Esta orden se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), exigió a los consistorios que establecieran una serie de mapas de riesgo, presentaran unas declaraciones de ausencia de conflicto de interés, fijaran unos códigos éticos y crearan buzones de denuncias.

Además, para un mejor control de los movimientos del dinero se pidió fijar mecanismos de cribado de datos para que salten alertas en caso de modificaciones en los contratos o prórrogas irregulares, así como para el control de las firmas de los responsables. Y, también, se abordó la necesidad de formar a los gestores municipales y de regular las políticas de obsequios o las relativas a la confidencialidad.

Todas ellas son exigencias adecuadas y razonables para una Administración del siglo XXI. Pero al trasladarse la orden a los 8.131 ayuntamientos que hay en España comenzaron los problemas por la complejidad que tiene para los más pequeños adoptar esa normativa y hacerlo con la urgencia que requiere Next Generation EU. De hecho, el Gobierno central estableció un plazo de 90 días para presentar ese 'plan antifraude'.

Cohesión territorial

El atasco no solo afecta a los Ayuntamientos de la España vacía, donde muchos alcaldes trabajan sin cobrar y son representantes municipales sin conocimientos en la gestión. La normativa también topó con otros consistorios de localidades de mayor tamaño que han demostrado no estar preparadas para la gestión de los fondos europeos bien por falta de medios o bien por falta de cualificación de quienes ocupan las alcaldías y concejalías, según reconocen fuentes conocedoras de estos trámites.

El problema es mayúsculo para el reparto de los fondos europeos. Hay que tener en cuenta que la cohesión territorial es uno de los cuatro pilares de actuación del Plan de Recuperación.

En España, hay 4.997 municipios con menos de 1.000 habitantes y el 60,2% de la población vive en municipios con menos de 100.000 habitantes, según datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021. Si se desglosan aún más las cifras se ve cómo cerca de la mitad de los españoles (un 47%) vive en municipios de menos de 50.000 habitantes. Estas localidades más pequeñas son las que suelen tener ayuntamientos menos profesionalizados. 

La situación ha obligado al Ministerio de Hacienda a idear una solución para que estos ayuntamientos puedan avanzar en compliance -vocablo que hace referencia a los procedimientos y las buenas prácticas que asumen las grandes empresas para clarificar riesgos y que se ha colado en estos meses en el mundo municipal-. 

En concreto, ha simplificado los trámites ofreciendo a los consistorios modelos estandarizados para que sean firmados. Es decir, la orden que desarrollaba el decreto 36/2020 -que sigue bloqueado en el Congreso- para reforzar los controles de estas ayudas se ha quedado en una suerte de declaración responsable de buenas prácticas por parte de los municipios.

No obstante, ayudar a esos alcaldes era crucial para desbloquear las ayudas que se pueden destinar a las corporaciones locales. Entre ellas, hay iniciativas para la digitalización, el comercio o para la movilidad en una Europa que está avanzando hacia la descarbonización.

Esta última es una asignatura pendiente en la que ya trabajan las grandes ciudades, pero no todos los municipios. De hecho, el Gobierno lanzó una convocatoria en 2021 destinada a ayuntamientos para implantar zonas de bajas emisiones y transporte urbano y recibió peticiones de 1.500 millones de euros por parte de distintos pueblos. Entre ellos, según la información pública, se inscribieron incluso municipios de más de 20.000 habitantes, así como otros de menor tamaño que se asociaron para concurrir a la convocatoria.