El Círculo de Empresarios pide un IVA del 4% para la compra de vivienda hasta diciembre

El Círculo de Empresarios pide como medida fiscal de choque y de manera excepcional, solo hasta el 31 de diciembre de 2020, la aplicación del tipo superreducido de IVA (4%) en la compra de primera vivienda, libre y de protección.

El impacto del Covid-19 en la sociedad española no ha hecho más que ahondar la dificultad de los jóvenes y migrantes en conseguir una casa a precio asequible (tanto en compra como el arrendamiento), sobre todo el algunas zonas de España como las grandes ciudades y las zonas de costa.

El Círculo de Empresarios ha presentado esta mañana el informe "El acceso a la vivienda: un problema de oferta", en el cual ha estudiado la situación del sector inmobiliario y propuesto una serie de medidas, entre ellas la mencionada reducción del IVA, para aumentar la oferta y satisfacer la demanda.

Aumentar la oferta

Por el lado de la oferta, una de las principales demandas pasa por fomentar la construcción de un parque de vivienda en alquiler asequible o subvencionado con colaboración pública-privada en ciudades con demanda insatisfecha. Actualmente, entre el 21-23% del parque de viviendas se destina a alquiler (frente al 14% en 2008). Sin embargo, el objetivo sería alcanzar el 30%, en línea con la media europea, lo que implicaría dos millones de nuevas viviendas en alquiler. 

Para ello, desde el Círculo de Empresarios apuestan por ampliar la oferta de suelo para incrementar la construcción de vivienda. ¿Cómo? A través de un nuevo Plan Estatal de Vivienda que actualice el ‘Plan 20.000’ e incluya la movilización de suelo público y la construcción de obra nueva, aumentando la oferta y generando empleo. 

En el ámbito del alquiler, uno de los grandes problemas para aumentar la oferta es, según el informe, la inseguridad jurídica. De ahí que el Círculo de Empresarios solicite incrementarla para los arrendadores "a través de una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, en la que se recojan fórmulas de aseguramiento que reduzcan los costes para los arrendadores en caso de concurrencia de determinadas contingencias, principalmente el impago".

Estas incluirían, según el estudio, "mecanismos de desahucio con las garantías jurídicas efectivas, con la provisión de alternativas habitacionales en viviendas sociales para colectivos vulnerables, y la regulación de fianzas, depósitos y avales. Asimismo, en el ámbito de la seguridad jurídica, normas sobre plazos mínimos de duración y cláusulas de rescisión de los contratos". 

Por el lado de la demanda

Tanto el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, como el presidente del Grupo de Trabajo de Economía del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, han coincidido en calificar como "problema estructural histórico en España" el acceso de la vivienda para los jóvenes.

Además de medidas para aumentar la oferta, el informe incluye otras para dinamizar la demanda a corto plazo con el objetivo de salir de esta crisis. Además de la mencionada reducción a un IVA superreducido, el Círculo de Empresarios ha incorporado unas cuantas más.

Por ejemplo, la aprobación prioritaria de avales y líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda, en línea con iniciativas existentes en Francia (colaboración con entidades financieras para la concesión de préstamos a interés 0) y Reino Unido (programa ‘Help to Buy’ de avales del estado al comprador de vivienda). Esta medida que está contemplada en el decálogo que presentó la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), tal y como explicó su presidente, Juan Antonio Gómez-Pintado en una entrevista a Invertia.

Lo que no ayudaría a la demanda, según el Círculo de Empresarios, es la limitación de precios al alquiler. Este organismo se hace eco del informe del Banco de España sobre
la intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda, el cual indica que la existencia de controles sobre las rentas del alquiler, unido a contratos de mayor duración y con limitaciones en las cláusulas de rescisión, desincentivan la oferta, al incrementar el riesgo de los propietarios de la vivienda a mantener en el tiempo un activo con un rendimiento limitado.

Además, como las competencias en la materia son mayoritariamente autonómicas y locales, el impacto de medidas de este tipo puede distorsionar la unidad de mercado.