La gran pregunta ahora es si esas medidas que estarán en vigor hasta el 30 de junio serán efectivas en un contexto de precios tan desbocados. Y si en caso de que fuera necesario aprobar nuevas ayudas, España está en condiciones de hacerlo con un déficit público del 6,7% y una deuda pública del 118,4% en 2021.

Once economistas que representan a conocidas firmas y servicios de estudio o tienen reconocido prestigio responden a dos preguntas planteadas por este periódico.

1. El plan de choque del Gobierno, ¿va a ser efectivo para frenar la inflación?
2. ¿Qué otras alternativas puede manejar el Ejecutivo para bajar los precios teniendo en cuenta el margen presupuestario de España?

Sus respuestas muestran que las medidas anunciadas esta semana por el Ejecutivo son insuficientes para contener la espiral inflacionista. La actuación más efectiva, comentan varios, será la intervención del precio de la luz, pero tardará otro mes en materializarse y se desconoce aún su letra pequeña. La mayoría del panel -aunque sin consenso- espera que la inflación supere ya los dos dígitos en abril.

Los economistas advierten que somos más pobres y entre las recetas que plantean para hacer frente a la inflación destacan la petición de un pacto de rentas, la reducción del gasto público o una bajada de los impuestos. También ponen sobre la mesa evitar indexar las rentas al IPC, lo que afectaría a los pensionistas. A más largo plazo, electrificar la economía y reducir la dependencia energética del exterior es otra de las recetas.

Miguel Cardoso (economista jefe para España de BBVA Research)

1. El efecto a corto plazo va a ser moderado. La contribución del aumento de precios en los combustibles a la inflación es limitada y es posible que una parte del subsidio los encarezca (dado el incremento de la demanda). Lo importante para la reducción del coste energético vendrá del mecanismo de fijación de precios de la electricidad. Una vez esté, podremos ver un alivio en la inflación.
2. La mayor parte de la inflación proviene de restricciones de oferta que son difíciles de revertir a corto plazo. Los instrumentos que tiene el Gobierno afectan la demanda. El peligro es que las políticas incrementen el gasto y agraven el aumento en precios. Por eso, su uso debería limitarse a los hogares, empresas y sectores más afectados. Así, es positivo el incremento en el Ingreso Mínimo Vital, del Bono Social Eléctrico o las ayudas a empresas electrointensivas. Menos recomendables son medidas regresivas como subvencionar indiscriminadamente el combustible. También el "pacto de rentas" es un mecanismo efectivo, pero tiene que venir de un consenso.

Gregorio Izquierdo (director general del IEE)

1. El plan puede suponer un "parche" transitorio para contribuir a reducir solo de forma moderada y temporal los niveles de inflación. Estimamos que las ayudas podrían disminuir hasta un punto de IPC, pero solo durante sus tres meses de vigencia. Después, este efecto reductor desaparecería y todo dependerá de las tensiones en los precios que existan entonces. Este plan no ha sido selectivo, al contrario que en otros países. Se ha optado por incluir de forma indiscriminada a todos los consumidores, con el consiguiente drenaje de recursos para ayudar a las empresas y sectores especialmente afectados.

2. El control de la inflación es más certero si se aplica de forma preventiva que de manera reactiva. Tendríamos que haber optado, desde hace bastante tiempo, por reformas estructurales encaminadas a liberalizar la oferta y mejorar nuestra competitividad, así como a favorecer la consolidación presupuestaria con la mejora de la eficiencia del gasto público. Llegados a este punto, las medidas más idóneas serían rebajas de impuestos a las empresas y planes liberalizadores para suavizar los aumentos de costes que afectan a la producción. Una cuestión importante es evitar espirales de precios y salarios, que sin solucionar el problema, lo que hacen es amplificarlo y enquistarlo.

Daniel Lacalle (economista jefe de Tressis)

1. El mal llamado 'plan de choque' no actúa sobre las causas de la inflación, sino sobre cosas que son consecuencias. Además, es temporal y aumenta el gasto público con lo que una de las causas de la inflación, disparar el déficit y el gasto monetizado por el BCE, no se reduce. Es un plan de parches que junta unas medidas que ya existían y no han bajado la inflación, con otras que no hacen nada, como el control de alquileres que es irrelevante para el 80% de los contratos.
2. La mejor manera de recortar la inflación es reducir el gasto público ya que una de las causas ha sido disparar el gasto corriente sin rentabilidad económica real en medio de una expansión monetaria sin precedentes. Adicionalmente, debe bajar impuestos. La rebaja impositiva no es inflacionista, ya que no supone más unidades de dinero en el sistema, solo devolver parte de su dinero a los ciudadanos, y no se va a utilizar para disparar el crédito al consumo o la deuda privada.

