Ultimátum de los fondos a Podemos: se irán de España si tienen que destinar el 30% de las viviendas a alquiler social

Los grandes fondos y propietarios de vivienda en alquiler no han tardado en reaccionar a la última propuesta de Unidas Podemos en esta materia. El partido morado quiere que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social. Estos han calificado esta medida de “intervencionismo chavista”.

De acuerdo con fuentes cercanas a algunos de estos grandes propietarios consultadas por Invertia, esta sería “letal”. De hecho, llegan a asegurar que supondría “la venta total de todo el parque en alquiler en España inmediatamente”, tanto por parte de grandes tenedores como de propietarios particulares (dueños de la mayor parte de las viviendas arrendadas). En el caso de los fondos, pasarían a invertir únicamente en inmuebles para su venta y se olvidarían del arrendamiento.

El sector asiste muy preocupado a los mensajes que lanza el sector morado del Gobierno de España sobre el mercado de la vivienda. El anteproyecto de la Ley Estatal de Vivienda llegará este mes al consejo de ministros y Unidas Podemos presiona de todas las maneras posibles para incorporar sus peticiones al texto.

Altos representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han mantenido reuniones con los dueños de viviendas y profesionales del sector para intentar tranquilizarles y asegurar que “se protegerá a los propietarios”.

Sin embargo, ante el mensaje de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) considera que esta medida supondría un nuevo atentado contra el Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española. Algunos fondos también señalan que va en contra del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que recoge el derecho a la propiedad.

Construir, no expropiar

Si bien Unidas Podemos apuesta por la “intervención del mercado”, los profesionales y propietarios optan por la colaboración público-privada para aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible. “La Administración no puede cargar sobre el sector privado la responsabilidad del Estado de dotar de vivienda pública a los colectivos vulnerables”, destaca Asval.

Una medida así, lamenta la asociación presidida por Joan Clos, supone en la práctica “una expropiación y lanza un mensaje contrario a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar el alquiler en nuestro país”.

Desde hace meses, empresarios, consultoras y diferentes expertos advierten de la necesidad de contar con seguridad jurídica para mantener y atraer la inversión a España. “Es una pena, pero esto es lo que quiere Podemos: intervenir el mercado, está en su ADN”, lamenta una fuente cercana a un gran fondo.

Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030. ADP

Javier Basagoiti, presidente de Asocimi, reconoce a Invertia que “cualquier modificación de las reglas de juego que no tenga por objetivo mejorar la competitividad de nuestras socimis frente a la de otros países europeos se interpretaría negativamente por los inversores, ya que genera inseguridad jurídica e institucional”.

“El carácter estratégico y de largo plazo de la inversión en el segmento del residencial en alquiler exige un marco normativo estable, seguro y que genere confianza, y propuestas como estas ponen en peligro esa estabilidad necesaria”, ahonda Javier Basagoiti.

Colaboración público-privada

Todas las fuentes consultadas por Invertia insisten en que el verdadero problema de España es la casi nula existencia de un parque público de vivienda en alquiler. Durante décadas, los diferentes gobiernos se afanaron en dar ayudas fiscales para la compra y construir pisos protegidos, pero para su venta.

En este punto, el presidente de Asocimi indica que “el déficit de vivienda en alquiler importante en los tramos de rentas de 200-400 euros, lo que se denomina alquiler asequible, solo se puede cubrir mediante la colaboración del sector privado y público en el primer caso, y con el uso de los recursos presupuestarios del Estado en el segundo”.

“Resolver esta carencia con la vivienda libre propiedad de los gestores patrimoniales privados sería un jarro de agua fría en las espaldas de un sector que está en pleno proceso de crecimiento para alcanzar los niveles de otros países europeos y que requiere para su desarrollo de muchos recursos económicos, de inversores nacionales y extranjeros”, ilustra Javier Basagoiti.

Grúas y edificios en construcción en una imagen de archivo.

La propuesta de Unidas Podemos, según Asval, sería “un varapalo sin precedentes a las vías de colaboración público-privadas en las que quiere trabajar el Gobierno en materia de desarrollo del mercado de vivienda en alquiler en España”. Por ejemplo, el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

Poca colaboración

La construcción de ese parque público choca con dos muros. En primer lugar, declaran estas fuentes, “tienes que trabajar con el sector promotor y esto choca frontalmente con el ADN de Unidas Podemos; no quiere trabajar con nadie que vaya a ganar dinero”.

A pesar de ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está dando los primeros pasos para construir en suelo público a través de la colaboración público-privada dentro del Plan 20.000. Por ejemplo, en Sevilla y Valencia. Este número está lejos de las 140.000-150.000 viviendas en las que aumentaría el parque público "en pocos meses", según la propuesta de Unidas Podemos.

El otro muro contra el que choca el impulso de un parque público es el tiempo. “Tardas cuatro-cinco años en entregar las llaves de una promoción de viviendas y quieren hacer algo de cara a la galería”, aseguran fuentes del mercado a Invertia.

Este mensaje llega en un momento en el que los precios del alquiler han bajado, sobre todo en las grandes ciudades, por el efecto de la pandemia. El Ministerio ha repetido en varias ocasiones que quiere esperar a analizar el impacto de la Covid-19 en el mercado de los arrendamientos antes de regular. Pero son conscientes de que forma parte del acuerdo programático que llevó al PSOE a Moncloa y Unidas Podemos no está dispuesta a retrasar más sus pretensiones.