El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados, una norma que pretende equiparar el cigarrillo electrónico y los dispositivos de tabaco novedosos (como los vapeadores) al convencional regulando su venta exclusiva en estancos en un plazo de cinco años.
Así, se irá equiparando progresivamente el régimen de control de la fabricación, distribución y del comercio minorista de cigarrillos electrónicos y de dispositivos de tabaco novedosos al del tabaco convencional, todo ello de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias, según explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Asimismo, la normativa pretende contribuir a modernizar el régimen jurídico del mercado de productos de tabaco y otros productos relacionados, de forma que se impulsará una lucha más eficaz contra toda clase de comercio ilícito y se garantizará la seguridad de los consumidores. Se pretende mejorar el control de los operadores y la trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena industrial y comercial.
A través de las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley, que llega al Consejo en primera vuelta, “se persigue asegurar un mercado que sea neutral y transparente, que garantice que todos los productos que lleguen al consumidor lo hacen de forma segura, cumpliendo plenamente la normativa, y que los operadores que intervienen en el mercado a lo largo de todas las fases de la cadena actúan de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.
También se mejorará la supervisión de los productos de tabaco y otros productos relacionados, estableciendo las medidas necesarias para que todos aquellos que lleguen al consumidor cumplan la normativa europea y española con plenas garantías.
Control a promociones
Asimismo, la norma contempla reforzar el principio de neutralidad de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado como uno de los pilares del monopolio de venta minorista, mejorando el control de las actividades promocionales y publicitarias.
Se trata del principio que garantiza que no se favorezca desde la red minorista directa ni indirectamente el consumo de unas marcas, productos o fabricantes frente a otros.
Se impulsará también la transparencia del sector, en línea con los convenios y tratados internacionales, reforzando la legitimidad de la Administración a través de la creación de registros públicos y dando publicidad a las relaciones de la industria con las autoridades encargadas de su supervisión. Esos registros serían esencialmente registros públicos de operadores, de instalaciones de operadores, de máquinas de fabricación y de grupos de interés.
De acuerdo con la normativa internacional, se incorporarán deberes de diligencia para los operadores, que deberán asegurarse de que las actividades comerciales e industriales que lleven a cabo se realizan con operadores legales y para fines lícitos.
Asimismo, se actualizarán las facultades regulatorias, de inspección y de supervisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Comisionado para el Mercado de Tabacos, de acuerdo con la normativa internacional y de la Unión Europea sobre vigilancia del mercado a través de diversas medidas.
También incluye la modernización del régimen de infracciones y sanciones para penalizar y desincentivar aquellas conductas de los operadores que incumplan sus obligaciones, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
Con esta norma, España da pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa de la Unión Europea y en convenios y tratados internacionales de control del tabaco.