nuevo impuesto a las transacciones financieras, según ha confirmado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El objetivo es que las Cortes den luz verde a los dos nuevos impuestos "lo más rápidamente posible para que podamos contar con los recursos en el presupuesto de este año", ha insistido Calviño. La vicepresidenta espera "un amplio apoyo del arco parlamentario" porque las propuestas "son bien conocidas" y "han sido refrendadas en las urnas hasta cinco veces en el curso del año pasado". Los ingresos dependerán del momento de la entrada en vigor.

¿No teme España represalias de la Casa Blanca de Donald Trump por apuntar a sus gigantes tecnológicos? ¿Acabará el Gobierno de Sánchez corriendo la misma suerte que el presidente francés, Emmanuel Macron, que se vio forzado a dar marcha atrás cuando el presidente de EEUU amenazó con aranceles al vino galo? "No tiene por qué haber ningún tipo de reacción negativa con esta acción por parte del Gobierno español", sostiene Calviño.

Tanto ella como la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, han informado del nuevo impuesto digital español a sus respectivos homólogos norteamericanos, Mike Pompeo y Steven Mnuchin. "Lo vamos a hacer de forma transparente y no discriminatoria, no se está enfilando a ninguna empresa", ha indicado González Laya. Pompeo se limitó a "tomar nota" del anuncio español, pero en ningún caso se entró a negociar, ha agregado.

La vicepresidenta económica alega que España está actuando en línea con las discusiones tanto de la OCDE como de la UE. Sin embargo, Bruselas ha decidido aplazar su decisión al menos hasta principios de 2021, a la espera de lo que apruebe la OCDE. Y en el club de los países ricos no se espera ningún acuerdo hasta finales de año. Es decir, el Gobierno de Sánchez actúa de forma unilateral. "No estamos solos, son varios los países que tienen ya un impuesto sobre determinados servicios digitales", ha insistido.

Las precauciones de España

Pese a todo, España tomará precauciones para evitar posibles sanciones de Trump, siguiendo el ejemplo de Macron. "En el caso francés, lo que se ha hecho es suspender los pagos a cuenta, es decir, que la liquidación del impuesto se produzca a finales de año. Nosotros tendremos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto sino simplemente de la liquidación al final de año", ha explicado Calviño.

Según el plan de estabilidad que España remitió a Bruselas el año pasado, la tasa digital se aplicará a un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea como los que prestan las redes sociales y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. El modelo español se basa en una propuesta de Bruselas, pero que ya ha sido enterrada en la UE por falta de unanimidad.

El ministerio de Hacienda de Maria Jesús Montero cuenta con unos ingresos de 1.200 millones de euros en un año completo. Pero Bruselas cree que esta previsión está inflada y le aplica un descuento del 30%, lo que dejaría la recaudación en 840 millones.

Por su parte, la tasa Tobin consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación o del lugar en el que se negocien. Montero calcula unos ingresos de 850 millones al añol.

Esta medida está también inspirada en una propuesta de la Comisión Europea que lleva años atascada en Bruselas. Además, el Ejecutivo comunitario considera que la previsión de ingresos está inflada. Basándose en las experiencias de Francia e Italia, que ya tienen sus propias tasas nacionales, concluye que la recaudación será un 30% inferior a la prevista. Es decir, unos 595 millones.