Alicia Coronil (economista jefe de Singular Bank)

1. El plan puede paliar a corto plazo el fuerte repunte de los precios. Las presiones inflacionistas seguirán porque dependen de si se consolida la tendencia al alza el precio del petróleo y otras materias primas, de la respuesta que pueda dar Rusia en su suministro de gas natural y del escenario final de la invasión de Ucrania. Todo en un contexto en el que, además de la crisis energética, persisten los cuellos de botella en las cadenas de suministro y el encarecimiento del transporte de mercancías y de las materias primas generado a raíz de la pandemia.  
2. Sería oportuno una reducción de los impuestos. Reducir la carga fiscal empresarial porque en nuestro país predominan las micro y pequeñas empresas con menor capacidad de soportar las presiones inflacionistas. Esa medida debería ir acompañada de una bajada en el IRPF. En paralelo, es preciso presentar un plan de consolidación fiscal, poniendo el foco en la eficiencia. También necesitamos un pacto entre los principales partidos, los trabajadores y las empresas para diseñar medidas que permitan reducir las presiones inflacionistas, anclar las expectativas de inflación y mejorar la competitividad y productividad del tejido productivo. La economía española está perdiendo competitividad vía precio al situarse la inflación por encima de la Eurozona y Alemania, Francia e Italia.

Juan Ignacio Crespo (analista financiero)

1. No es un plan de choque, sino un plan de cuidados económicos paliativos. A corto plazo, las subvenciones en los combustibles o el límite al IPC de los alquileres se refleja en la inflación. Pero a largo plazo son medidas contraproducentes. Subvencionar es incentivar lo que se trata de frenar, que es la demanda. Y además, demanda de un producto importado, lo que resta en el PIB. Todo ello, aumentando la deuda pública.
2. Hay que reducir el gasto superfluo rápidamente y dedicar esos recursos para gastos que van a ser necesarios en el futuro ante la previsible recesión que viene. Hay que hacer hucha para lo que venga. Si no se recorta de lo superfluo, habrá que recortar de lo necesario.

María Jesús Fernández (economista senior de Funcas)

1. La única medida relevante para frenar algo la inflación es topar el precio del gas para limitar su impacto en la electricidad, pero su eficacia dependerá de cómo se concrete. La subvención al combustible es de dudosa eficacia, ineficiente y muy costosa para las arcas públicas. Solo sirve para que, lo que no pagan los conductores en la gasolinera, lo paguen los contribuyentes en sus impuestos hoy o mañana. El resto de medidas están dirigidas a paliar el impacto sobre los más vulnerables y las empresas más afectadas, pero no afectan a la inflación.

2. No hay nada que pueda hacer para bajar los precios porque esta situación procede del encarecimiento de las materias primas y solo podemos comprarlas a esos precios. Ni siquiera las compras conjuntas en la UE servirían para gran cosa. La factura la tenemos que pagar con precios más altos o con impuestos si se subvencionan esos productos. Somos más pobres porque nuestra capacidad adquisitiva se ha reducido. Se pueden adoptar medidas para distribuir la carga, pero no para reducirla. Salvo si electrificáramos completamente la economía con fuentes renovables o nucleares, pero eso solo puede hacerse a muy largo plazo.

María Romero (directora de Economía de Afi)

1. Para el control de la inflación, es más eficaz el control de precio del gas y, por tanto, de la factura eléctrica -que anunció el Gobierno el jueves-, que el paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros. Según Afi, el coste eléctrico podría reducirse en un 30% con esta medida. Si bien es complejo identificar cómo se trasladará a la inflación, aliviará el incremento de los precios. Pero debe ser aprobada por Bruselas y los Gobiernos de España y Portugal no esperan implementarla hasta el mes de mayo, como pronto.
2. El pacto de rentas es más necesario que nunca. Los agentes sociales están negociando este acuerdo. Lo que ha trascendido hasta ahora es que se revisarán sueldos y salarios en los próximos tres años a una tasa del 3%. Los márgenes empresariales deberían ajustarse también tratando de no trasladar a precio final el incremento de los costes de producción (como parece estar produciéndose ahora). Esta medida es extensible a otros ámbitos, como el alquiler de vivienda (el límite del 2% durante 3 meses quizás se antoje escaso). El objetivo es distribuir entre todos los agentes el coste.

Francisco de la Torre (economista e inspector de Hacienda).

