La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sra. Saiz ha anunciado su voluntad de abordar con los agentes sociales la reforma del sistema de Incapacidad Temporal (IT), las bajas laborales, para dotarle de mayor flexibilidad y permitir a las personas en esa situación reincorporarse a su puesto de trabajo en algunos supuestos y, siempre, desde la voluntariedad, la garantía de la salud y la seguridad.
La iniciativa es sin duda bienintencionada y, además, de las razones expuestas por la responsable de ese departamento, responde a un problema de fondo, que es el relevante: el brutal incremento de las bajas laborales en España.
En las sociedades desarrolladas, incluida la española, la salud es una de las variables de mayor importancia para la ciudadanía. En consecuencia, cualquier debate acerca de este asunto se presta con suma facilidad a deslizarse por los senderos de la demagogia cuando se ponen en entredicho las políticas y programas concretos referentes a él.
En el caso de la IT, si, por ejemplo, un empresario tiene la tentación de cuestionar la eficiencia y la transparencia del sistema vigente de bajas laborales, será acusado de inmediato de un despiadado explotador dispuesto a beneficiarse a costa de la salud y la vida de sus empleados. Dicho esto, cuál es el panorama patrio en materia de bajas laborales.
En la Vieja Piel de Toro, el número de personas acogidas a IT es el más alto de la Unión Europea, junto a Francia y Portugal. En el año 2023, un 4,1 por 100 del total de los trabajadores se ausentó de su puesto laboral por motivos de salud, frente al 2,5 por 100 en la media de la UE.
"Si un empresario tiene la tentación de cuestionar la eficiencia y la transparencia del sistema vigente de bajas laborales, será acusado de inmediato de un despiadado explotador"
En la última década, el porcentaje de gente en esa situación se ha doblado. Sin duda, la pandemia y sus secuelas han influido en esa carrera alcista, pero la tendencia previa ya iba en esa dirección y, por otra parte, el resto de los países europeos también sufrieron ese shock y sus datos de IT no tienen parangón con los registrados en este país.
Por añadidura, España se encuentra entre los países de la OCDE con un menor número de enfermos por cada 1.000 habitantes. De manera intuitiva y, por supuesto, sin deseo alguno de realizar un falso testimonio, esto se compagina mal con una tasa tan elevada de individuos en régimen de IT.
Esto supone una inusitada y sorprendente concentración de enfermos en el mercado de trabajo español respecto a la registrada en otros estados de la UE cuyos indicadores de salud son peores que los españoles (Society at a Glance 2024, OECD, June 2024).
Y ese estado de cosas no es gratuito. En 2023, el coste de las bajas laborales superó los 17.000 millones de euros, un 1,4 por 100 del PIB; en los ocho primeros meses de 2024 se ha incrementado un 17,6 por 100 respecto al mismo período del año anterior alcanzando los 10.442 millones de euros y ha forzado a la Seguridad Social a revisar en 3.200 millones sus previsiones de gasto por ese concepto.
"En 2023, el coste de las bajas laborales superó los 17.000 millones de euros, un 1,4 por 100 del PIB"
En los casos de enfermedad común o un accidente no laboral, el empresario paga entro los 4 y 15 días de baja. A partir del 16, esta responsabilidad se traspasa a la Seguridad Social o a la Mutua. Pero ahí no termina la historia.
La factura de la IT para las empresas y para las arcas públicas, es decir para los contribuyentes, es pues elevada pero las bajas laborales también inciden de manera negativa sobre la actividad productiva. En 2023 se perdieron 386 millones de horas de trabajo por ese concepto, un 62 por 100 más que antes de la pandemia y se produjeron 450 bajas laborales por cada 1.000 trabajadores. En España hay más de 1 millón de individuos en situación de IT.
La duración máxima de la IT es de 365 días prorrogables por otros 180. A partir de ahí, la relación laboral se extingue y el trabajador, de seguir enfermo, podría pasar al régimen de incapacidad permanente. Sin duda alguna, muchas personas están en baja laboral por razones de veras involuntarias. Ahora bien, un porcentaje sustancial o, para ser precisos, no desdeñable de aquellas, misteriosamente pide el alta cuando se acerca el final del período de IT.
A priori, la propuesta de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones resulta innecesaria. Aquí y ahora, solicitar el alta médica es el derecho, como paciente, de cualquier ciudadano. El facultativo sólo puede negarla si supone un peligro para terceros o para la salud pública.
"Un porcentaje no desdeñable misteriosamente pide el alta cuando se acerca el final del período de IT"
Igual funciona el alta laboral. El trabajador acogido a IT tiene la capacidad de pedir el alta, según los casos, a la mutua o a la Seguridad Social y reincorporarse a la actividad laboral. En ambos casos, su tratamiento médico continuaría si lo necesita.
Dicho esto, quizá flexibilizar las bajas laborales tenga sentido en dos supuestos. Cuando una persona está incapacitada para realizar una actividad, por ejemplo física, pero no otras o cuando no puede o no quiere trabajar a tiempo completo.
En la actualidad, eso no es posible. Ahora bien, esta medida es improbable que tenga un impacto significativo en la reducción del número de españoles que están de baja laboral. Quizá, nadie ha de escandalizarse, pero lo harán, debería controlarse de manera más estricta y rigurosa la “involuntariedad” real de quienes están acogidos a IT.