La pandemia ha generado un clima de entendimiento en el diálogo social inédito en décadas. Sindicatos y empresarios, con la mediación del Gobierno, han alcanzado varios acuerdos, convenientemente promocionados por la maquinaria de propaganda de Moncloa que los ha contabilizado en seis, a pesar de que al menos tres de ellos fueron el mismo: el nacimiento y las sucesivas renovaciones de los ERTE... y que el primero fue más una imposición con sordina que un consenso.

Y es que la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 950 euros, nada más llegar Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo no sentó nada bien en las patronales. Así que mucho menos querrían afrontar otra ahora: en plena recesión, cumpliéndose los primeros periodos de carencia en los despidos posteriores a los primeros ERTE del confinamiento, y con la economía en una atonía incapaz de despertar.

Díaz ha presionado, de la mano de UGT y CCOO, incluso con saltarse el diálogo social. Y todo para que el Consejo de Ministros "no congele el SMI en 2021". Mientras, CEOE, Cepyme y ATA han llamado la atención al equipo económico de Nadia Calviño para que el Ejecutivo "no pierda la perspectiva".

Según ha podido saber este periódico en fuentes gubernamentales, la vicepresidenta tercera se ha impuesto. A pesar de que Trabajo argumenta que la Covid es coyuntural -y más ahora que ha comenzado la vacunación-, la prudencia regirá la decisión y Pedro Sánchez tiene decidido que éste sea su primer diciembre en Moncloa en el que no utiliza el último Consejo del año para subir el SMI.

Desde que pasó su primera Navidad como presidente del Gobierno, Sánchez ha recrecido el Salario mínimo más de un 29,5%, desde los 736 euros al mes en que se lo encontró a los 900 de su primer ejercicio, y hasta los actuales 950 en 14 pagas.

"Tenemos un compromiso inequívoco con el cumplimiento de la Carta Social Europea", explican fuentes de la Vicepresidencia económica de Calviño, "pero ahora todo debe estar enfocado en crear empleo para la recuperación, y éste no parece el momento de apretar a los empresarios, que son los que dan trabajo".

Lo que indica la Carta Social Europea es que el SMI debe alcanzar, al menos, el 60% del salario medio en cada uno de sus países firmantes. En España, éste está situado en 24.009,12 euros brutos al año, lo que se traduce en 14 pagas de 1.714,94 euros mensuales. Ese 60% se traduciría, pues, en un Salario Mínimo Interprofesional de 1.028,96 euros por paga.

Controversia Calviño-Díaz

"Si es que ya estamos muy cerca de cumplir", recuerdan en Economía. Y de ahí su falta de prisas en un momento de zozobra económica como éste. El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos (en su punto 1.4) indica "una senda", señalan estas mismas fuentes: que se "alcanzará progresivamente" el compromiso con la Carta Social Europea.

Una redacción que se interpreta en el lado socialista como "a final de legislatura", mientras que en el lado morado del Ejecutivo se hace hincapié en el adverbio "progresivamente". Es decir, que no se puede parar "la senda de crecimiento".

De hecho, en las filas de Unidas Podemos redondea el objetivo, y se da por seguro que el salario medio en España estará en los 2.000 euros por paga cuando acabe la legislatura. Así que la aspiración explícita, según las fuentes del entorno morado del Ejecutivo, es la de llegar a los 1.200 euros de SMI en 2023, "motivo por el que no se puede parar ahora". Un objetivo compartido con los sindicatos.

Entretanto, y a pesar de que la subida del SMI es una decisión privativa del Gobierno y que, tradicionalmente, se ha aprobado por decreto en el último Consejo de Ministros del año, Calviño apela al diálogo social. "Sin acuerdo de sindicatos y empresarios, no debe tomarse esta decisión", apunta la vicepresidenta tercera.

El entorno de Iglesias, enfrentado personalmente con ella, señala que el argumento es tramposo, porque Calviño sabe de antemano que las patronales se niegan. Y que no es necesario el acuerdo para una decisión que sólo depende del Ejecutivo.

A lo que el equipo de la vicepresidenta recuerda que, a principios de 2020 -antes del virus-, Yolanda Díaz se estrenó en el cargo forzando la última subida del SMI (de 900 a 950 euros) "y para ello, se hizo la foto con sindicatos y empresarios, invocando el diálogo social". 

Los sindicatos lo saben

La batalla, en todo caso, la dan por perdida en las filas de Pablo Iglesias. El vicepresidente ya ha sido comunicado que olvide este asunto, al menos por ahora. Tal como ha podido confirmar este periodico, hace tres semanas, en su última cita mano a mano, Sánchez y su vicepresidente acordaron la agenda política hasta final de año. Y en ella sólo constaba abordar el asunto del salario mínimo.

Ya se ha hecho: Trabajo reclamó un 1,8% de subida; Economía recomendó congelarlo, al menos por ahora; el presidente sopesó un alza del 0,9% en consonancia con la de las pensiones y los funcionarios -el IPC previsto para 2021-... y finalmente se ha inclinado por la prudencia.

Los sindicatos también lo saben, de ahí las declaraciones de Pepe Álvarez en su entrevista de este domingo en Invertia. "Puede ser el 1 de enero o el 1 de julio", admitía el líder de UGT. "Nosotros vamos a trabajar para que la subida sea posible y no vamos a renunciar a ella, se apruebe en diciembre o durante el próximo año".