1. Se estima que el plan conseguiría una rebaja de alrededor de un punto. Esta cifra será superior si se consigue reducir el precio de la luz con un tope a la retribución de los productores de energía eléctrica que no utilizan gas. Dada la brutal subida de la energía en muy poco tiempo tampoco es posible hacer muchísimo más. Tengamos en cuenta que el margen presupuestario no es el que nos gustaría debido al elevado nivel de déficit y deuda pública tras la pandemia. Además, antes de la crisis, teníamos los impuestos sobre carburantes más reducidos de Europa. Por otra parte, muchas actividades si no pueden repercutir el incremento de los costes a sus clientes, tienen que cerrar. Es preferible la inflación a la destrucción indiscriminada de actividad económica.
2. Endurecer la política monetaria: no se pueden tener tipos de interés negativos con una inflación cercana al doble dígito, y con una tasa subyacente (sin alimentos frescos y energía) superior al 3%, cuando el objetivo de inflación está en el 2%. La política fiscal tendría que ser más restrictiva. Esto implicaría reducir el gasto público e incrementar los impuestos directos, no los indirectos, como el IVA e impuestos especiales, que están diseñados para trasladarse a precios. Un recorte del gasto en estas circunstancias es complicado y doloroso: la propia inflación lleva al aumento del gasto público, no hay más que pensar en las pensiones. El gravísimo problema es que reduce el crecimiento económico. Por supuesto, la alternativa de que se enquisten estos elevados niveles de inflación es probablemente peor. La situación económica y social a la que nos enfrentamos es muy complicada.

Natalia Collado (economista de EsadeEcPol)

1. Tendrán una efectividad limitada. Dada la incertidumbre geopolítica -con su influencia en los combustibles- y la evolución de la pandemia en Asia -que puede empeorar los cuellos de botella en suministros-, es probable que en los próximos meses los precios sigan al alza. Las primeras previsiones de los analistas estiman que el impacto del plan sobre la inflación será de entre 0,5 y 1 punto. No obstante, estamos a la espera del detalle de las medidas para bajar los precios de la luz y su potencial impacto.

2. En el plan se incluyen ayudas directas a los sectores más afectados por la subida de precios. Centrar los recursos en estas políticas en lugar de aprobar subvenciones generalizadas, que además pueden tener el efecto opuesto al deseado, parece una mejor opción dado el limitado margen fiscal. Así se evita que las empresas del primer sector sigan trasladando por la cadena de valor el aumento de sus costes de producción.

Daniel Fuentes (director de Kreab Research)

1. El plan contiene, a grandes rasgos, dos tipos de medidas. Unas están destinadas a paliar el daño causado por la inflación en el corto plazo (subvención a los carburantes, reducción de impuestos, límite a los alquileres, extensión del ingreso mínimo vital, bono social, protección del empleo, etc.). Las que actúan directamente sobre el precio del gas y de la electricidad, gracias en gran medida a lo acordado con Bruselas, son las más relevantes para contener la inflación: pueden tener un impacto determinante en uno o dos meses.

2. La principal vía para contener los precios en el corto plazo es la actuación sobre el mercado eléctrico. Quizás sea necesario también contemplar medidas de contención y racionalización de la demanda energética (transporte público, teletrabajo, consumo en edificios públicos, etc.). En el medio plazo será necesario acelerar las inversiones que reduzcan nuestra dependencia energética de los hidrocarburos. En cualquier caso, seguiremos pendientes de lo que ocurra en Ucrania.

María Jesús Valdemoros (profesora del IESE)

1. La inflación no viene solo provocada por el conflicto bélico en Ucrania. En 2021, ya veníamos soportando una escalada de precios por un impulso de una demanda que había estado constreñida y una dificultad de la oferta para responder. La preocupación del Gobierno debe ser evitar que se enquiste la inflación. Para ello habría que poner el foco en evitar más efectos de segunda ronda, es decir, subidas fuertes de salarios, de pensiones o de otros precios. Esto exige un pacto de rentas eficaz, que permita repartir el coste de este shock entre todos, cuidando que quienes estén en situación más vulnerable lo sufran menos.

2. Lo más eficaz, pero llevaría tiempo, es abordar con determinación las causas de la inflación porque estamos viendo actuaciones, principalmente, sobre las consecuencias. Una causa es nuestro modelo energético. Otra fórmula sería vía moderación de la demanda agregada. Empresas y ciudadanos ya han revisado su gasto, así que la Administración Pública también debería hacerlo dejando a un lado el gasto público no esencial. Se puede revisar también la indexación automática a determinadas rentas. Y se podrían bajar precios como el de los combustibles reduciendo la carga fiscal que recae sobre ellos.