La Ley de la Cadena Alimentaria ha vuelto a inspirar al Gobierno para frenar la presión social. En febrero de 2020, a las puertas de 'cerrar' España por la Covid-19, el Ejecutivo anunció una reforma de esta ley para calmar al campo. Y ahora repite jugada pero con los transportistas, a los que les promete una ley para no trabajar a pérdidas en pleno paro de una parte del sector. El problema es que esta ley está muy bien construida desde la teoría, pero hace aguas en la práctica. 

Esta Ley sigue incumpliéndose en la gran parte del sector agroalimentario, según las organizaciones agrarias consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia. Pero su existencia sí es útil: "la convierte en un instrumento para denunciar e inspeccionar".

"La Ley sigue sin cumplirse en gran parte del sector y de las operaciones que se hacen, pero no quita que sea muy positiva", afirman desde UPA. Consideran que esta legislación es "un hito histórico" que "marca el camino al resto de Europa" y "también para el resto de sectores".

Es preciso recalcar que la Ley de la Cadena Alimentaria se aprobó en 2012 con bastante consenso en el sector. Sin embargo, meses previos al estado de alarma decretado por la pandemia, el campo estalló y sacó sus tractores a la calle para pedir precios justos. 

¿Qué hizo el Gobierno? Anunciar una reforma de esta ley en la que se profundizaría en uno de los mayores problemas del sector: la venta a pérdidas, es decir, vender por debajo del precio del coste de producción un producto o un servicio.

Esto -y la Covid- devolvieron a los tractores al campo durante un año y medio. Después de ello, en octubre del verano pasado el campo volvió a estallar. En estos momentos la reforma ya estaba aprobada en el Congreso, pero no se cumple porque agricultores y ganaderos siguen vendiendo a pérdidas.

Los costes de producción (energía, fertilizantes, insumos agrarios…) se han disparado tanto que no obtienen rentabilidad por sus negocios. En concreto, los agricultores y ganaderos pagan un 40% más por los costes de producción que en marzo del año pasado. Los fertilizantes son el producto que más se ha encarecido en un año: ahora cuestan un 150% más. 

La energía se ha convertido en el segundo gran escollo para el bolsillo del agricultor, pues su precio ha aumentado un 96% en un año. Con un gran margen de diferencia, el alimento para el ganado ha sido el tercer gasto que más ha crecido para los agricultores.

En concreto, el alimento para los animales ha subido un 35% debido a la inflación y a la escasez de materias primas como el maíz, el trigo o el girasol tras la guerra en Ucrania. A ello se une que algunas zonas de España se encuentran en sequía y, como consecuencia, los pastos para los animales han disminuido considerablemente.

La conservación y reparación de edificios cuesta ahora un 10,7% más, el material y pequeño utillaje han subido un 8,3%, los productos fitopatológicos lo han hecho en un 7,2%, la conservación y reparación de maquinaria se ha encarecido un 2% y las semillas y plantones, en un 1,6%, según datos facilitados a este medio por los servicios técnicos de COAG.

El transporte

A pesar de ello, el sector del transporte la reclama de forma unánime aunque ahora esté dividido. El diciembre, cuando el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) amagó con un cierre patronal, arrancó el compromiso del Gobierno de analizar la viabilidad de aplicar en el sector del transporte de mercancías por carretera los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria en relación con sus costes de producción. 

Compromiso que también se confirmó el pasado jueves de madrugada con el acuerdo entre Gobierno y patronales del transporte. De hecho, la plataforma convocante del paro de transportistas que ya dura 16 días también reclama un real decreto que permita asegurar la rentabilidad de las empresas del transporte.

Quizás con la intención de calmar los ánimos, ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció bien alto y claro la aprobación inminente de "una ley para que los transportistas nunca más tengan que trabajar a pérdida, como aprobamos con la ley de cadena alimentaria". 

La clave: las sanciones

A pesar de las críticas en el campo sobre la ley de la Cadena Alimentaria, esta tiene una ventaja de cara al futuro: puede ser una ley disuasoria porque da pie a denunciar y, por tanto, a sancionar. 

El responsable de mercados agrarios de COAG, Andoni García, ha pedido que "se agilicen las denuncias y sanciones". La Ley "no se puede decir que se esté cumpliendo", pero "es un instrumento importante" para que la industria y la distribución "tengan presente que tienen que cumplirla". 

"Falta mucho para que se cumpla, la distribución e industria no están respondiendo como se debiera por los altos costes de producción", ha lamentado el encargado de mercados agrarios de COAG. Lo resume así: "hoy por hoy no se paga lo que cuesta la leche, por ejemplo, pero ayuda en nuestras exigencias".

Por ello, las organizaciones agrarias reclaman "más inspecciones". En 2021 se realizaron un total de 1.204 de oficio por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 121 de ellas relacionadas con la venta a pérdidas. 

De estas sanciones, la gran mayoría se corresponden con la industria, con 99, seguidas de 16 formuladas a los mayoritas. A los minoristas solo le corresponden tres sanciones y a los productores, una.