Entre ellos, destacan los efectos de la sequía, ya tangibles en el cereal y olivar, con paupérrimas cosechas que han hecho disparar los precios en el supermercado y que son solo la punta del iceberg. Debajo del agua aguardan el aumento de costes y la Política Agraria Común (PAC), que insisten les provoca un agravio comparativo con respecto a las producciones de terceros países, como Marruecos.

Quieren "nuevas reglas de juego" en la Unión Europea. No es la primera vez que los convocantes de la concentración cordobesa -Asaja, COAG, Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias- levantan la voz contra la PAC, pero la Presidencia española da a esta protesta otra dimensión.

Sequía fuera de la agenda formal

"Si esto no se arregla o no hay soluciones concretas, este será el inicio de movilizaciones en España y Europa", asegura a este periódico Pedro Barato, presidente de Asaja. 

Porque la idea es que sea un punto de partida para que en Bruselas conozcan las dificultades del campo español, afectado en un 80% por la sequía. El balance de daños se conoce a medida que avanza el calendario de las cosechas, pero ya se sabe que se ha perdido el 70% del cultivo de cereal de secano y que el olivar tendrá una producción mínima, según ha remarcado Miguel Padilla, secretario de COAG.

Una protesta agraria. Europa Press

Los precios disparados del oro líquido que se ven en el supermercado y que han escalado un 15% en el último mes y medio son consecuencia, sostienen, de la falta de lluvias, sin que sea posible predecir cuánto seguirá encareciéndose. 

Con respecto al regadío, el panorama es aún peor. Hay cosechas en el sur que no se han sembrado, como el arroz.

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A esto se suman los efectos de la guerra en Ucrania, un país exportador de cereales como el maíz, clave en la elaboración de piensos. El conflicto ha limitado sus ventas internacionales, haciendo más caro para las explotaciones ganaderas alimentar a sus animales. Por no hablar del ascenso del coste de los combustibles. 

El resultado de todos estos problemas se cifra en 9.500 millones de euros, asegura Barato. Es la cifra que dejará de facturar el sector por la sequía y otros fenómenos climáticos adversos como las inundaciones y el pedrisco de primavera.

Protesta agraria. Europa Press

"La intención de las organizaciones agrarias es decir a los ministros de la UE y en particular al nuestro que estamos en el sur de Europa con unas condiciones climáticas completamente distintas y que se tienen que contemplar a los sectores mediterráneos con una PAC pensada de otra forma", reclama Barato.

Una pretensión por ahora compleja. La agenda del encuentro, subrayan fuentes gubernamentales, no se saldrá de su propósito principal: buscar consensos para impulsar una propuesta legislativa referente a variedades vegetales producidas mediante nuevas técnicas genómicas (NTG). 

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Se trata de crear un marco legal para emplear una innovación que consiga variedades vegetales que se adaptan mejor a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático, especialmente a las referentes a la sequía. Un trabajo que se cimentará durante la presidencia española y que se espera saque adelante quien tome el relevo.

Así, la escasez actual de agua quedará relegada a algún briefing que pueda tener el ministro de Agricultura, Luis Planas, y "se trasladará la preocupación de los países del Mediterráneo" de forma general, pero eso será todo. Un planteamiento que ha enervado más a las organizaciones agrarias.

A vueltas con la PAC

A todo se suman las críticas a la PAC, que a juicio de COAG "está únicamente orientada a favorecer un mercado sin control que sólo beneficia a grandes empresas y
a la especulación".

Padilla ha hecho referencia a la merma de agricultores en favor de grandes inversores. "El 6,6% de la industria agraria está produciendo el 45% de los alimentos", ha subrayado. También que en los últimos años, el 50% de las explotaciones ganaderas ha desparecido, pero han aumentado las cabezas de ganado el 6,6%.

Es el resultado, ha señalado, de una multiplicación de fondos de inversión: "En 2007 había en España cuatro fondos y hoy hay 300". Todo en un sistema que, critica, implanta novedades legislativas que suponen un aumento de costes mientras en Bruselas "se hace la vista gorda con las importaciones de terceros países" no obligados a cumplir con esos requisitos.