El Gobierno quiere aprobar en el trámite parlamentario el permiso parental retribuido, ausente de la ley de familias
El Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley de familias, que también deja fuera la ampliación a 20 semanas de los permisos por nacimiento.
27 febrero, 2024 15:26El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de familias -que quedó en el tintero la pasada legislatura-, aunque no incluye la retribución del nuevo permiso de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años ni la ampliación a 20 semanas de los permisos por nacimiento y adopción. Ambas son medidas que el ministro Bustinduy espera negociar junto a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En el Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo ha dado luz verde a un proyecto de ley desarrollado en la etapa de Ione Belarra como ministra. Tras este paso, lo siguiente es el trámite parlamentario, que se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia.
Es durante esa etapa cuando el ministro de Derechos Sociales quiere incluir la prestación universal por crianza, la ampliación a 20 semanas de los permisos por nacimiento y adopción y la retribución del nuevo permiso para madres y padres de 8 semanas hasta que su hijo cumpla 8 años. Medidas, ha recordado Bustinduy, que están en el acuerdo de gobierno con el PSOE.
La idea es que la retribución del permiso parental de ocho semanas se implemente de manera progresiva. Primero, empezando por cuatro de las ocho.
Mientras, los permisos de conciliación que incluía la norma diseñada por Belarra para cumplir con la normativa europea entraron ya en vigor a través de un real decreto aprobado el pasado junio.
La norma asimila las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas y reconoce la diversidad de modelos familiares, como las adoptivas, reconstituidas, LGTBI, con algún miembro con discapacidad, múltiples o acogedoras.
Además, la ley formaliza la equiparación en derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios. Para ello, se creará un registro estatal con el que se garantizará la protección jurídica y la equiparación en materia de pensiones, prestaciones de derechos laborales o permisos.
Familia numerosa
Por otro lado, las familias numerosas pasarán a denominarse familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Sin embargo, fuentes de Derechos Sociales aseguran estar abiertos a recuperar la denominación original durante el trámite parlamentario si eso ayuda a que la ley cuente con mayor consenso.
Obtendrán esta categoría las familias con dos hijos en las que haya un progenitor con un 33% de discapacidad, en lugar del 65% actual. Igualmente, se recogerán los supuestos de unidades familiares en las que convivan hijos de uniones anteriores, que también podrán optar a este título.
También otorga el título a los hogares encabezados por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos. Y a aquellos con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.
En el caso de separación o divorcio, y siempre que haya custodia compartida, ambos progenitores podrán disfrutar del título de familia numerosa de forma simultánea.
Por su parte, la categoría especial de familias numerosas pasará de 5 a 4 hijos y a 3 hijos en el caso de parto múltiple o de familias de rentas bajas.
Prestación universal
En este momento, a la renta de crianza de 100 euros al mes tienen este derecho las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años y las que se encuentran en otros supuestos, como percibir prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo. El proyecto de ley no contempla una ampliación de los supuestos, sino una "mejora técnica".
Sin embargo, la intención del ministerio es "negociar" y "trabajar" para extender la renta de crianza de 100 euros al mes hasta que los hijos tengan seis años y, así, avanzar "hacia la universalización".
La norma mejora el fondo de garantía de alimentos, que garantiza la pensión alimenticia en el caso de que un progenitor no la pague. Se pasa de los actuales 100 euros por un máximo de 18 meses a un máximo de 500 euros, que se podrán prorrogar indefinidamente mientras perdure el impago.