El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo -con el beneplácito del presidente del Gobierno- y los sindicatos para subir 15 euros este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha dejado muy tocado al diálogo social en un momento delicado por las negociaciones de los ERTE, la 'contrarreforma' laboral y la segunda parte de la reforma de las pensiones que debe aprobar el Congreso antes de final de año.

El descuelgue de CEOE y Cepyme de este pacto y las dudas expresadas públicamente por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre el anuncio mostraron este jueves hasta qué punto el diálogo social ha llegado a un punto de inflexión del que va a ser difícil salir.

A tres meses y medio para que acabe el año en el que el Gobierno tiene que sacar adelante esos tres acuerdos, solo parece posible el pacto en la negociación de los ERTE y tampoco va a ser fácil.

Las distancias entre los empresarios y los sindicatos -alineados con Trabajo- sobre la reforma laboral son insalvables en este momento, mientras que la segunda parte de reforma de las pensiones tampoco convence a la patronal.

Sin propuesta laboral

CEOE y Cepyme se seguirán sentados en la mesa de negociación para cumplir con su obligación en el diálogo social. Pero la patronal se sigue negando a presentar una propuesta sobre las bases del documento que Yolanda Díaz presentó el pasado verano como punto de partida para la 'contrarreforma laboral'.

El motivo es que rechazan frontalmente ese texto de Trabajo que en su momento los empresarios calificaron en público de "ideológico" y "marxista".

Mientras, en materia de pensiones, la asociación de autónomos ATA (integrada en CEOE) se niega a apoyar la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de obligar a los autónomos a cotizar por sus ingresos reales, al considerar que va a suponer un 'hachazo' para buena parte de este colectivo.

Apoyo en el Congreso

Conseguir sumar a los empresarios a estos dos acuerdos es fundamental para el Gobierno por dos motivos. El primero, por la confianza que genera en Bruselas ver que en España hay consenso ante las reformas que hay que acometer para cumplir con los hitos que marca el plan para acceder a las ayudas de Next Generation EU.

El segundo, más importante, porque en un Parlamento tan polarizado presentar estas reformas con el respaldo de la patronal y los sindicatos es necesario para obtener los apoyos necesarios para que salgan adelante. Es difícil que formaciones como el PNV respalden una propuesta unilateral del Gobierno en materia laboral o de pensiones que no esté acompañada de un acuerdo con el mundo de la empresa.

Sin embargo, con la salida del acuerdo para el SMI, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha querido mandar un aviso al Gobierno, que en este caso es el que tiene la última palabra para subir el salario mínimo previa consulta con los agentes sociales. 

Además, lo ha hecho con coherencia, puesto que, como se recuerda en la sede de Diego de León, hasta hace nueve meses el Ejecutivo también era partidario de esperar y no aprobar esta subida que, según denuncian, supone un problema para muchas pequeñas empresas y autónomos en un momento aún muy delicado para la economía.

Lo más difícil

Tras un año y medio demostrando su capacidad para llegar a acuerdos desde puntos muy distantes, en la CEOE se reconoce que -con la excepción de los ERTE- los pactos que quedan por cerrar de aquí a final de año son los más peliagudos y es muy posible que no se pueda alcanzar un acuerdo de aquí a diciembre.

La patronal seguirá sentada en todas las mesas del diálogo social, aunque teniendo muy presente que es probable que Garamendi no vuelva a hacerse una fotografía firmando un acuerdo con Yolanda Díaz y los líderes sindicales, Unai Sordo, y Pepe Álvarez, hasta que acabe la legislatura porque lo que se juegan las empresas con la 'contrarreforma' laboral es mucho.

Este jueves patronal, sindicatos y Trabajo tenían marcada la agenda como el día para comenzar a negociar la prórroga de los ERTE. Sin embargo, horas antes de esta reunión los sindicatos se apresuraron a anunciar un acuerdo para subir el SMI que no cumple con sus aspiraciones, pero que muestra la vocación del Gobierno de no alterar su compromiso de que el SMI alcance el 60% del salario medio de aquí a que acabe la legislatura.

La noticia fue una sorpresa para Nadia Calviño, que decidió intervenir en el asunto, pero no para la CEOE, que también afronta las conversaciones para prorrogar los ERTE, que caducan el próximo 30 de septiembre con discrepancias con el Gobierno, aunque en este caso, con posibilidades de salvarlas por el interés común de todas las partes de ofrecer una protección a esos trabajadores.

Qué hacer con los ERTE

Según los datos que avanzó el Ministerio de Seguridad Social este jueves, los ERTE han vuelto a marcar un nuevo mínimo, con 253.000 personas bajo esta figura, de las que 79.000 son trabajadores que están suspendidos a tiempo parcial.

Aunque las cifras muestran que se va superando la crisis económica de la pandemia, muchos de los trabajadores que siguen afectados por un ERTE no volverán a su empleo anterior porque la Covid-19 ha colocado en apuros a las empresas. En este contexto, conseguir mecanismos para ayudar a esos negocios a cerrar y acabar con la prohibición de despedir es una reclamación de los empresarios que Trabajo, de momento, rechaza.

Con este punto de partida, el acuerdo de la prórroga de los ERTE tampoco será fácil para los agentes sociales y centrará los esfuerzos de los equipos negociadores en las próximas dos semanas.

Sin embargo, el reloj corre en contra de los compromisos del Gobierno. Esta semana han vuelto las reuniones semanales de los miércoles para abordar la reforma laboral, según fuentes del diálogo social.

Una vorágine a la que se suma la mesa del diálogo de las pensiones y que no va a ayudar a relajar los ánimos entre la patronal y el Gobierno en un momento en el que el acuerdo es vital para recibir el siguiente tramo de los fondos europeos tras los anticipos de este verano.