Marcha atrás: la ayuda para los padres por el cierre de los colegios queda en el aire

El Ejecutivo de Pedro Sánchez da marcha atrás a una de las medidas anunciadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá la pasada semana: la de ayudar económicamente a los padres que hayan contratado a niñeras por el cierre de los centros educativos.

En el paquete de medidas contra el Covid-19 aprobado ayer vía real decreto-ley en el Consejo de Ministros no está incluida. Desde Moncloa se excusan en que no la han incluido porque cuando se diseñó esta prestación existía una necesidad imperante en las familias de poder compatibilizar dentro de su jornada laboral el cuidado de los hijos, pero que al avanzar la pandemia esa necesidad ya no es tan acuciante porque  se han aprobado medidas para propiciar el teletrabajo o reducir las jornadas laborales.

No obstante, desde el Gobierno dejan en el aire la propuesta y aseguran que estudiarán las necesidades de recursos con las entidades locales para conocer si se producen situaciones de necesidad y cuáles son sus dimensiones con el fin de aprobar más adelante la prestación económica para padres que tenga que quedarse en casa, sin posibilidad de teletrabajar o hayan tenido que reducir su jornada.  

Flexibilidad laboral

Tras la primera fase de contención de la crisis sanitaria la semana pasada, el Gobierno señala que se entra en una fase de contención reforzada, en la que priman las medidas de liquidez y de flexibilidad laboral para evitar el cierre de empresas y los despidos.

Para ello el Ejecutivo contempla movilizar hasta 200.000 millones de euros (117.000 millones del sector público), con avalas públicos, flexibilización de ERTEs y otras ayudas.

La siguiente fase será la de recuperación y estímulo para recuperar la senda de crecimiento, señalan.

Moratoria de alquileres, no justificada

Por otra parte, el conjunto de iniciativas para potenciar el teletrabajo y propiciar la adaptación y las reducciones de las jornadas laborales, junto a la prohibición del corte de suministros (agua, luz, gas y telecomunicaciones) a colectivos vulnerables, justifican también la no aprobación de una moratoria en el pago de alquileres.

El Ejecutivo considera que las medidas aprobadas pueden garantizar el pago de los recibos de los ciudadanos y confían en la "solidaridad" de los propietarios y los acuerdos que puedan alcanzar con los inquilinos.

Además, el Gobierno ha aprobado una moratoria para el pago de hipotecas para colectivos vulnerables que se vean afectados por la merma de ingresos por el coronavirus, en principio para un mes, aunque podría ampliarse, como el resto de medidas, si se prolonga el Estado de alarma más allá de ese plazo.

El Ejecutivo insiste en la necesidad de la coordinación entre comunidades autónomas, entidades locales y Estado. Precisamente la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha presidido la reunión de coordinación por videoconferencia con los responsables de Economía y/o Hacienda de las comunidades autónomas para coordinar la respuesta económica a la situación de emergencia creada por el Covid-19.

Durante el encuentro, Montero trasladó a los consejeros autonómicos el detalle de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta la fecha para hacer frente a la crisis de salud, como el plan de choque que movilizará 100.000 millones de euros de recursos públicos, entre la línea de crédito avalada a través del ICO, así como las ayudas directas a las familias, autónomos y empresas, inyecciones de liquidez a las regiones, como los 2.800 millones anticipados de la actualización de las entregas a cuenta, o los aplazamientos y facilidades de pago en impuestos o cotizaciones sociales.

En la reunión, Montero ha comunicado el deber de las CCAA de suministrar al Ministerio de Hacienda la información económico-financiera que se requiera sobre los efectos derivados de las actuaciones acometidas en relación al Covid-19.

También ha propuesto a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas la posibilidad de adoptar medidas de flexibilización en procedimientos tributarios para los contribuyentes que se relacionan con las administraciones tributarias autonómicas.