Es el diagnóstico que realizan los líderes de Asaja, COAG y UPA. Las grandes organizaciones agrarias de nuestro país, los interlocutores oficiales del Gobierno, tienen claro que el enfado del campo ha explotado. Poco importa si ha sido a través de manifestaciones organizadas por Whatsapp y Telegram o de forma oficial. Hay para rato.

El calendario de movilizaciones que han elaborado se prolonga durante todo el mes, con independencia de la protesta espontánea. Y la tensión va en ascenso, en la calle y con el Gobierno, que les acusa de rechazar el diálogo por declinar la invitación a charlar el martes en el Ministerio de Seguridad Social. No pueden ir, dicen, porque estarán en la calle.

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"El campo ha estallado", zanja Pedro Barato, presidente de Asaja. No solo en España, también en Europa, con una virulencia que ha obligado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a retirar el plan para reducir un 50% el uso de pesticidas.

Barato, como Marcos Alarcón, vicesecretario general de organización de UPA y Miguel Padilla, secretario general de COAG, tiene reclamaciones para Europa. Sin embargo, todos subrayan en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia que el Gobierno también tiene su margen de acción. Y seguirán en la calle hasta que vean medidas concretas de Moncloa.

"Seguro que subirán de intensidad"

Con ese fin toda protesta es bienvenida. Incluida las de independientes, como la Plataforma 6F, que ha llegado a plantear entrar en Madrid con tractores este sábado tras arrogarse parte del descontento del campo.

"Toda movilización que se haga en favor del sector agrario para arreglar los problemas tiene comprensión y respeto. Todo lo que se haga para beneficiar al mundo agro, chapó", remarca Barato.  

Agricultores en Madrid.

No le preocupa quién convoca las protestas. Lo que sí le inquieta, dice, es que "para el Gobierno español parece que aquí no pasa nada". "Ahí es donde se enquistan las cosas, cuando no se arreglan los problemas", continúa.

Sus críticas en este apartado son numerosas. Asaja cree que desde el Ejecutivo no se están atendiendo con el cuidado debido los problemas del sector, que reclama que su actividad ya no es rentable.

Los culpables a los que señalan van desde la PAC a la competencia "desleal" de países terceros como Marruecos, pasando por el Gobierno, al que acusa de hacer la vista gorda con algunas situaciones y hasta "provocar" cuando señala que las organizaciones han rechazado el diálogo propuesto para el próximo martes.

"Que se dejen de provocar. La ministra (de Seguridad Social, Elma Saiz) tiene una carta en la que se pide que aplace la reunión. A ver si ahora que estamos justo en pleno periodo de movilizaciones... mire, no. Que se deje de trampas", apunta Barato.

La última reunión entre Gobierno y asociaciones agrarias tuvo lugar hace algo más de una semana con el ministro de Agricultura. Luis Planas ofreció presionar en Bruselas para aligerar la carga burocrática de la PAC, pero no era suficiente. Ahora ya está en marcha un calendario que no prevén interrumpir.

"Las protestas están ahí, unos hacen una cosa, otros hacen otra. El calendario se está cumpliendo… ¿y subirán de intensidad las protestas? Seguro que sí", afirma.

"Va a haber un cambio"

¿Que creen que conseguirán con esas movilizaciones? "Bueno, yo tengo la esperanza de que va a haber un cambio", responde Padilla. Para empezar, en la UE, donde cree que debe haber "un giro importante en cuanto a la política" y "compatibilizar medioambiente con la producción de una forma razonable, sin marginar a la producción".

También tiene esperanza en las cláusulas espejo, que confía en que se apliquen para que los terceros países cumplan "estándares parecidos" a lo que se demanda en la UE. 

¿Y que puede dar el Gobierno de España? Aquí las reclamaciones van desde una mayor presión en Bruselas a otros asuntos en los que Moncloa sí tiene competencias: mejorar el sistema de la cadena agroalimentaria, ampliar la dotación económica a los seguros agrarios o acelerar con el relevo generacional: En la próxima década seis de cada diez agricultores se van a jubilar.

Agricultores y ganaderos durante la cuarta jornada de protestas en Oviedo (Asturias). Xuan Cueto Europa Press

Hay más. Marcos Alarcón, vicesecretario general de organización de UPA, sostiene que sí se puede flexibilizar si no la PAC, su Plan Estratégico; es decir, la hoja de ruta que España diseño para aplicar esta política. 

"Nos parece que con esa corrección, que no necesitaría grandes modificaciones sino pequeños ajustes, se podría permitir que muchos más agricultores aplicaran en sus explotaciones esos ecorregímenes. Además, estaría más acorde con la realidad y se evitará que en algunos casos algunas zonas importantes de las explotaciones se quedasen sin producir", considera.

Medidas como ésta, subraya Barato, "no cuestan un duro". Aunque también guardan reclamaciones que sí conllevan un coste. "El campo español necesita un paquete económico", sostiene, que vaya mucho más allá de los 4.000 millones movilizados en los últimos dos años, de los que casi 1.400 millones fueron ayudas directas.

Son montantes que, precisa Asaja, vinieron para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y la sequía. Lo que ellos reclaman es un plan de choque.

"Estamos llamando la atención"

Mientras tanto, valoran el resultado de las protestas. "Creemos que ya están consiguiendo demostrar al conjunto de la sociedad que los agricultores quieren seguir trabajando, pero tienen dificultades importantes", apunta Alarcón.

Insiste en que no van en contra de las aspiraciones ambientales. "Somos los primeros interesados en mitigar los efectos del cambio climático", subraya, pero no de esta forma.

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Por ahora, pues, están "llamando la atención", tanto de la sociedad en su conjunto como de los gobiernos central y autonómicos, llegando a reunirse con algunos de ellos. "Lo que esperamos es que esa disposición al diálogo se concrete en respuestas concretas. En una aportación presupuestaria para abordar problemas concretos", señala.

Y ahí es "imprescindible que se impliquen las comunidades". "En los últimos dos años la desigualdad entre aportación presupuestaria entre el Gobierno y las comunidades autónomas es escandalosa", concluye.