La reforma de la Ley Concursal es una de las patas que sustentará los planes del Gobierno para que las empresas identificadas como viables puedan sobrevivir pese a estar ahogadas, ahora, por la crisis. La idea es dotar de mayor agilidad a los concursos para que los mismos no terminen en liquidación, algo que, a juicio de los expertos, pueden ‘torpedear’ las repetidas moratorias.

Así lo considera Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), que recuerda cómo en el inicio de la crisis “sí era necesaria una moratoria concursal, porque nos enfrentábamos a un impacto completamente desconocido pero, ahora, la extensión hasta el 14 de marzo -aprobada el pasado noviembre- puede ser una trampa mortal para muchas empresas”.

A su juicio, el principal problema de los concursos de acreedores en España, donde un 95% de ellos acaba en liquidación, se debe precisamente a que muchos empresarios en dificultades prolongan hasta el último momento la presentación del procedimiento. “Consumen todos sus recursos y eso dificulta la búsqueda de una solución", porque los procesos son, además, larguísimos, con una duración media de 54 meses.

Camino con obstáculos

Esto es lo que, según indica Comendador, estaría pasando ahora con las nuevas moratorias. “Cuando llegue el próximo mes de marzo muchas empresas que se podrían haber salvado van a llegar exhaustas”, advierte.

Es la pescadilla que se muerde la cola. Una de las razones por las que los empresarios no acuden antes a un concurso de acreedores es, precisamente, la duración de los mismos, que rondan los 50 meses en España. “Esto disuade a cualquiera, porque te pone muchas trabas para volver a ser viable. No puedes acceder a contrataciones públicas, el acceso al crédito es muy difícil, etc.”, explican desde ASPAC.

Y bajo este paraguas en el que las empresas habrán esperado hasta el último momento sin tomar medidas a tiempo, alertan de que España asistirá en marzo “a una explosión de empresas en liquidación”.

Será, al final, la consecuencia del temido impacto de las denominadas ‘empresas zombis’. En su mayoría pymes que sobreviven de forma artificial, pues el dinero que ingresan no les llega ni para devolver su deuda ni para pagar los intereses de sus préstamos. Y eso no puede mantenerse eternamente.

Muchas de estas compañías fueron ‘rescatadas’ ya con medidas como los ERTE o los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y en este último punto es en el que, según indican fuentes financieras, se está centrando el análisis del Gobierno y de la banca para delimitar cuáles de ellas recibirán nuevas ayudas ahora.

Según explican las fuentes consultadas, la idea es empezar la ‘criba’ en pymes y autónomos que ya hayan recibido garantías para convertirlas en subvenciones directas, tal y como permite Bruselas.

Una vez identificadas, el objetivo es apoyar su reestructuración, no solo para reducir la deuda acumulada con las ayudas ya recibidas, sino para preparar esa nueva estructura financiera al nuevo modelo productivo que se avecina, basado en la digitalización y la sostenibilidad.

“El problema es que, hasta ahora, las ayudas se han dado de manera indiscriminada, sin un cribado efectivo entre las empresas que son viables y las que no lo son y, justo eso, la viabilidad, es algo que tenemos que tener grabado a fuego de cara a los próximos meses”, advierten desde ASPAC. “Una empresa que no es viable no puede seguir consumiendo recursos públicos”, insisten.

Objetivo: las empresas viables

Gobierno y banca parecen estar moviéndose en este sentido. De momento, parece claro que las ayudas directas solo serán para empresas viables, con reestructuraciones de deuda y otras medidas que se han planteado, como quitas directas o la conversión de la deuda en préstamos participativos.

El presidente de ASPAC considera positivas estas medidas, pero insistiendo en su mensaje de que no nos podemos permitir que vayan a fondo perdido. En este sentido, pide que los administradores concursales, por su experiencia en reestructuraciones, sean actores protagonistas a la hora de determinar si una empresa es o no viable. Es decir, si es merecedora o no de un nuevo empujón para salir adelante.

Los expertos recuerdan que, junto a las nuevas ayudas, el mayor dinamismo que se espera de la reforma de la Ley Concursal mejoraría también la tasa de supervivencia en los concursos de acreedores. Calculan que España podría acercarse así a los niveles medios que se registran en Europa, donde sobreviven un 50% de las empresas que presenta un concurso, frente a apenas el 5% que lo logra aquí. “Con más agilidad, habría más concursos, pero mejor solucionados y con menor destrucción de puestos de trabajo”, insisten desde ASPAC.