La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha dado este jueves su visto bueno a las tres normativas que componen la nueva Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará a partir de enero de 2023 con la que el bloque quiere aumentar la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático y al Pacto Verde.

En concreto, reglamento de planes estratégicos ha salido adelante con 38 votos a favor, ocho en contra y 2 abstenciones, el reglamento de Organización Común de Mercados ha sido aprobado con 40 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones y el reglamento 'horizontal' sobre financiación, gestión y supervisión contado con el apoyo de 39 eurodiputados, mientras que siete han votado en contra y dos se han abstenido.

La reforma de la PAC debe ahora superar una votación en sesión plenaria, previsto para noviembre, y también ser aprobado por el Consejo de la UE, la institución compuesta por los Estados miembros.

Los eurodiputados y los gobiernos de la UE alcanzaron un acuerdo para reformar las normativas de la PAC a finales de junio tras tres años de negociaciones y este retraso obligó a prorrogar las normas actuales, que hubieran terminado en 2020 y al final estarán vigentes hasta finales de 2022.

La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 380.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 y a España le corresponden unos 37.000 millones en pagos directos para los agricultores y ganaderos y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los siete años.

Así, a partir de 2023 se introducirá un nuevo modelo de gestión que estará basado en los planes estratégicos nacionales que elaborarán los gobiernos del bloque en función de una serie de objetivos e indicadores comunes. Estos planes tendrán que ser examinados y aprobados después por la Comisión Europea.

La otra gran novedad de la PAC que se aplicará a partir de 2023 será la introducción de los nuevos regímenes ecológocos o ecoesquemas, un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer obligatoriamente a sus productores, aunque estos podrán decidir si se acogen a ellos o no.

Estas nuevas ayudas buscan compensar a aquellos agricultores y ganaderos que adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente que sean más ambiciosas de los requisitos obligatorios y su dotación mínima fue precisamente el gran obstáculo de las negociaciones. El pacto final recoge que se tendrá que dedicar un 25% de las ayudas directas a estos nuevos regímenes ecológicos.

Distribución de las ayudas

Sin embargo, existen una serie de cláusulas de flexibilidad para que este dinero no se pierda en caso de que sea imposible llegar a dicho umbral. Así, se establecerá un periodo de aprendizaje de dos años el que se podrá destinar solo un 20% a los ecoesquemas, entre otras cuestiones.

Además de los regímenes ecológicos voluntarios, otro aspecto que dividió hasta el último momento a los eurodiputados y las capitales fue el mecanismo para hacer que las ayudas de la PAC estén mejor repartidas. El acuerdo provisional estipula finalmente en este punto que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones.

Para ello, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario o también podrán optar por reducir progresivamente los pagos a partir de los 60.000 euros por explotación y limitarlo a 100.000 euros. Bruselas había planteado que esta segunda opción fuera obligatoria, pero la idea contó con la oposición de los gobiernos europeos.