Dos mensajes de calma en un mismo día a las pretensiones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en su énfasis por impulsar en los mismos Presupuestos Generales del Estado la intervención del mercado del alquiler de viviendas.

La primera, el máximo responsable político en este ámbito. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que la regulación de los precios de los alquileres --que pactaron con Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición-- debe incluirse en la ley de vivienda en la que ya están trabajando, y no en los Presupuestos, como piden desde la formación morada.

Además, ha pedido esperar hasta que el mercado de la vivienda recupere cierta normalidad, puesto que se está viendo alterado por la pandemia. "Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda". 

De la misma manera, el ministro ha asegurado que "el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda" durante rueda de prensa telemática que ha ofrecido en Ferraz, tras la Comisión Ejecutiva Federal, al ser preguntado al respecto.

De este modo, Álbalos ha descartado prácticamente la posibilidad de aprobar ya esta regulación, argumentando, en primer lugar, que la situación actual de pandemia está haciendo que el mercado no se esté comportando de forma normal. "Por lo tanto, sería importante tener una análisis más adecuado del comportamiento del mercado para ver exactamente esta situación cómo se plantea", ha explicado.

El respaldo de Lucas

La segunda ha llegado esta tarde de otra voz más que autorizada. El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha justificado posponer la regulación de precios de los alquileres por la situación "distorsionante" de crisis económica, y ha llamado a "conocer cuál es la realidad antes de tomar decisiones". Una realidad que ya se dejó clara durante la presentación en julio del sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler.

El secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, comparece en comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 19 de octubre de 2020. Europa Press/E. Parra. Pool

"Vamos a conocer la realidad antes de tomar una decisión", ha incidido en su comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la Cámara Baja, a la que ha acudido para informar de las medidas adoptadas frente a la crisis y también para explicar las líneas estratégicas en materia de vivienda y agenda urbana.

En todo caso, Lucas ha asegurado que el PSOE, formación a la que Lucas pertenece dentro del Gobierno de coalición, tiene un acuerdo firmado con Unidas Podemos que recoge esta regulación y que "siempre va a ser respetuoso con los acuerdos".

Asimismo, ha señalado que ya se ha impulsado un índice de precios y un estudio sobre el estado de la vivienda en alquiler y que la Ley de derecho a la vivienda se encuentra en período de consultas previas hasta noviembre y que en esa ley se debatirá el control de los precios.

"Vamos a hablarlo, vamos a debatirlo", ha dicho Lucas, que ha reconocido una "hipertensión en diferentes zonas de los precios" que, ha explicado, "ha expulsado a mucha gente del mercado y les ha abocado a no tener vivienda".

"Analicemos cuál es la situación, veamos cuál es la realidad, qué ha pasado con el Covid, cómo está el mercado y, a partir de ahí, sobre la base de ese diálogo, ese debate, podamos tomar decisiones si son necesarias", ha manifestado.

Plan 20.000

Por otro lado, Lucas se ha referido en su intervención al llamado 'Plan 20.000' para aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible "sin perjuicio de su continuidad con mayor ambición", y ha señalado que en la actualidad existen 21.448 viviendas ya identificadas.

Concretamente, hay 3.262 viviendas en marcha promovidas con la financiación del actual Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, otras 7.139 viviendas remitidas por varias administraciones que se promoverán mediante convenios específicos y otras 11.047 viviendas en suelo propiedad de Sepes o en fase de tramitación.