El reparto de financiación estatal a fondo perdido para que las comunidades autónomas puedan sobrellevar la crisis del coronavirus sin necesidad de aumentar su endeudamiento comenzará en julio, por 6.000 millones de euros. Así se lo ha adelantado el presidente Pedro Sánchez a los dirigentes autonómicos este domingo durante su undécima teleconferencia en este estado de alarma.

La ministra portavoz del Gobierno y titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el fondo estará dotado con 16.000 millones de euros. Además, ha explicado que después del primer pago, se producirán otros dos en meses alternos. Esto es, en septiembre y noviembre. Un último, con el remanente y los ajustes oportunos tendrá lugar en diciembre.

Montero ha anunciado que “esta semana se comenzarán los contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso” para consensuar el reparto de estos fondos no reembolsables de reconstrucción. En este sentido, las comunidades autónomas han venido aireando en los últimos días criterios dispares para su reparto, desde la población, hasta el peso en la economía, pasando por afectación epidémica o laboral.

Criterios de reparto

Sobre este punto, la sevillana ha adelantado que el Gobierno va a dar "mayor peso al criterio de la población". En este sentido, ha subrayado la insistencia de Sanidad en que las autonomías, que tienen la responsabilidad en materia de competencia en sus territorios, dispongan de un depósito de "reservas" de material sanitario.

Además, ha insistido en que "no va haber ningún criterio político" como podrían ser "la gestión previa de la Sanidad, si se había privatizado o no, si se había invertido más o no", según ella misma ha explicado.

La ministra ha mostrado su interés en que “igual que se han alcanzado acuerdos entre trabajadores y empresarios” se pueda llegar también a un consenso en este punto. Una clara alusión al diálogo social que tras el pacto para la derogación de la reforma laboral alcanzado con EH Bildu ha saltado por los aires.

El importe de 16.000 millones de euros se ha diseñado con vistas a repartir 10.000 millones para gasto sanitario, 5.000 millones para compensar la caída de ingresos propios vinculada al parón de la actividad económica y el descenso de la recaudación fiscal. Los 1.000 millones restantes se contemplan para gasto social.

Prórroga a los ERTE

Por lo que se refiere a este punto, Montero ha insistido en que este martes el Consejo de Ministros aprobará el ingreso mínimo vital, de los que ya se conocen la mayoría de detalles. Como ya ha explicado el ministro José Luis Escrivá en reiteradas ocasiones, esta iniciativa se implantará en estrecho contacto con las autonomías, que en varios casos tienen desplegadas medidas de cobertura social que ahora podrían ser revisadas.

Desde el Gobierno también se reitera la intención de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio en los sectores más golpeados por la epidemia, como son los casos de la hostelería y el turismo. En este caso, se atenderá especialmente esta posibilidad si llegada la fecha siguen vigentes restricciones de actividad.

Asimismo, desde Moncloa se estudia qué opciones ofrecerá finalmente Europa para recurrir a fuentes de financiación comunitaria. Montero ha explicado que en cuanto al fondo común de rescate (MEDE), "queda saber si serán transferencias o préstamos". Sin embargo, desde Economía se ha desestimado el recurso a este mecanismo, no así al seguro de desempleo (SURE) al que se prevé acudir para solicitar hasta 15.000 millones de euros.