El mundo de la empresa no es ajeno al debate sobre la renta básica. Ya antes de que el coronavirus paralizara nuestra economía, se publicó un estudio muy ambicioso sobre la posibilidad de aplicarla en España que fue auspiciado por la Fundación La Caixa.
El informe Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica, fue coordinado por Jordi Sevilla, cuando todavía estaba en la presidencia de REE y financiado por el Observatorio Social de La Caixa. El documento planteaba una renta básica ligada al IRPF y puso este debate sobre la mesa en septiembre del pasado año, cuando todavía no se habían producido las elecciones que dieron origen al Gobierno de coalición que abandera ahora la implantación de esta ayuda.
Mucho ha cambiado desde entonces el panorama en España. La pandemia ha arrasado la economía y ha convertido en vulnerables a trabajadores que hace medio año no lo eran. En este contexto, desde la CEOE, los empresarios no han rechazado la aprobación de un ingreso mínimo vital temporal, pero su defensa es más próxima a los términos en los que lo plantea el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que al planteamiento que estudia el Gobierno.
También desde el think tank de Foment del Treball, la patronal catalana, se ha considerado oportuno estudiar "algún tipo de renta mínima específica para el periodo de tránsito a la normalidad" y dentro de otros paquetes de medidas.
En declaraciones públicas, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor de "ayudar a los más vulnerables". Pero también ha recordado que en España ya hay más de dos millones de personas acogidas a programas de subsidio, lo que supone unos 17.000 millones de euros de gasto público anual que se reparten a través del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En ese sentido, considera que la idea de esta ayuda no es tan novedosa.
Mesa del diálogo social
La renta básica estuvo sobre la mesa en la reunión que empresarios y sindicatos mantuvieron este jueves con el Gobierno, dentro de los contactos semanales que están teniendo estos días los agentes sociales para hacer un seguimiento de la evolución de la crisis del coronavirus. En ese encuentro, los sindicatos urgieron a implementar ya esa medida que el líder de CCOO, Unai Sordo, llamó "ayuda de emergencia o renta básica".
Fuentes del entorno de la patronal consideran que los empresarios entienden la aprobación de una renta básica temporal, para ayudar a paliar el mal económico que están padeciendo muchos trabajadores en España como consecuencia del Covid-19. Sin embargo, siempre que esa renta básica sea temporal y excepcional.
Consideran que ese subsidio o ayuda debe nacer vinculado a una serie de medidas de empleabilidad en todos los casos que sea posible. Un ejemplo claro, sería vincular la prestación a la formación para que el individuo pueda comenzar a trabajar cuanto antes y a vivir por sus propios medios sin depender del Estado.
Sin fórmula concreta
El Gobierno todavía no ha llevado a esa mesa de diálogo con los agentes sociales su fórmula concreta para poner en marcha el ingreso mínimo vital en el que trabaja el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, desde hace meses.
Sin embargo, en la patronal se aborda este debate dentro del contexto de la crisis social y económica en la que ha derivado el colapso sanitario por el Covid-19. Una postura con la que también marca diferencias frente al vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, e incluso con el propio Escrivá.
En este contexto, con una visión de conjunto, los empresarios consideran más importante que se paguen las ayudas ya reconocidas en los reales decretos que se han ido aprobando durante el estado de alarma que introducir otros debates. Un ejemplo son los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), que no se van a cobrar hasta mayo por el colapso administrativo, pese a que fueron aprobados en marzo.