Yolanda Díaz aboga por subir el IVA a la educación y sanidad privadas, y a los bienes de lujo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado al PSOE en el marco de la negociación para los Presupuestos de 2024 acabar con "injusticias fiscales" como la exención de IVA a la educación y la sanidad privadas o que los bienes de lujo paguen el mismo tipo que otros de uso corriente.

"Queremos democracia económica en materia de ingresos públicos", ha afirmado Díaz en una entrevista con Efe, en la que ha explicado que otra de sus principales peticiones al socio de Gobierno pasa por que las rentas de capital paguen tipos más altos que las rentas del trabajo en el IRPF.

"Queremos que las rentas del trabajo tributen menos que las rentas del capital. También queremos que factores que son claves en un impuesto que es regresivo e injusto, como es el IVA, sean modificados. Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0%? ¿Es esto justo?", ha dicho.

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Asimismo ha defendido que los productos de lujo deben tener una imposición más alta y que en una situación de emergencia climática no tiene sentido que los billetes de avión para trayectos internacionales estén exentos de IVA.

Circunstancias que, según Díaz, suponen un reparto injusto de la riqueza en una sociedad todavía desigual en la que "la mediana salarial es de 1.545 euros al mes brutos".

Díaz ha reconocido que las discrepancias con los socialistas en materia fiscal son profundas en algún caso, como en lo referente a suavizar el impuesto a las grandes energéticas permitiendo que se deduzcan de la cuota inversiones estratégicas, un gravamen temporal que PSOE y Sumar se han comprometido a hacer permanente (al igual que el de la banca) aunque su futuro diseño genera roces entre los socios de Gobierno.

Dentro de la negociación presupuestaria con el PSOE, Sumar exige reforzar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para otorgarle un carácter predominantemente industrial que permita "redimensionar" y mejorar las condiciones de trabajo en empresas públicas como Correos, Navantia o la Agencia Efe.

Correos 

"¿Por qué el modelo de Correos tiene que ser competir con Amazon?", se ha preguntado respecto a una empresa que considera que no debe guiarse por criterios de rentabilidad económica sino de utilidad pública, por lo que cree que habría que darle "funciones financieras", entre otras, y aprovechar su red para evitar la exclusión bancaria.

"Lo público es algo muy serio para un país y cuando lo público funciona, hace de tractor en la economía", ha añadido.

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En el ámbito laboral ve muy "aquilatada" la negociación con los sindicatos para la reforma del subsidio de desempleo, pero cree que será difícil que la patronal se sume al acuerdo porque "tiene un modelo que nada tiene que ver con un modelo de prosperidad de entender los mecanismos de protección social".

Después de que esta reforma fuera derogada en el Congreso con el voto de PP, Vox y Podemos, Díaz cree que "la sensatez se ha de imponer" porque supone ampliar a más colectivos el derecho de cobro de una prestación asistencial, que además aumenta su cuantía.

"Desde luego hay que ser de una madera especial. Yo nunca votaría en contra de una mejora en la vida de los trabajadores de mi país", ha declarado.

Sobre la posibilidad de que el retraso en la aprobación de esta reforma suponga una penalización para España en fondos europeos (ya que se trata de un hito asociado al cuarto desembolso de 10.000 millones de euros), ha dicho que "uno tiene que ser responsable de lo que es (responsable)".

Reducción de jornada

"Yo entiendo que son muchos millones de euros, pero yo me voy a centrar más que en eso, en la vida de la gente, porque procedo de una comarca en la que sabe muy bien la gente lo que es un subsidio por desempleo", ha añadido.

En el caso de la reducción de jornada ve más margen para un acuerdo social y defiende que bajar de 40 a 37,5 horas semanales de trabajo es una medida clave para modernizar un país en el que la presencialidad y el alargamiento de la jornada han dañado la productividad.

Para aportar luz al debate sobre la productividad, ha avanzado que los Ministerios de Trabajo y Economía prevén constituir "en breve" el Consejo Nacional de Productividad, un compromiso incluido en el acuerdo de Gobierno para ver "qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué indicadores tenemos que mejorar y cómo es el reparto de la productividad".