Con la entrada de septiembre se despejan las dudas: la producción de cereales será un 40% inferior a la que se logra en un año normal y las perspectivas del aceite de oliva, aún inciertas, sí permiten vislumbrar que será otro año escaso.

Es el balance del Gobierno, que ha anunciado como consecuencia que tendrá que aumentar las importaciones de trigo blando, maíz y cebada. Con todo lo que ello conlleva en cuanto a balanza comercial.

Pero la situación obliga. Con el 14,6% del territorio en emergencia por escasez de agua y el 27,4%, en alerta, el Gobierno prevé una producción de unos 11 millones de toneladas de cereal, cuando la horquilla de producción en un año normal oscila entre los 18 y los 24 millones.

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Los más afectados han sido la cebada, cuya producción se ha reducido en un 39%, y la de trigo blando, que ha caído en un 36%.

El resultado de esto es que España, que habitualmente compra en mercado internacionales, "deberá comprar más", ha explicado en rueda de prensa el ministro de Agricultura, Luis Planas. Estima que será necesario importar entre 20 y 21 millones de toneladas de cereales, sobre todo trigo blando para pan, maíz para alimentación animal y cebada para consumo humano y animal.

No obstante, ha indicado que habrá "disponibilidad a buen precio" porque en términos globales la producción de cereales ha crecido un 1% este año.

También hay perspectivas pesimistas sobre el aceite de oliva. Planas ha insistido en que habrá que esperar al aforo, a mediados de octubre, para saber si las últimas lluvias de estas semanas pueden dar un empujón final, pero se asume en cualquier caso que esta cosecha tampoco igualará las habituales 1,4 millones de toneladas que produce España en un ejercicio normal.

En cualquier caso, si que será algo mayor que el desastre de la pasada cosecha, en la que se produjeron apenas 663.000 toneladas. ¿Habrá importaciones? Planas ha remarcado que serán las envasadoras las que tengan que valorar si recurrir a otros países, aunque advierte que el clima adverso ha impactado en todo el mediterráneo, y por tanto afectado a la generalidad de productores de oliva.

Son factores que justifican el alza de precio del aceite de oliva, que se ha encarecido un 52,5% en el último año. "Ya saben que hay una correlación perfecta entre oferta y demanda", ha apuntado. Que su valor vuelva a moderarse, ha subrayado, dependerá de lo que suceda en los próximos meses.

Mejores perspectivas para el vino. La estimación de producción de una de vinificación han mejorado algo tras las recientes lluvias, aunque será otro año a la baja. Ahora el sector maneja un nivel de producción en el entorno de 36 millones de hectólitros de vino, frente a los 41 millones de la campaña pasada.

Mientras, en la ganadería, la producción en extensivo es la más afectada por la sequía. Además de la escasa disponibilidad de pastos, también encarece las materias primas para alimentación animal, lo que ha incrementado los costes de producción.

Encarecimiento de la cesta

Planas también ha señalado que dos de los grandes responsables del encarecimiento de los alimentos, hoy un 10% más caros que hace un año, vienen determinados por lo que sucede con sus precios en los mercados globales.

Se refería así al arroz y al azúcar. En el caso del primero tampoco ha ayudado la sequía nacional, que ha hecho que en las marismas del Guadalquivir se haya decidido no cosechar, condenando así al 40% del grano nacional. 

Frente a todo lo anterior, ha defendido la respuesta económica del Gobierno. Por ejemplo el Real Decreto-ley presentado en mayo que incluía ayudas directas por importe de 636,7 millones (355 millones para los sectores ganaderos cárnico y lechero; 276,7 millones para la agricultura, y 5 millones para la apicultura).

A este montante se suman los 81 millones asignados por la Comisión Europea del fondo de reserva de crisis, conseguidos a petición de España junto a Francia y Portugal y apoyado por el resto de Estados miembros. El MAPA ha activado los mecanismos para el pago de estas ayudas, que podrán efectuarse en octubre.

Este real decreto incluía también la ampliación en 40,8 millones de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios, que se sitúa ya en 358 millones.

Además, se amplió en 20 millones la dotación de la línea ICO-MAPA-SAECA para facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables a los sectores agrario y pesquero. Igualmente, se amplió en 3 millones la línea de ayuda a la financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

El decreto de sequía contemplaba también medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a las explotaciones agrarias que sufran en este ejercicio una pérdida del rendimiento bruto de al menos el 20%.