Con un aumento de la recaudación tributaria de 90.000 millones de euros desde 2018 y en un contexto en el que el PIB ha sufrido por la pandemia, son muchos los think tank en el ámbito del pensamiento liberal que vienen elaborando distintos trabajos para que los ciudadanos tomen conciencia del esfuerzo que supone mantener un gasto público que no siempre es evaluado en términos de eficiencia.

Para ello, se ha recurrido a resaltar datos o preparar comparativas que ponen el foco en distintos elementos para tratar de explicar desde un punto de vista diferente al del Gobierno las implicaciones que tienen las subidas de impuestos. 

"El indicador de presión fiscal es valioso porque permite compararnos con otros países de manera sencilla, pero no debe ser el único a considerar. La razón es que realmente no mide cuántos impuestos pagamos como ciudadanos, sino cuánto recauda el Estado, que son dos cuestiones distintas", explica a este periódico el investigador del Instituto Juan de Mariana, Santiago Calvo.

De hecho, tanto Calvo como Izquierdo ponen el foco en que la menor presión fiscal frente a Europa viene explicada en parte por una mayor economía sumergida o por un sistema fiscal posiblemente mal diseñado. Así, el IEE suele argumentar que en España los que pagan impuestos, pagan más que en la media de los países de la UE.

Sacrificio fiscal

"Si queremos tener una imagen completa del esfuerzo que realizan hogares y empresas, es útil complementar el indicador de presión fiscal con otros como el de sacrificio fiscal, que tienen en cuenta no solo la recaudación sino la renta por habitante. España es uno de los países que mayor sacrificio exige a sus contribuyentes, solo por detrás de Grecia, Portugal e Italia", concluye el investigador de Juan de Mariana.

Por la claridad con la que ilustra el esfuerzo fiscal en promedio, en los últimos años se ha hecho muy popular el Día de la Liberación Fiscal de la Fundación Civismo. Un estudio cuya metodología explican hoy en dos artículos publicados por este periódico el economista Javier Santacruz y el presidente de Civismo, Julio Pomés.

[Tribuna: Cómo aproximarse al coste de los impuestos en España. Por Javier Santacruz]

Según esta estimación, importada desde el Reino Unido, si se toman en consideración todos los impuestos que se pagan en promedio y las cotizaciones a la Seguridad Social, los españoles trabajarán hasta el 29 de julio en 2023 si se aprueban todos los impuestos anunciados. Serían 33 días más que cuando Pedro Sánchez llegó al poder.

Es un dato llamativo que el presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha descalificado en RTVE al afirmar que "no es nada riguroso".

Dentro de la sección Verifica RTVE, Cruzado y otros expertos han expresado sus dudas sobre el Día de la Liberación Fiscal, un informe que en la web del ente público se ha calificado recientemente como "bulo". Una acusación a la que responde hoy el presidente de Fundación Civismo en un artículo publicado por EL ESPAÑOL INVERTIA.

Sin embargo, otros expertos respaldan la labor divulgativa de este Día de la Liberación Fiscal que es la versión española del Tax Freedom Day británico.

"Es un instrumento útil para ilustrar la carga tributaria que recae sobre el contribuyente medio (impuestos sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo) y cómo evoluciona a lo largo de los años", explica a este diario el vicepresidente y director de Investigación del Institut Ostrom, Martí Jiménez.

Jiménez añade que "tiene algunos problemas metodológicos. Por ejemplo, para saber qué porcentaje del consumo está gravado con cada tipo de IVA suponen que las cestas de consumo de los hogares son muy parecidas sea cual sea la edad del sustentador principal, y eso es inexacto. Pero sí es útil".

Impuestos a las empresas

Críticos con el Día de la Liberación Fiscal, como el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) señala en RTVE que "la presión fiscal" incluye impuestos que "no tienen que pagar las personas físicas", como el impuesto a la banca y a las energéticas.

Este tipo de planteamientos difieren con los que se hacen desde el IEE, puesto que en términos económicos, las empresas son de los hogares. Un ejemplo claro para entender esto es el de Inditex, cuyo patrimonio forma parte de la familia Ortega y del PIB español. 

También los pequeños ahorradores que han invertido en acciones bursátiles, los propietarios de negocios familiares o los ricos, son hogares.

En este sentido, los impuestos aprobados para las empresas en distintos ámbitos en los últimos años harán que éstas pasen a soportar una presión fiscal del 11% en 2023, frente al 10,7% de 2022 y el 10,3% de 2019, según datos del IEE.

[La presión fiscal sobre las empresas en España será del 11% en 2023, más de un punto superior a la media de la UE]

"Según Eurostat, la proporción de recaudación que en España procede de las empresas es considerablemente superior a la media europea, ya que los ingresos públicos que aportan las empresas con respecto al total son, en España, del 31,9%, mientras que la media de la eurozona es del 25%", advierte Martí Jiménez.

En este punto, el think tank estadounidense Tax Foundation elabora un índice de competitividad fiscal en el que España ocupa la posición 34 de 38 en 2022.

Eficiencia del gasto

Entre los objetivos que persiguen estos organismos figura el de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de exigir a los políticos una mayor eficiencia en la gestión del gasto público.

No obstante, es una meta que comparten con instituciones públicas como la AIReF o el Banco de España.

[Hernández de Cos critica la subida generalizada de las pensiones y aplaza la recuperación hasta 2024]

"Siempre es positivo que los ciudadanos tomen conciencia de lo que hacen sus gobernantes. La política fiscal no debe escaparse a esto. Si conocemos cuánto pagamos y a quién y, sobre todo, en donde se gasta, podemos premiar (castigar) las políticas que mejor (peor) tratan al ciudadano. El conocimiento nos hace libres", señala desde el Instituto Juan de Mariana, Santiago Calvo.

Y pone como ejemplo al Reino Unido, donde se pone a disposición de los contribuyentes un resumen de las cantidades que pagan en impuestos y cómo se gasta ese dinero recaudado. 

En España, recuerda, el trabajo más importante para evaluar el gasto lo ha hecho AIReF que ha mostrado que cerca del 1% del PIB se gasta en subvenciones "para las cuales no existe ningún tipo de control y transparencia".

También desde Ostrom se enfatiza este punto. "Un país con un sistema impositivo menos distorsionarte puede financiar su Estado del bienestar a un coste más bajo", señala Jiménez.

Eficiencia y fraude

Según un estudio del Instituto de Estudios Económicos, España tiene margen para ahorrar 60.000 millones de euros en gasto público con más eficiencia en la gestión y sin reducir el nivel de la prestación de servicios.

"Cuando se recurre siempre a subir impuestos para financiar el gasto público se pierde eficiencia. Y cuanto más eficiente es el Estado, menor es el fraude fiscal", advierte Gregorio Izquierdo al ser consultado por este periódico.

A esta preocupación, se suma el castigo para las economías familiares que ha supuesto la inflación con una subida de precios que también ha contribuido a "incrementar la factura fiscal de los contribuyentes sin necesidad de subir los tipos impositivos, es decir, sin pasar por el Congreso", recuerda el investigador de Ostrom. 

Un aumento de recaudación encubierto que lleva a muchas voces a reclamar una deflactación de los tramos del IRPF para compensar a los contribuyentes en este momento de dificultades económicas.