Con la deuda y el déficit estructural en máximos de la historia reciente y a la espera de que la vuelta de las reglas fiscales a Bruselas vuelva a abrir el melón de las subidas de impuestos, la CEOE quiere movilizar a la sociedad civil para que exijan a las Administraciones públicas una mayor eficiencia del gasto público.
Y este martes se encontró con una adhesión inesperada, la del exministro socialista, Jordi Sevilla, que desde la discrepancia en algunos puntos considera importante sumarse a las voces que reclaman más eficiencia para no derrochar dinero del contribuyente.
El pasado marzo, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) -un think tank ligado a la CEOE- presentó un informe que ha copado muchos titulares de prensa porque cifró en 60.000 millones de euros lo que sería posible ahorrar con una mayor eficiencia en el gasto público. Ahora, el IEE trabaja en otro informe en el que desarrollará propuestas en esta materia y que presentará después del verano.
El objetivo es abrir el debate sobre la necesidad de implementar en España mecanismos de evaluación de las políticas públicas en un momento en el que, precisamente, el Gobierno quiere crear una agencia estatal con este cometido.
En este contexto, el Consejo General de Economistas organizó este martes un coloquio entre el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, que fue secretario del Tesoro y secretario de Estado de Economía durante el último Gobierno del PP, y el conocido exministro de Administraciones públicas socialista, Jordi Sevilla.
Con puntos de partida diferentes en el debate, ambos coincidieron en que España tiene la asignatura pendiente de abordar la eficiencia del gasto público.
Según Sevilla, "mejorar la eficiencia del gasto público no significa reducirlo". Mientras, Fernández de Mesa, que preside el IEE, dice que la clave de esta evaluación es el ahorro para "proveer de mayores recursos al sector privado, mejorar las condiciones de financiación para la inversión y favorecer menores niveles de economía sumergida".
Pacto por la eficiencia
Desde estas y otras diferencias, ambos pusieron sobre la mesa que sería deseable un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas para comenzar a trabajar en la Agencia de evaluación de políticas públicas que el Ejecutivo quiere implementar en España.
Será un organismo público que podría, por ejemplo, identificar las ineficiencias en el reparto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el fracaso de algunas políticas. Una tarea complementaria a la que hace AIReF en sus Spending Review (Revisiones de gasto).
Desde el Consejo General de Economistas, se considera también que hay margen en España para recortar gasto público sin tocar los servicios de los ciudadanos. Su presidente, Valentín Pich, puso como ejemplo a la empresa privada, que ha interiorizado que tiene que cambiar su estructura para adaptarla a la digitalización.
Pich se preguntó si en España hacen falta todas las diputaciones, ministerios o consejerías que hay en este momento teniendo en cuenta que vivimos una revolución tecnológica.
Por su parte, Sevilla se preguntó cuál es la finalidad del gasto público. "La cuestión es si el propósito es gastar para alimentar la maquinaria o que el objetivo del gasto sea que sirva para aquello para lo que se ha diseñado", afirmó.
Fernández de Mesa reconoció la complejidad de abordar esta tarea en la Administración y reconoció que no se puede llevar a cabo de una vez, sino que harían falta años para poder resolverlo. Pero, "lo primero es reconocer el problema", afirmó, "para cambiar de mentalidad".
De ahí el interés que desde la patronal y el IEE se tiene en llevar este debate a la ciudadanía para que sea la sociedad civil la que reclame a la política un cambio en el uso de los recursos públicos para manejarlos de manera más eficiente.