Las ayudas públicas desplegadas por el Gobierno español y otras instituciones han mantenido a muchas empresas a flote en esta crisis de la Covid-19. Sin embargo, no han sido suficientes para evitar que a estas alturas sufran un déficit de capital de 155.000 millones de euros. Una cifra que equivale a nada menos que el 15% de la brecha que se acumula en toda la Unión Europea (UE).

Con estas cifras, las empresas españolas se confirman como unas de las más castigadas de todo el continente por esta pandemia. Además, este impacto se habría concentrado especialmente en las pymes responsables de un 98% del tejido productivo español, según adelantan unas estimaciones realizadas por la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME) y la consultora PwC.

Los cálculos de ambas instituciones establecen que esos 155.000 millones de euros son la cifra necesaria para recapitalizar la empresa española y garantizar que “puedan mantenerse a flote después de la Covid-19”. Y es que las ayudas estatales que tanto en España como en otros países se han ido liberando han supuesto más una patada hacia adelante que una verdadera inyección de capitales.

En este sentido, se entiende que la quiebra de empresas españolas se haya reducido en un 30% en los compases más duros de la pandemia del coronavirus. Una de las mejores cifras de la región, solo por detrás de Francia incluso a pesar de que están entre las más penalizadas de toda la UE.

Para el conjunto del club comunitario, los autores del estudio calculan un ‘agujero’ de capital de 1 billón de euros. Incluso una vez descontados los efectos de las medidas de apoyo directo al capital de las instituciones públicas -capítulo en que se enmarcarían los ‘rescates’ de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en España-, así como del sector privado, todavía persistiría un déficit de capital de entre 450.000 y 600.000 millones de euros durante los dos próximos años.

Bancarización

La situación para la economía española, que amenaza con dificultar su ya de por sí compleja remontada por cuestiones como el peso del sector turístico, es preocupante no solo por la cifra, sino por la especial bancarización de su mercado de capitales. Desde AFME y PwC advierten de que “casi la totalidad” del capital captado en el país a través de ampliaciones de capital de renta variable ha sido cosa de las grandes empresas, cuando las que tienen el agua al cuello son las de tamaño más modesto.

Esta advertencia da continuidad a la que la asociación europea ya realizaba en octubre, cuando señalaba que las empresas españolas seguían recurriendo muy residualmente a los mercados -y menos al bursátil- en busca de solución a sus problemas de solvencia y liquidez. Y es que el problema llega hasta la bolsa, pues los autores del estudio subrayan que un 65% de las cotizadas españolas realmente tienen la consideración de pymes.

Alternativas

Con este incómodo aliciente, España corre el peligro de situarse en el epicentro de “un aumento muy perjudicial del apalancamiento y la flexibilidad operativa del sector empresarial”, señalan los responsables del estudio. Y es que, si la crisis persiste y las campañas de vacunación no resultan en la tan esperada vuelta a la normalidad, la magnitud del riesgo se dispara hasta la posibilidad de que un 10% de las empresas agoten su liquidez en seis meses.

El recurso a un endeudamiento mayor en estos casos serviría para esquivar la quiebra, pero no haría otra cosa que engordar el problema de capitalización subyacente. En su lugar, AFME apuesta por la colaboración público-privada en iniciativas de inyección directa de capitales, una mayor integración comunitaria fiscal y jurídica, más promoción para los mecanismos nacionales ya habilitados y relanzar la vía de los instrumentos híbridos, poco usados en Europa frente a otras regiones como Norteamérica.

El estudio señala que, “al contrario de como sucede en EEUU”, en Europa se da una gran dependencia de los préstamos bancarios y del mercado de deuda tradicional. Sus autores proponen el establecimiento de “un nuevo instrumento híbrido a nivel de toda la UE diseñado específicamente para el sector empresarial”.

Dentro de esta propuesta, la asociación que aglutina a participantes de los mercados mayoristas europeos apunta a la posibilidad de establecer este nuevo instrumento financiero híbrido compartido que “cumpla con las ayudas estatales, genere escala y liquidez y pueda desarrollarse para cumplir con los objetivos de inversión social para atraer el máximo interés de los inversores”.

Más que avales

A falta de esta u otras medidas que rescaten a las empresas europeas de la crisis provocada por la pandemia, lo cierto es que el ‘agujero’ al que se enfrentan es de dimensiones más que considerables en un momento en el que la cautela inversora reina en los mercados de capitales. En el caso español, la comparativa con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) arroja luz.

El Ministerio de Asuntos Económicos anunció la semana pasada que las empresas y autónomos españoles habían recibido 114.647 millones de euros en estos avales. Una cifra insólita hasta la fecha en el organismo de financiación pública que, sin embargo, se queda a un 26% de las necesidades de financiación que estiman AFME y PwC.

La cuestión de la supervivencia más allá del estado zombi en el que han caído algunas empresas es vital por el impacto de vuelta que podría tener el colapso en cadena de las sociedades sustentadas hasta ahora con avales públicos.

En este sentido, un reciente estudio de Álvarez & Marsal auguraba en octubre que hasta 2.160 millones de euros corrían el riesgo de convertirse en pérdidas irrecuperables para las arcas públicas si no hay recuperación a la vuelta de la esquina o, en su defecto, mecanismos de contención y recapitalización suficientemente eficaces.