Algunas de esas propuestas estarán dirigidas a que paguen más las empresas familiares, que hasta ahora cuentan con una batería de exenciones y bonificaciones que los expertos han puesto en el punto de mira en un contexto en el que el Gobierno necesita recaudar más, según cuentan a este periódico fuentes conocedoras de la propuesta. Este cambio obligaría a tributar más al 1% de la población más rica en España, aunque en función de cómo se reformule, también podría afectar a otros propietarios de empresas.

Las participaciones en la empresa familiar están exentas de tributar en el Impuesto de Patrimonio, mientras que las transmisiones están sujetas a reducciones en Sucesiones y Donaciones bajo determinados supuestos.

Estas bonificaciones son utilizadas por los grandes patrimonios a la hora de elaborar su planificación fiscal y en opinión de los expertos, son contrarias al principio de capacidad redistributiva del sistema.

No es un tema solo autonómico. En este momento, a nivel estatal, los negocios familiares (empresariales o profesionales) y las participaciones en entidades que tengan la calificación de empresas familiares están exentos de pagar por el impuesto sobre el Patrimonio en algunos supuestos.

Esto afecta a grandes y pequeñas empresas familiares y tras la idea de aplicarles beneficios fiscales subyacía el objetivo de facilitar la transmisión intergeneracional de las empresas y con ello, fomentar su permanencia en el tiempo.

Para acceder a estos beneficios fiscales -que se van a revisar-, las empresas familiares tenían que cumplir una serie de requisitos que también se podrían endurecer si finalmente el comité de expertos mantiene esta idea en el documento que presentará en febrero y Hacienda decide aplicarlo.

Con esta propuesta, el Ejecutivo podría mandar a su electorado el mensaje de que "los ricos pagarán más" en un contexto en el que la subida de la inflación está golpeando el poder adquisitivo de los españoles a los que, además, se ha pedido responsabilidad con la contención salarial. Es un postulado que encaja también con el discurso de "justicia fiscal" de la coalición de Gobierno.

Batalla con Madrid

En términos generales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha ocultado su inención de endurecer el impuesto de Patrimonio que en Madrid está bonificado al 100%, lo que significa que en la práctica no existe. 

Los expertos tienen sobre la mesa una propuesta para armonizar este impuesto fijando un suelo de tributación. Sin embargo, los retoques que se hagan, tendrán un impacto limitado en términos de recaudación, ya que en este momento, los ingresos a cuenta de Patrimonio son de unos 1.100 millones de euros.

Sin embargo, a nivel político, el abrir este melón sí es importante, en especial en el contexto de batalla ideológica a cuenta del modelo tributario que existe entre La Moncloa y la Puerta del Sol.

Dentro de la armonización fiscal, también está en el foco el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en este caso, sí afecta a una inmensa mayoría de españoles a la hora de heredar o dejar herencia a sus descendientes. Estos cambios pueden ser más impopulares en términos electorales, algo que será tenido en cuenta a la hora de aprobar la reforma fiscal antes de que acabe esta legislatura.

Impuestos medioambientales

De hecho, en la propuesta del comité de expertos habrá elementos que se encontrarán con la oposición de la opinión pública, en especial, en materia medioambiental. 

Según fuentes conocedoras de los debates, se está estudiando imponer más impuestos al gasóleo, a la gasolina y a los medios de transporte más contaminantes. Así, los billetes de avión están en el punto de mira. 

También se propondrán cambios en el Impuesto de Sociedades y se avalarán medidas como la 'tasa Google' o la 'tasa Tobin'.

Sin embargo, esta reforma fiscal tendrá un alcance limitado en términos recaudatorios. Aunque las reglas fiscales volverán en 2023, todo apunta a que se aplicarán de manera progresiva y dejando margen para ir recuperando la senda del equilibrio fiscal que España no tenía antes de la pandemia. Con las elecciones en el horizonte, expertos consultados coinciden en que esta reforma fiscal será una reforma de transición para dar respuesta al escenario que ha traído la pandemia y se aparcará la verdadera reforma al menos, hasta la próxima legislatura.