Pasó lo que en España parece ser inevitable. La trifulca política ha llegado a los fondos europeos a cuenta de una partida aprobada por el Ministerio de Yolanda Díaz que ha despertado la sospecha en el principal partido de la oposición por la -al menos aparente- arbitrariedad y favoritismo en la concesión de fondos a algunos gobiernos autonómicos a los que el Ejecutivo central tendría interés en mimar. Esto se habría evitado con un experto independiente -recuerden cuando Italia fichó a Vittorio Colao- ejerciendo como árbitro del Plan de Recuperación de España, pero Moncloa optó por centralizar el poder con su modelo de 'cogobernanza'. Y ahora vienen los problemas.
Lo que Isabel Díaz-Ayuso y el resto de barones del PP han puesto en cuestión es una partida de 9 millones de euros. Pero el problema de la gestión de los fondos europeos va mucho más allá. No solo el PP está disconforme con la marcha del reparto, también lo están las empresas que representa la CEOE y que Nadia Calviño quiere que movilicen hasta 500.000 millones de euros con Next Generation EU (NGEU).
Pese a la gran batería de datos que está facilitando el Ejecutivo para argumentar que España va a coger en 2022 una velocidad de crucero en el reparto de los fondos de la UE, falta una cifra clave para saber si el Plan de Recuperación está siendo un éxito o un fracaso. Se trata del dato de ejecución de los fondos que el IGAE dejó de publicar en agosto.
Este dato es crucial para saber cuánto dinero de los 11.200 millones de euros que el Gobierno ha asignado a las comunidades autónomas ha llegado a la economía real. Ninguna de las vistosas diapositivas que el Gobierno ha distribuido sobre la evolución del Plan de Recuperación lo muestra.
Este periódico calculó en su Termómetro autonómico Next Gen que se han movilizado uno 1.500 millones de euros. Pero el último dato oficial de ejecución real de los fondos es de agosto de 2021 y son 104 millones de euros. Por cierto, que se desconoce a qué proyectos fueron.
La pasada semana, en la reunión del diálogo social sobre el desarrollo del plan de los fondos, los empresarios que representa Antonio Garamendi pidieron sin éxito una actualización de ese dato.
Esta falta de transparencia solo genera confusión sobre las promesas del Ejecutivo de cara a los próximos seis meses en los que se espera, que por fin, los fondos europeos lleguen a las empresas. Y contrasta con la claridad con la que otros gobiernos, como el de António Costa en Portugal, publican estos datos.
Con las cifras disponibles hasta agosto, la CEOE ha preparado un informe que ha gustado poco al Gobierno. En él, compara cifras de cómo se está desarrollando el Plan de Recuperación en España, Francia, Portugal e Italia. Y la foto no es buena para nuestro país, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez presume de ser el más avanzado en el desarrollo del Plan de Recuperación.
Esta 'doble realidad' se debe a que España ha sido, como defiende el Gobierno, el país más ágil en Bruselas para presentar su Plan. También fue hábil a la hora de fijar los hitos (algunos de ellos, ya los tenía cumplidos) y eso le ha permitido ser el primero en empezar a recibir las transferencias.
Sin embargo, una vez recibido el dinero, España suspende. Primero porque las transferencias hechas a las autonomías han sido lentas. Segundo porque el Plan de Recuperación está definido por el Gobierno y es demasiado uniforme, lo que complica su aplicación en las 17 realidades que conviven en España. Y tercero porque las convocatorias están demasiado atomizadas, lo que complica la concurrencia a ellas. Es decir, en lugar de plantear una convocatoria de apoyo a la industria en Castilla y León, se acota demasiado el destino de la partida, lo que añade burocracia y resta agilidad.
El Gobierno ha sido ágil en Bruselas, pero una vez recibido el dinero de los fondos, España suspende
Es interesante leer el informe de la oficina para los fondos de la CEOE que tiene al frente a Luis Socias. Este documento utiliza los datos de agosto de ejecución y los compara con la información hasta esa fecha de otros países en los que está presente la patronal europea Business Europe. Con esto, muestra que Francia había desembolsado hace ya medio año más de 29.900 millones de euros de los fondos solicitados en su Plan.
Una de las claves de ese ágil reparto ha sido la decisión de hacer llegar ese dinero a las empresas por la vía de una reducción de los impuestos sobre la producción. Además, el Ejecutivo de Emmanuel Macron decidió encargar al conocido economista Bernoit Coeure (conocido miembro del comité ejecutivo del BCE) como árbitro del reparto.
Pronto saldrán las primeras convocatorias de los PERTE y se espera que por fin, Next Generation EU llegue a la economía a través de las empresas. Sería bueno mejorar la transparencia del reparto, y desatascar el famoso Real Decreto 36/2020 para sacar la gestión de los fondos de lo que en esta columna equiparé en octubre con el camarote de los hermanos Marx.
Y una cosa más. Sería bueno adaptar esas convocatorias a la realidad de las pymes y las micropymes. Si siguen saliendo con plazos 10 días para presentarse, será mucho más difícil que el dinero llegue a ellas.
ATENTOS A...
Mañana, martes, acudirá a la Audiencia Nacional, Ignacio S. Galán, para responder a las preguntas sobre el 'caso Villarejo'.
Ómicron no ha sido motivo suficiente para que el juez accediera a que preste declaración por videoconferencia y el presidente de Iberdrola tendrá que someterse a las fotos del llamado 'paseíllo' de la Audiencia. No es la mejor foto para mostrar a los inversores, pese a que S&P señaló a la compañía en diciembre de 2021 como la mejor eléctrica del mundo por gobernanza. Un pequeño balón de oxígeno para la actual cúpula.