Las muchas dudas y escasas certezas sobre la cesión a País Vasco de la Seguridad Social

El Gobierno central y el del País Vasco han acordado una fecha para iniciar las labores que culminarán en el traspaso de las competencias de gestión económica de la Seguridad Social, el órgano encargado de recaudar las cotizaciones y pagar las pensiones, entre otras prestaciones, pero sin romper el sistema de ‘caja única’. Pero, ¿qué supone exactamente esta decisión?

Para empezar, tiene que quedar clara una cuestión: el País Vasco no podrá tomar decisiones unilaterales en materia de pensiones o cotizaciones. Ambas cuestiones siguen siendo prerrogativas del Estado y del Gobierno, que además en determinadas situaciones requieren el aval o la aprobación del Congreso, como ocurrió con la última subida de las pensiones. El alza se aprobó con un real decreto-ley que ha tenido que ser avalado por la Cámara Baja.

La clave está en el sistema de ‘caja única’ antes citado. Ideado en los Pactos de Moncloa, su forma física y administrativa es la Tesorería General de la Seguridad Social y trabaja bajo la premisa de la solidaridad sin importar el territorio.

Es decir, que si una región no recauda suficiente dinero para pagar determinadas prestaciones sociales (entre ellas, las pensiones) no hay perjuicio alguno, porque la ‘caja única’ o ‘hucha común’ gestiona los pagos en general y equilibra la balanza.

De esta manera, el que la región vasca se vaya a quedar con la gestión económica de la Seguridad Social, pero sin romper el concepto de 'caja única', significaría que la administración foral se convertiría en una suerte de ‘cajera’. Es decir, que se dedicará a recaudar fondos a través de las cotizaciones y a pagar las pensiones de sus ciudadanos, pero siempre compartiendo sus fondos con los del Estado.

Recogido en el Estatuto de Gernika

Lo cierto es que esta competencia era de las pendientes en el Estatuto de Gernika. Y en virtud del acuerdo que anunciaron el Gobierno vasco y el Central esta semana, lo seguirá estando al menos hasta 2021.

De hecho, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, explicó que hasta junio del próximo año no comenzará el estudio del traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, "una vez que estén avanzados y engranados" los acuerdos de la Comisión del Pacto de Toledo.

Por tanto, antes tienen que estar preparados los mimbres para la ambiciosa reforma del modelo público de pensiones a la que se ha comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez y que se tendrá que pactar en esta legislatura.

Es decir, que ni siquiera está claro cómo se hará el citado traspaso que, según admiten fuentes del Gobierno central y vascas, reviste una gran complejidad.

Distintas visiones

El traspaso acumula distintas visiones. El Ejecutivo vasco lo tiene claro. El consejero de la Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha considerado que la transferencia en materia de Seguridad Social hará que los ciudadanos tengan "una administración más cercana", pero "no va a cambiar el sistema de Seguridad Social porque el Estatuto de Gernika no contempla, en absoluto, la creación de un sistema diferente en Euskadi".

"La Seguridad Social va a seguir siendo la misma", ha señalado, que ha añadido que la llamada 'caja única' "no se pone en cuestión", pero "es compatible con la existencia de cajeros diferentes". Un argumento compartido por el Gobierno.

Por otro lado, el lógico que los vascos no quieran que se rompa el concepto de caja única, al menos según los datos de la Seguridad Social. En 2018, el gasto por prestaciones contributivas en la comunidad foral superó de largo 9.000 millones de euros, de los que la mayoría fueron a parar a las pensiones. 

Sin embargo, los ingresos de la Seguridad Social procedentes de la región vasca se quedan en poco más de 5.000 millones. Es decir, que el déficit que tendría que afrontar País Vasco si 'independizara' del todo esta competencia sería de, al menos, 4.000 millones. 

Duras críticas

Obviamente, no es esta la visión que llega desde otras formaciones políticas, como el Partido Popular. Su líder, Pablo Casado, ha opinado que con esta idea (que, cabe recordar, no comenzará estudiarse cómo ejecutarla hasta bien entrado 2021) "Sánchez sigue pagando el precio de su investidura a costa de la igualdad de los españoles”.

La transferencia de la gestión económica es para Casado "el avance para romper la caja única y compromete el futuro de las pensiones. Un paso más en el desmantelamiento del Estado".

Al menos un colectivo profesional comparte este punto de vista. La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social ha emitido un duro comunicado contra el anuncio del traspaso.

El problema está en cómo se han llevado estas acciones en el pasado. “Anteriores procesos de transferencias (Sanitarias y de Servicios Sociales) evidencian cada día disfunciones objetivas y diferencias en la prestación de los servicios a los ciudadanos, en atención a las prioridades y recursos financieros de las distintas comunidades autónomas”, avisa.

Así, bajo su punto de vista, “no solo la igualdad de todos los españoles sino la propia “caja única” se puede ver afectada como consecuencia del proceso de transferencias que se pretende iniciar y, por ello, no puede quedar concretada en el seno de una comisión bilateral, sin que previamente se delimiten, en el seno del Pacto de Toledo, los principios básicos a los que debe someterse un proceso que va a tener inmediata trascendencia para, absolutamente, todos los ciudadanos de este país”.

Sin embargo, todo temor todavía parece aventurado. Más allá de los compromisos alcanzados entre la administración central y la foral, la gestión económica de la Seguridad Social no se moverá del Estado al menos hasta finales del próximo año.

Antes, hay afrontar retos más inmediatos. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, tiene que dibujar la necesaria reforma del modelo de pensiones que permitirá el saneamiento de la tesorería común y que no genere, un año tras otro, un déficit del que no terminamos de salir.