El Gobierno quiere pisar el acelerador de los fondos europeos para poder cumplir con su promesa de que la ejecución de estas ayudas va a tomar "velocidad de crucero" este año. El Ministerio de Industria y el Ministerio de Transición Ecológica ultiman los detalles de las primeras convocatorias del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado y del PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA) con el objetivo de lanzarlas en febrero, según fuentes conocedoras del proceso.

PERTE son las iniciales de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Su objetivo, por tanto, son proyectos de largo alcance con los se pretenden movilizar miles de millones de euros de inversión privada e impulsar así una modernización de la economía española que implique también a las pymes.

Entre estos dos PERTE el Ejecutivo espera movilizar 23.823 millones de euros de dinero público y privado (de los que 6.533 millones procederán de los fondos Next Generation EU y el resto del sector privado). Según las estimaciones de los ministerios de Industria y Transición Ecológica, estos proyectos podrían crear en España 420.000 empleos. De ellos, 140.000 puestos de trabajo serían del sector del automóvil y 280.000 de las energías limpias.

La movilización de estas inversiones no tiene precedente y ello explica la impaciencia con la que el sector empresarial espera desde hace meses la apertura de estas convocatorias.

El pasado 24 de diciembre, el BOE publicó las bases reguladoras para repartir 3.558 millones de euros en proyectos impulsados desde el Ministerio para la Transición Ecológica dentro del PERTE ERHA.

Días más tarde, el 28 de diciembre, el BOE publicó la orden de bases por la que se regirá la concesión de otros 2.975 millones de euros en forma de ayudas para la industria del vehículo eléctrico y conectado.

En este segundo caso, ese dinero al que aspira el sector automovilístico se repartirá en forma de préstamos (1.425 millones de euros) y subvenciones (1.550 millones). Y el Gobierno espera movilizar otros 11.900 millones de euros de empresas e inversores de aquí a 2023 dentro de este proyecto.

Pero a esa suma del PERTE que depende del Ministerio de Industria, se añadirán otras partidas de inversión pública para acompañarlo por más de 1.300 millones que permitirían movilizar otros 7.800 millones, siempre según las estimaciones oficiales.

Con esto, España podría hacer realidad la construcción de su primera fábrica de baterías, entre otros muchos proyectos que saldrán a concesión en el periodo 2021-2023 y tendrán como plazo máximo de ejecución el 30 de septiembre de 2025.

Renovables e hidrógeno

Mientras, en el sector de la energía, el Gobierno espera sumar a los 3.558 millones que aportará para ERHA otros 5.390 millones de euros de inversión privada. Ese dinero se articulará en "25 medidas transformadoras". Pero, además, habrá otras 17 medidas de acompañamiento con financiación extra de Next Generation por otros 3.362 millones de euros.

Así, el dinero público y privado movilizado para estos sectores alcanzará los 16.900 millones de euros, según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica que incluyen el PERTE y el resto de inversiones para acompañarlo.

Las ayudas estarán disponibles entre 2022 y 2023 y los proyectos se desarrollarán hasta 2026. 

El dinero en junio

Una vez publicadas esas bases reguladoras, el Gobierno se dispone a anunciar las primeras convocatorias de aquí a mediados de febrero, según confirman a este periódico fuentes implicadas en el desarrollo de NGEU. 

Serán convocatorias cerradas tanto para proyectos determinados como para territorios concretos. Y aunque el Ejecutivo tendrá que dar plazos lo suficientemente amplios como para permitir a las empresas que quieran aspirar a esos fondos acceder a las ayudas, lo cierto es que esos tiempos estarán delimitados por las prisas del Gobierno de ejecutar los fondos en el primer semestre de este año.

La lentitud en esa ejecución en el año 2021, en el que España comenzó a recibir las primeras transferencias de dinero europeo, ha despertado inquietud entre las empresas que deben apoyar las inversiones.

Así, el objetivo es que los primeros fondos europeos destinados para los PERTE estén en manos de las empresas en junio, según las citadas fuentes.

Las convocatorias compartirán criterios de selección comunes con los que se tendrá en cuenta la imprescindible participación de pymes, el impacto sobre la cohesión territorial, la creación de empleo y la innovación que aporten los proyectos. El cómo estén diseñadas y los plazos que se den para concurrir a ellas será vital para disipar cualquier posible sospecha sobre la relación entre el Gobierno y las empresas que se lleven los proyectos en este reparto de fondos que Bruselas vigilará de cerca.

Llamamiento de Sánchez

El interés del presidente del Gobierno en movilizar inversión nacional e internacional con la que acompañar sus proyectos del Plan de Recuperación pactados con Bruselas se pudo ver con claridad la pasada semana, durante la celebración del Spain Investors Day (SID).

Pedro Sánchez aprovechó ese foro para dirigirse a 200 inversores internacionales que estaban conectados a la cita semipresencial de 13 países distintos. Ante ellos, se comprometió a movilizar 17.000 millones de euros de aquí a junio y les invitó a "sumarse a este viaje" con el que España se ha embarcado en "un proceso histórico de transformación".

Además de estos dos PERTE, que son los más avanzados, el Ejecutivo ha aprobado ya en Consejo de Ministros el PERTE de Salud de Vanguardia, con el que quiere movilizar 1.469 millones de euros. Sobre este, todavía no se han publicado las bases reguladoras.

También ha anunciado otros PERTE en otros sectores. En concreto, uno para la Economía social de los cuidados y otro llamado En español: nueva economía de la lengua. Además, tiene en estudio el PERTE Aeroespacial y el PERTE de la Cadena agroalimentaria inteligente y sostenible. Y, por último, Teresa Ribera anunció la pasada semana uno más para el sector del agua con el que pretende digitalizar la gestión de los recursos hídricos de España.