“Acuerdo agridulce”. Es el titular con el que los agricultores y los ganaderos definen el pacto europeo alcanzado la pasada madrugada. Satisfacción porque Europa da una respuesta a la crisis de forma unida y malestar al confirmarse la reducción de las ayudas al campo. Según recoge el acuerdo, los recortes en la Política Agrícola Común (PAC), tanto en el primer como en el segundo pilar, rondarán el 10% para el periodo 2021-2027.
El presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años recortará un 10% los fondos agrícolas en comparación marco financiero comunitario previo, para quedarse con un presupuesto de 343.950 millones de euros, al tiempo que refuerza un 2,7% la dotación de los fondos de cohesión, hasta los 377.000 millones.
La respuesta del sector es alta y clara: la clave será el reparto de los fondos. En el caso de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la organización ve que la situación podría solventarse con "un reparto nacional más justo". La respuesta de Europa se contrapone con el malestar del campo al confirmarse los recortes en las ayudas agrarias, apunta el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos.
En este sentido, el grupo ha abogado por diseñar ahora un reparto más justo y más social de los fondos que lleguen de Europa. “La pelota estará ahora en el tejado de los estados miembros, que deberán definir un Plan Estratégico que articule un esquema de ayudas que siente las bases de futuro para la agricultura y la ganadería”, ha señalado Ramos.
En esta línea ha coincidido Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía rechazando de forma rotunda el recorte. "Una cosa es lo que predica la UE y otra la realidad. Nos hace falta una PAC fuerte con presupuesto para abordar los retos que nos pide Bruselas", afirma en declaraciones a Invertia Jaime Martínez-Conradi, director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
Esta queja coincide con el inicio este martes del calendario de protestas que el sector dejó aparcado para ayudar en la lucha contra la crisis sanitaria. En el Puerto de Algeciras (Cádiz) y bajo el lema '#CompetenciaDeslealNO', todas las organizaciones agrarias han reclamado el control real y efectivo de las importaciones, el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en vigor y de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad.
Con sus anteriores manifestaciones como pretexto, el sector agrario pretende dar una llamada de atención que mueva a la reflexión a la ciudadanía y a la actuación de las autoridades andaluzas, españolas y comunitarias. Con ello, se ha acordado seguir trabajando de forma unánime y mantener las acciones reivindicativas de cara al futuro.
Andalucía teme salir perjudicada del reparto
Desde el Gobierno andaluz se han sumado a las lamentaciones. “Es una mala noticia. Muy mala para el sector”, afirmaba este martes el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quien añadía que a esta mala noticia se suma la incertidumbre del reparto.
“Nos preocupa el criterio del Gobierno central a la hora del reparto de las ayudas entre las comunidades autónomas”, ha incidido Marín temiendo que otras regiones puedan salir más beneficiadas que Andalucía de la cuantía de las ayudas ante el tipo de productos que producen.
El criterio de reparto se desvelará esta jueves con la primera jornada monográfica de la PAC entre los consejeros del ramo de las comunidades autónomas y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, según han confirmado fuentes del Gobierno a Invertia. A juicio de la Junta, “la pérdida de recursos en un momento como este supondría es un atropello”.
Un 10% menos en el presupuesto
Los líderes acordaron este pasado martes un Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros, aunque tanto la política agrícola comunitaria como los fondos regionales se benefician de dotaciones extraordinarias con cargo al fondo de reconstrucción también pactado en la cumbre de estos últimos días.
Así, a falta de conocer las cifras concretas que le corresponden a España, el presupuesto total para la PAC se queda en 343.950 millones de euros para los próximos siete años, lo que supone un 10% menos que la estimación que se hace para el periodo 2014-2020, de 382.855 millones de euros (comparación con precios de 2018).
El tajo a las ayudas directas para apoyar la renta de agricultores y ganaderos (el pilar I) es del 9,6%, tras pasar de los 286.143 millones del periodo anterior a los 258.600 millones que recoge el proyecto presupuestario definitivo.
Con respecto a los fondos para desarrollo rural (el pilar II), el marco presupuestario recoge un montante básico de 77.850 millones de euros, a los que hay que sumar otros 7.500 millones procedentes del plan de recuperación y una dotación extraordinaria para España de otros 500 millones. El total -85.850 millones- representa una reducción del 11,2% con respecto al presupuesto comunitario de los últimos años (96.712 millones).