Madrid, 19 feb (EFECOM).- El plazo medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas subió de 68 a 70 días en 2019, con lo que se aleja aún más de los 30 días establecidos por ley, según el informe presentado este miércoles por la Plataforma Multisectorial contra a Morosidad (PMcM).
Desde que en 2010 comenzó a contabilizarse este dato, el plazo medio de pago de las administraciones públicas ha descendido de manera continuada desde 166 a 65 días en 2017, para volver a subir en 2018 y 2019, lo que muestra "una clara tendencia a aumentar", ha explicado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, durante la presentación del informe, basado en 800 encuestas a proveedores.
En el sector privado, el plazo medio de pago siguió lejos de los 60 días que estipula la ley, aunque descendió a considerablemente respecto a 2018, al alcanzar los 73 días, frente a los 81 días del año pasado.
La ratio de impagos (montante de los impagos respecto al total de facturación de los proveedores) se situó en el 3,1 %, dos décimas superior a la de 2018.
Este aumento, aunque ligero, "es lo que más debería preocupar, ya que es cuestión de vida o muerte para la empresa", ha afirmado Cañete, que ha avisado de que este dato no ha dejado de crecer desde 2016, cuando se situó en el 2,3 %.
El 60 % de los que no pagan a plazo son grandes empresas, mientras que el 40 % son pymes y microempresas, lo que, según Cañete, "está generando una tensión en la que las pymes están pagando a tiempo y las grandes empresas no dejan de aumentar sus plazos de pago".
Para la PMcM también es preocupante que el 86 % de los proveedores nunca o casi nunca exigieron intereses de demora y el 94 % no pidieron la indemnización legal por costes de recobro que estipula la ley.
Según Cañete, esta situación se debe al miedo a perder a un gran cliente, no al desconocimiento, puesto que el 61 % de los encuestados asegura conocer la legislación.
Asimismo, el informe revela que el 65 % de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes, tanto del sector público como del privado, que les imponían plazos de pago superiores a los legalmente establecidos.
El mismo porcentaje, un 65 %, confiesa tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas.
Por sectores, la plataforma ha destacado que el del Comercio y Servicios tiene un plazo medio de pago de 339 días, algo "escandoloso", puesto que el plazo medio de cobro de las empresas de este sector se sitúa en 58 días.