España concedió el pasado año 8.061 permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios por motivos de inversión, los conocidos como 'golden visa' o 'visados de oro', y acumula ya más de 35.422 desde su puesta en marcha en 2013, a datos de febrero de 2020.
Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta registrada en el Congreso, recogida por Europa Press, al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, que había solicitado datos por el número de estos permisos facilitados, por año y nacionalidad.
Según la información remitida por la Secretaría General de Extranjería, los datos del pasado año reflejan un aumento del 22% respecto a los 6.576 'visados oro' concedidos en 2018, en una evolución en constante crecimiento desde su aplicación por vez primera, a raíz de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización de 2013.
Más de 1.000 en dos meses
Si en 2013 se registraron 34 permisos al amparo de esta norma, los visados se dispararon hasta los 3.364 al año siguiente, aumentando sucesivamente hasta los 4.593 en 2015, los 5.445 en 2016, los 6.004 en 2017 y los 6.578 en 2018. Tras los 8.061 'visados oro' concedidos el pasado año, se han registrado 1.345 permisos de residencia de este tipo en los dos primeros meses de este año.
Por tipología, dejando a un lado la concesión de los visados a familiares acogidos a estos permisos (un total de 3.530 permisos), la modalidad más recurrida para este visado el pasado año fue la de trabajadores "altamente cualificados" (1.650 permisos), seguida a la movilidad empresarial (1.361), la adquisición de inmuebles (681) y la investigación (576). Por inversiones de capital únicamente se concedieron 20 visados.
China e India, en cabeza
Por países, y desde 2013, China continúa siendo el país con más número de personas que han recibido este tipo de visados, con un total de 8.202 permisos, seguidos de India (3.169), Rusia (2.698), EEUU (2.657), Brasil (2.283), México (1.691), Colombia (1.366), Argentina (1.066), y Venezuela (911).
Este tipo de visados se conceden a cambio de inversiones inmobiliarias de al menos medio millón de euros, contar con al menos de un millón de euros en depósitos, más de dos millones en bonos del Estado, ser considerados como profesionales altamente cualificados o trasladar a España una determinada empresa.
Cuestionados por organizaciones e instituciones internacionales ante el riesgo de propiciar delitos financieros y de evasión y elusión fiscal, Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, propuso el pasado año en una proposición no de ley registrada en el Congreso la derogación del capítulo relativo a estos visados de residencia para inversores.