María Jesús Montero durante la entrevista con EFE.

María Jesús Montero durante la entrevista con EFE.

Economía

Montero desvela una subida del techo de gasto inédita por los fondos europeos

El Gobierno espera recabar apoyos para el presupuesto antes de mandar las cuentas a Bruselas el 15 de octubre.

6 agosto, 2020 09:22

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desvelado en una entrevista con EFE una subida del techo de gasto inédita por los fondos europeos. El Gobierno presentará en el mes de septiembre dicho aumento del techo de gasto para 2021 sin comparación con el de otros ejercicios, puesto que estará "alterado" por la incorporación de fondos europeos.

En este sentido, la ministra ha advertido que "no ha habido ninguna serie histórica que nos permita comparar la inyección de recursos por una cantidad muy importante, que puede estar por encima de los 20.000 millones de euros, procedente de esos fondos europeos".

Por esta razón, Montero ha emplazado a analizar con una mirada distinta" el proyecto de presupuesto de 2021, que se pondrá en marcha con la llegada de septiembre y la aprobación de una nueva pauta de estabilidad y un techo de gasto adaptado a la nueva situación económica derivada de la pandemia de la Covid-19.

Será a finales de septiembre cuando se presente el proyecto en el Congreso o "a pincipios de octubre" para que su negociación esté ya avanzada y cuente con apoyos parlamentarios "bastante acordados" con los grupos políticos cuando se mande el plan presupuestario a Bruselas, antes del 15 de octubre.

El Gobierno pretende que las cuentas de 2021 incorporen la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación, que en total asciende a 59.000 millones en tres años del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. Esto alterará el techo de gasto para iniciar lo antes posible la implementación de los proyectos.

Montero es optimista con "incorporar en el primer año, que es donde necesitamos el estímulo económico, la cantidad de recursos más importante que podamos movilizar", siempre que sean gestionables por las administraciones.

La ministra afirma que estos proyectos se incluirán en el plan de inversión y reformas que se enviará a Bruselas en el mes de octubre, tras reunir en septiembre a la Comisión de Política Fiscal y Financiera y a la conferencia sectorial. Los proyectos serán "compartidos" con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Octubre, mes fundamental

De esta manera, octubre se antoja como un mes "fundamental", en el que se enviará a Bruselas tanto el plan presupuestario para 2021 como un plan nacional de reformas con todos los proyectos que se financiarán con los recursos europeos.

El Gobierno definirá el objetivo de los préstamos del plan, que se destinarán a iniciativas que no se puedan financiar con transferencias, y contará con el sector privado para lograr una reconversión económica.

Para incorporar los 140.000 millones del plan europeo, María Jesús Montero considera imprescindible contar con "unas cuentas actualizadas" que permitan "despegar al país", por lo que emplaza "a todas las fuerzas políticas, pero sobre todo al Partido Popular" a que apoyen los presupuestos.

Igualmente, el Gobierno actualizará sus previsiones macroeconómicas con los últimos datos disponibles con la finalidad de lograr una estimación "razonable" que se actualizá a lo largo del año si hay cambios "definitivos" en los indicadores para tener "una foto lo más ajustada posible a la realidad". Así, y a falta de conocer la evolución de la recaudación en el segundo semestre, la ministra prevé que el déficit público cierre este año "algo por encima" del 10,38 % del PIB que se comunicó a Bruselas en abril.

La evolución futura del déficit dependerá, entre otras cuestiones, de si finalmente los fondos europeos se entregan de forma previa o una vez alcanzados determinados hitos, lo que exigiría que España se endeudara a través de emisiones del Tesoro para después "cancelar" el préstamo cuando se reciban los recursos.

Montero está "abierta" a la posibilidad de establecer objetivos de déficit diferenciados para las comunidades autónomas mediante consenso para evitar que se interprete que el Gobierno "penaliza" a las regiones más saneadas, que tendrían metas más estrictas tras haber realizado un "esfuerzo muy importante" para equilibrar sus cuentas.