El positivo impacto que han tenido los avales otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha tenido también un efecto perverso sobre la estructura financiera de las empresas. El incremento de la deuda provocado por estos préstamos, junto a la reducción de los ingresos durante la pandemia, requiere ahora de un plan de recapitalización para afrontar los cambios que el modelo productivo requerirá en los próximos años.

Los expertos de Analistas Financieros Internacionales (Afi), han elaborado un análisis en el que advierten que el objetivo no es solo evitar la temida ola de insolvencias, sino reforzar esa estructura financiera en las pequeñas empresas, que quedaron fuera de la partida que la SEPI ya destina a las grandes compañías. Al fin y al cabo, las pymes constituyen más del 90% de los casi 3,3 millones del censo empresarial español, tal y como recuerdan los expertos.

El problema es que, tras un largo periodo de reducción del endeudamiento en el que las empresas lograron incremento de su capitalización (peso de los recursos propios sobre balance) de casi 10 puntos porcentuales, la mayor deuda generada durante la pandemia “puede suponer un retroceso de casi la mitad de esa mejora en capitalización”, advierten los expertos.

Público y privado

Bajo este escenario, y más allá de medidas como una posible condonación parcial de deuda, la receta de Afi para las empresas en problemas pasa por mecanismos de recapitalización que mezclen lo público y lo privado.

Junto a la conversión de parte de la deuda avalada por el ICO en préstamos participativos, medida que ya está analizando el Gobierno, los expertos proponen el fomento de la inversión de fondos de capital riesgo en empresas que necesiten más ayuda en este sentido, a través, por ejemplo, de la gestión de recursos públicos por parte de estos operadores privados. Eso sí, con mandatos de inversión concretos. 

Según datos de Ascri, la patronal del sector, un total de 586 empresas españolas recibieron financiación del capital privado en 2019, últimos datos disponibles. Y aunque es cierto que un 90% de ellas fueron pymes, la cifra parece insuficiente para el amplio tejido que representa en España este tipo de compañías.

Por eso, la puesta en marcha de nuevos incentivos fiscales para este tipo de inversores resulta clave, a juicio de los expertos, también para fomentar la entrada de institucionales en este tipo de vehículos que persigan la capitalización de las compañías afectadas. Sobre todo porque diversos estudios apuntan a que, en épocas de crisis, la inversión en capital riesgo es de lo más rentable. Y eso, para los grandes inversores, no tiene precio en un entorno de tipos negativos.

En concreto, y según un reciente análisis de Willis Towers Watson, las cosechas de los fondos de capital privado que comenzaron durante las dos últimas crisis económicas mundiales (burbuja de las puntocom en 2001-02 y crisis financiera global en 2007-08) han superado a otras que comenzaron a invertir dos o tres años antes de una recesión o, incluso, más de cinco años después.

Una de las puertas de acceso de la sede del ICO (Instituto del Crédito Oficial), en el Paseo del Prado de Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press

Un empujón al mercado

Esta idea de un mayor impulso al inversor institucional y al capital riesgo para recapitalizar las pymes no sería factible, sin embargo, sin una mejora en el acceso a los mercados de capitales para estas compañías, a través de infraestructuras como BME Growth, el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Un segmento que en los últimos años ha sido muy criticado por los elevados costes y papeleos en su acceso, además de la escasa liquidez de muchas de sus empresas. Por no hablar de escándalos financieros como Gowex, Carbures o Zinkia. Procesos que desde BME han mejorado sin duda en los últimos años.

Para los expertos de Afi, la creación de incentivos fiscales a la inversión, o la subvención directa para asumir los costes de los ‘debut’ de estas empresas serían positivos para dar entrada a nuevos inversores en las pymes. Del mismo modo, apuntan a la propia suscripción pública de parte de las ampliaciones de capital que se llevasen a cabo, de forma similar a lo que ya hace el ICO con las compras de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). 

Si el Gobierno es capaz de ‘atacar’ estos puntos, se crearía un escenario favorable para atraer hacia las pymes a más inversores profesionales. Un colectivo que muchas veces encuentra limitaciones tan básicas, pero de mucho impacto, como la práctica inexistencia de analistas para este tipo de compañías de menor tamaño.

En el lado del apoyo público a la mejora de la estructura financiera empresarial, desde Afi apuntan también a un refuerzo de los recursos y las capacidades de actuación de organismos como Sepides, CDTI, Cofides o Enisa, que ya invierten desde hace años en pymes y conocen, y muy bien, al sector. “Sería preciso flexibilizar la tipología de instrumentos de inversión que estas instituciones otorgan, permitiendo redirigir esfuerzos desde instrumentos de deuda hacia un enfoque más orientado a instrumentos de capital/cuasi capital”, explican.