La extensión del calendario supone un balón de oxígeno para el diálogo social. En especial, para la CEOE, que en el último mes ha cambiado su estrategia en la mesa de negociación con la aportación de una propuesta concreta sobre cómo considera que debe abordarse una reforma que los empresarios no querían tocar. En este momento, la postura del Gobierno y los sindicatos sigue muy alejada de la de los empresarios.

Hace tan solo unos días, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que nuestro país tendría que aprobar la reforma laboral antes del próximo 31 de diciembre y enmarcó esta fecha límite dentro de los compromisos adquiridos por España con Bruselas a cambio de acceder a los fondos de NGEU.

El final de este año también ha sido señalado por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, como el momento en el que se debería tener cerrada la reforma para cumplir con lo prometido en el Plan de Recuperación y Resiliencia.

'Flexiseguridad'

Sin embargo, fuentes comunitarias aseguran que la fecha del 31 de diciembre "es indicativa" y no imperativa. De hecho, España no tendrá que presentarse al examen de la reforma laboral de la Comisión Europea hasta que solicite el siguiente desembolso de los fondos europeos en el mes que establezca el Gobierno dentro del primer semestre de 2022.

Y añaden que para el grupo de trabajo que está siguiendo la evolución del cumplimiento de los hitos que condicionan el acceso a los fondos europeos lo importante es que el Ejecutivo presente una reforma laboral de "calidad".

Esto significa que la futura normativa incorpore las directrices de la 'flexiseguridad' (equilibrio entre flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores) que ya introdujo la reforma de 2012. Si, a cambio de esto, la reforma laboral se retrasa unas semanas, la Comisión Europea no pondrá impedimentos. 

"El 31 de diciembre no es una fecha límite, sino un horizonte indicativo que se puede ampliar", afirman esas fuentes. "Es más importante la calidad de la reforma y el consenso con los agentes sociales que cumplir con ese calendario", concluyen.

En Bruselas reconocen que el acuerdo en la mesa del diálogo social no es una exigencia firmada en el Plan de Recuperación. Sin embargo, dejan claro que sería muy bueno un consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos para que España pase con más holgura el examen de las reformas.

En otros países, como Italia, ese consenso se ha llevado desde el Parlamento. El motivo es que para los técnicos de la Comisión Europea es importante tener un gran pacto que garantice que las reformas que se van a acometer en los países no se van a revertir una vez recibidos los desembolsos de NGEU.

Tanto es así que cada vez que se realice una nueva transferencia de dinero a España -y al resto de países- el grupo de trabajo encargado de evaluar el cumplimiento del Plan de Recuperación revisará cómo están funcionando las reformas que fueron aprobadas a cambio de desembolsos anteriores.

Precedente de las pensiones

En este contexto, la falta de acuerdo con la CEOE en la reforma de las pensiones no ayuda a pasar el examen al que tendrá que someterse ese acuerdo parlamentario en los próximos meses, si bien, tampoco va a ser motivo por sí mismo de suspenso.

Lo que comprobará la Comisión Europea es que el sistema de pensiones cumpla con los requisitos necesarios para ser "sostenible" con el conjunto de medidas aprobadas y sobre las que Bruselas no se quiere pronunciar hasta que no haga el examen que tiene pendiente.

No obstante, se advierte que serán "muy estrictos con la sostenibilidad fiscal" y se califica la subida de las cotizaciones sociales como un "impuesto al trabajo" decidida por el Gobierno español dentro de su competencia legítima de establecer medidas para equilibrar el sistema.

Ejecución de los fondos

Para que Bruselas y los socios europeos desbloqueen el próximo tramo de NGEU España tiene que conseguir aprobar los objetivos que se marcó en el Plan de Recuperación y Resiliencia tanto para la reforma laboral como para la de las pensiones. Estos son los dos hitos más polémicos en clave interna de los objetivos que estableció el Gobierno en ese documento que, de momento, está cumpliendo en tiempo y forma.

Las citadas fuentes consideran que nuestro país va por el buen camino de ejecutar las inversiones millonarias que va a recibir en los próximos años. De hecho, el pasado 3 de diciembre, la Comisión Europea desbloqueó el segundo tramo de los fondos europeos por valor de 10.000 millones de euros en una decisión que ahora tendrá que ser ratificada por los gobiernos europeos en el plazo de un mes. Lo hizo tras comprobar que se habían cumplido con los 52 hitos prometidos a cambio de esta transferencia.

El Gobierno español puede realizar dos peticiones de desembolso al año de los 70.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido que ha solicitado de NGEU. Pero a cambio debe cumplir con una serie de hitos comprometidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Además de esa cuantía, el Ejecutivo tiene hasta 2026 para solicitar otros 70.000 millones de euros en forma préstamos a cambio de otras reformas.

En Bruselas se considera que el plan presentado por España es "muy exhaustivo y ambicioso" y recuerdan que las reformas comprometidas han sido dictadas por el Gobierno español y no por la Comisión Europea, a la que muchas veces se acusa de las reformas impopulares que hay que acometer.

En ese sentido, NGEU es clave para que los países con más deuda y más déficit -como España e Italia- consigan equilibrar sus cuentas para evitar un problema de deuda futuro en la eurozona que recuerde a los peores momentos de la crisis de 2010.