El Gobierno sabía que tenía que revisar el impuesto a las energéticas cuatro días antes de votar en el Congreso

El Gobierno forzó la votación en el Congreso del impuesto a la banca y las energéticas cuatro días después de conocer la propuesta de Bruselas para el tributo a las empresas de energía. Es decir, cuando el pasado 13 de septiembre, el Hemiciclo votó a favor de este tributo, el Ejecutivo sabía que España tendría que cambiar esa propuesta por ser diferente a la que iba a anunciar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo un día después.

El pasado 9 de septiembre, se celebró un consejo extraordinario de ministros de Energía y según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL ya se presentó la propuesta de la Comisión Europea para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas.

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"Un segundo conjunto de medidas abordaría los problemas de los precios elevados y ayudaría a los Estados miembros a seguir apoyando a los consumidores vulnerables y las empresas expuestas a ellos", explicaba esa propuesta, en la que se detallaba el paquete de intervención de emergencia con un tope de ingresos europeo para algunas fuentes de energía.

La Comisión se disponía a proponer, según avanzaba el documento, una remuneración máxima uniforme en toda la UE de los ingresos inframarginales.

"Los Estados miembros tendrían la posibilidad de continuar con las medidas nacionales existentes o implementar, introducir o mantener medidas que impongan limitaciones de ingresos más estrictas (por ejemplo, en forma de esquemas de beneficios excesivos existentes) para atender su situación específica", explicaba Bruselas.

Entre otros, se adelantaba ya la idea de la Comisión sobre qué hacer con las "tecnologías de generación inframarginales (es decir, más baratas que las actuales tecnologías de fijación de precios finales)".

"Estas tecnologías generaron altas ganancias inesperadas en el contexto actual de precios altos, ya que sus costos marginales de producción son bajos. El tope se establecería asegurando la cobertura de costos para la capacidad renovable y baja en carbono. Se pagaría el mismo precio a todos los generadores inframarginales de manera uniforme, asegurando así una solución europea y la igualdad de condiciones. Se establecería de tal manera que garantice que se mantengan los incentivos de inversión adecuados", apuntaba la propuesta europea.

Aunque el Gobierno español sabía que era distinta a la suya -y que por tanto, tendría que modificar la proposición de Ley que votaba el Congreso- decidió seguir adelante y forzar la votación sin esperar a que 24 horas después Von der Leyen hiciera pública la propuesta de la Comisión Europea.

Medida estrella de Sánchez

Meses antes, en el Debate sobre el estado de la nación, Pedro Sánchez había hecho de este impuesto una de sus medidas estrella. Fue después cuando PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso una proposición de Ley que se votó el pasado martes.

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Sin embargo, tiene diferencias sustanciales frente a la europea en materia energética (hay que recordar que Bruselas no prevé impuestos para la banca extraordinarios por la guerra en Ucrania).

Entre otros, la Comisión Europea pone el foco en un porcentaje de las ganancias extraordinarias que se están produciendo con las energías fósiles. El Ejecutivo español centra su propuesta en los ingresos de las empresas energéticas.

El PP pidió esperar

Cuando se votó la propuesta, el PP pidió al Gobierno que esperara a conocer lo que Bruselas tenía que decir para plantear en el Congreso un impuesto acorde con el marco europeo.

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Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo fue que ya se adaptaría al marco europeo. No había trascendido en aquel momento el contenido de este documento de cinco páginas con las líneas maestras de la propuesta de la Comisión Europea que está en las manos del Gobierno español desde el pasado 9 de septiembre.