La Comisión Europea ha lanzado este jueves el procedimiento para reformar la directiva europea sobre impuestos energéticos y también ha dado el pistoletazo de salida en la trayectoria hacia un posible gravamen a la entrada de carbón en el bloque, dos medidas con las que busca acelerar la transición climática de la UE.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha lanzado dos consultas públicas: una para revisar la directiva de impuestos energéticos y otra para preguntar sobre el futuro diseño de un "mecanismo de ajuste del carbón en frontera". Ambas estarán abiertas hasta el mes de octubre.

"Europa debe usar los impuestos para cumplir sus objetivos climáticos de una forma socialmente justa. Queremos escuchar de los europeos y todas las partes interesadas cómo deberían ser estas dos formas. Tenemos que garantizar que nuestras normas impositivas nos pueden ayudar a recuperarnos de la crisis del coronavirus y a acelerar la transición verde", ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

Las propuestas

Ambas iniciativas fueron identificadas en la estrategia para el Pacto Verde Europeo. El gravamen a la entrada de carbón en el bloque está contemplado además en la lista de posibles nuevos impuestos europeos identificados por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su reciente cumbre sobre le presupuesto y el fondo de reconstrucción.

En concreto, la revisión de la directiva sobre impuestos energéticos busca reformular la forma en el que son gravados en la UE productos energéticos como la electricidad, el gas natural o el carbón, con el objetivo de "reflejar mejor las ambiciones climáticas" europeas, según ha explicado Bruselas en un comunicado.

Así, contempla medidas como una posible revisión los tipos mínimos para combustibles y de las exenciones fiscales actuales, persiguiendo con ello una reducción de los subsidios que se conceden a los combustibles fósiles y a algunos sectores económicos.

En paralelo, la Comisión Europea estudiará la creación de un "mecanismo de ajuste de carbón en frontera" que sea compatible con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y anule los incentivos que tienen algunas empresas para localizar su producción fuera de la UE en jurisdicciones con legislaciones climáticas "menos exigentes".