José Luis Escrivá ha anunciado el fin de la tasa de reposición en la Administración pública durante esta legislatura. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso, ha detallado que sustituirán ese modelo de provisión de puestos de trabajo por otro basado en las necesidades de cada servicio y bien público que presta el Estado.

Sin embargo, sí ha señalado que el objetivo pasa por recuperar los efectivos perdidos durante los años de crisis de la pasada década, cuando no operó esa tasa de reposición. En este sentido, ha marcado el horizonte de alcanzar la media de la OCDE de un 18% de empleados públicos sobre el total de trabajadores. España se encuentra dos puntos por debajo.

Así, aunque no ha definido el número de empleados que las Administraciones deberán incorporar a lo largo de los próximos años, sí ha explicado que la pérdida de efectivos en la Administración General del Estado (AGE) durante la crisis fue del 10%. De hecho, sólo se empezó a recuperar plantilla a partir de 2021.

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Igualmente, en los próximos diez años está prevista la jubilación del 60% de la plantilla de la AGE. Esto supone un "reto formidable en captación de talento e inversión en capital humano" para aliviar la situación de una plantilla que desde el Ministerio reconocen que está "tensionada".

"Cada año se jubilan más personas (…), pero ya en 2021 y 2022 alcanzamos la estabilización y, después, que el número de altas supere al de bajas. Aunque con plantillas enormemente tensionadas por el incremento de prestaciones y servicios públicos", ha asegurado el ministro.

La reorganización de la gestión de los recursos humanos de la Administración pasará por la búsqueda del talento sénior en profesionales que busquen una "segunda carrera" fuera del sector privado, una agilización de los procesos de ingreso y esa provisión de puestos de trabajo en función de las necesidades de los servicios públicos.

Es decir, el horizonte no es el de que cada puesto que quede vacante por jubilación sea cubierto uno a uno, sino que la Administración tenga capacidad de detectar dónde y qué tipo de profesional es necesario. Así como facilitar la llegada de perfiles con experiencia desde la empresa privada con vocación de servicio público.

El ministro Escrivá a su llegada a la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados Alejandro Martínez Vélez Europa Press

"La tasa de reposición genera crecimiento vegetativo de las plantillas en el mismo puesto cuando estamos en un momento de transformación. Necesitamos un modelo distinto". Ha resumido Escrivá, quien da este año para culminar la reforma del acceso a la Función Pública para que pueda entrar en vigor con los Presupuestos de 2025.

Fin de la cita previa

José Luis Escrivá también ha anunciado el fin de la cita previa obligatoria en la relación de los ciudadanos con las distintas Administraciones. "Es importante trabajar con la cita previa, aunque la atención pueda ser sin ella. No puede ser, en ningún caso, un mecanismo obligatorio", ha aseverado.

El ministro de Función Pública ha reconocido que fue un mecanismo importante durante la pandemia, al igual que la atención no presencial. Acabar con la cita previa supondrá una reforma de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común.

Escrivá ha defendido que el ciudadano poder comunicarse con la Administración de la manera que elija. Por eso, ha continuado, "la atención principal es uno de los elementos medulares sobre los que construir una atención de calidad".

El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Asimismo, en lo que se refiere a la relación de los ciudadanos con el sector público, ha adelantado diferente "proyectos pilotos" de simplificación del lenguaje de la AGE. Se trata del uso de un "gestor documental" por parte de los empleados públicos que, en suma, indica cuando un texto es ininteligible.

Acuerdo social

El ministro Escrivá ha expresado su voluntad de alcanzar a acuerdos con los agentes sociales -los sindicatos de la Administración- para la reforma y desarrollo del decreto ómnibus de finales de 2023. Un texto que incluyó varios aspectos de la ley de Función Pública que se quedó en el trámite parlamentario la legislatura pasada.

Se trata de llegar a acuerdos sobre la "planificación estratégica" con una "gestión previsional" de efectivos que dote de mayor autonomía y responsabilidad a los gestores de los distintos servicios públicos. Así como para lograr un plan de "captación y retención de talento júnior y sénior".

"Es muy ambicioso todo lo que queremos hacer", ha reconocido el ministro, que lo achaca a que han pasado muchos años "sin abordar" la reforma de la Administración. Pero es un reto que para Escrivá merece afrontarlo con acuerdos.

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En esa negociación también abordará la evaluación al desempeño de los funcionarios, como una forma de impulsar la carrera de los empleados públicos. Y también la figura del "directivo público profesional", al que se le quiere dotar de mayor autonomía. Además, tendrá también un sistema de retribuciones variables "vinculado a la meritocracia y los resultados".

Una mayor autonomía que también pasa por sustituir el actual modelo de autorización previa para la planificación de las plantillas por uno en el que los gestores puedan diseñar la plantilla necesaria. Es decir, pasar de un control ex ante a uno ex post.

Todo esto requerirá de un Estatuto del Directivo Público y de un modelo de carrera profesional basado en los "niveles y competencias" que requieren los servicios públicos. Así como una profesionalización de los recursos humanos, con un organismo permanente, que permita agilizar la cobertura de puestos de trabajo.

Digitalización

El nuevo titular de Función Pública -cartera antes en poder de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero- pretende llevar a cabo una transformación y modernización de la Administración pública. Una apuesta a través de la digitalización, con un especial foco en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa.

Esto servirá, según el ministro, para mejorar la productividad del sector público y para automatizar tareas -que no puestos de trabajo-, siempre manteniendo la estructura de la Administración.

Se trata de conseguir una Administración "cada vez más moderna y abierta", ha explicado Escrivá. La transformación pasa por profundizar en la digitalización con la vista puesta en "mejorar los servicios públicos y el trabajo de los funcionarios para que su labor al servicio de los ciudadanos sea mejor".

En este sentido, el también titular de Transformación Digital ha defendido su combinación de competencias como el siguiente paso en esa transformación de la Administración pública.