Madrid, 17 feb (EFECOM).- Volkswagen España se ha desmarcado este lunes de la polémica por el trucaje de motores diésel al alegar que, dada su condición de importadora de vehículos del grupo, no interviene en el proceso de fabricación, si bien ha descartado que el "software" instalado en ellos manipule los datos sobre emisiones.

Ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que ha celebrado la vista por la macrodemanda de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la filial del grupo alemán, el letrado de la compañía ha insistido en que los programas informáticos que incorporaron los motores de la familia EA 189 hasta 2015 "no falsean nada", y ha pedido que no se compare la situación en Europa con el "dieselgate" de Estados Unidos.

Al respecto, el abogado de la demandada se ha apoyado en el peritaje elaborado por José Manuel Luján, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, que en sede judicial ha explicado que los motores usados en el Viejo Continente sólo coinciden con los estadounidenses en su "corazón".

El experto ha señalado que en Europa, los motores pueden alcanzar unos niveles de Óxido de Nitrógeno (NOx) de unos 180 miligramos por kilómetro, muy superiores a los 31 miligramos por kilómetro que por ley permitidos en Estados Unidos.

Aunque la principal diferencia, ha añadido, es que mientras que en suelo comunitario es un experto independiente quien aglutina los datos de emisión necesarios para obtener la habilitación, en el modelo estadounidense la recopilación viene dada a las autoridades por la propia compañía.

En una técnica pericia, Luján ha asegurado que el sistema informático instalado en los motores EA 189 "no es ilegal", sino diferente al estar dividido en dos paquetes de datos, uno con las emisiones en fase de homologación y otro, en situación de conducción real, a fin de hacerlo más eficiente.

No obstante, "las órdenes que se dan al motor son las mismas que las de otros fabricantes", ha puntualizado el experto, que ve "imposible" falsear la información porque "lo que sale del tubo de escape es lo que se mide".

También ha intervenido el perito de Deloitte propuesto por Volkswagen, Luis Alonso, que ha aseverado que, según los estudios usados en su informe, los consumidores adquirieron vehículos diésel guiados no tanto por su compromiso con el medio ambiente sino por criterios como la "reputación de la marca, el estilo exterior y la durabilidad".

Sin embargo, para la asociación, representada por Eugenio Ribón y que reclama unos 3.000 euros para cada uno de sus afectados, Volkswagen España actuó "en contra de la política medioambiental de ahorro y eficiencia" con la que la compañía "se ganaba la simpatía del consumidor medio" y arrebataba las ventas a sus competidores.

En su turno de conclusiones, el abogado ha incidido en la "notoria" manipulación de estos motores, y ha solicitado justicia para los "desangelados" afectados españoles, que a diferencia de cuanto ha ocurrido en otros países como Estados Unidos, Australia o, más recientemente, Alemania, aún no han sido compensados.

En esta misma línea se ha expresado la portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, que en una rueda de prensa convocada a las puertas del juzgado minutos antes de la vista, ha revelado que Volkswagen ofreció una gorra y un llavero a los compradores de estos vehículos.

"No estamos ante cualquier producto, sino ante el segundo mayor desembolso por detrás de la vivienda", ha recalcado durante su informe Ribón, que ha querido matizar que el hecho de que el vehículo, a nivel de potencia, no se haya visto afectado, no evita que exista un "daño económico" en un consumidor que podría haber comprado otros de menor coste.

Al finalizar la jornada, el magistrado ha dejado visto para sentencia la macrodemanda de la organización, que representa a 7.500 afectados y pide en total 22,5 millones de euros (unos 3.000 euros para cada uno) en concepto de daños y perjuicios.