La última opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el IMV constata que, en términos generales, este ha servido para que las prestaciones de último recurso lleguen a más ciudadanos. Entre mayo de 2020 (mes anterior a la entrada en funcionamiento del ingreso mínimo) y octubre de 2023 (último dato disponible), el total de perceptores de rentas de último recurso se ha duplicado (+115%), hasta superar el medio millón en toda España.

Por primera vez, la AIReF dispone de los datos de rentas mínimas de las comunidades autónomas, lo que permite a la institución presidida por Cristina Herrero analizar en su conjunto la evolución de las rentas de último recurso. Esto permite comprobar cómo en algunas comunidades ha servido para potenciar el alcance de este tipo de prestaciones. En el caso de Andalucía, el crecimiento es del 630% desde la puesta en marcha del IMV.

Como puede observarse en el gráfico, en junio de 2020, primer mes con el IMV en funcionamiento, las rentas de último recurso experimentan un salto considerable. No obstante, las variaciones se calculan desde el mes anterior, mayo de 2020, porque permite comparar la situación antes y después de la puesta en marcha del ingreso mínimo.

Al igual que con la región meridional, también destaca Castilla-La Mancha, donde el número de perceptores de rentas de último recurso se ha disparado un 485% desde la puesta en marcha del ingreso mínimo por parte del Gobierno.

En ambos casos resulta evidente que los instrumentos de las CCAA eran insuficientes. Y eso pese a que la AIReF advierte año tras año de que el ingreso mínimo no llega ni a la mitad de sus potenciales beneficiarios.

Ambos ejemplos también permiten ver la compatibilidad de las rentas autonómicas con el ingreso mínimo. Si bien afecta a pocas personas, el funcionamiento es que el grueso de la prestación lo aporta el IMV y la diferencia hasta la renta mínima autonómica la abona la comunidad en cuestión. En cifras totales, la puesta en marcha del ingreso mínimo ha permitido a las CCAA ahorrar 510 millones de euros, el 11% de su gasto en rentas mínimas.

Por el contrario, hay tres comunidades donde ha descendido: Aragón (-7%), Asturias y Navarra (-5% en ambos casos). En el caso del Principado, la renta mínima autonómica ha descendido hasta suponer la mitad de las prestaciones, mientras que en Cantabria el IMV supera claramente el alcance de su renta regional. En Aragón la preponderancia del ingreso mínimo estatal es todavía más evidente.

Por su parte, en Andalucía 14.670 personas recibían la renta mínima de la Junta antes de la puesta en funcionamiento del IMV. En octubre de 2023 la cifra se redujo hasta 3.569 perceptores. Sin embargo, mientras que en 2020 los beneficiarios de una renta de último recurso eran esos 14.670, en otoño del año pasado el total se disparaba hasta los 107.054. La explicación es sencilla: el IMV llega al 96% de los perceptores.

Madrid y Cataluña

Mientras que algunas comunidades el ingreso mínimo ha servido para que las rentas autonómicas prácticamente desaparezcan, en otras funciona como una nueva prestación que no sustituye a la regional. Dos casos que ejemplifican uno y otro caso son Madrid y Cataluña.

En la región capitalina, el número de perceptores de rentas de último recurso ha crecido un 60% desde mayo de 2020. En octubre del pasado año, los beneficiarios ascendían a 34.867, y la mayor parte de ellos se explica por el IMV. Al igual que en Andalucía, el 96% de los perceptores cobran el ingreso mínimo, una prestación a cargo de las cuentas del Estado.

En Madrid, por tanto, la renta mínima de inserción se ha reducido, valga la redundancia, a la mínima expresión. No ocurre así en Cataluña. En la región septentrional se ha doblado el número de perceptores de rentas de último recurso (+105%), hasta las 70.481 personas, si bien sólo el 26% percibe el IMV.

Y es que, en el caso de Cataluña, la renta garantizada de ciudadanía, con más de 40.000 beneficiarios, es de lejos el instrumento más utilizado. De hecho, ha experimentado un crecimiento del 18% desde la entrada en vigor del IMV.

Además, en esta comunidad autónoma, el 16% de los perceptores compatibilizan esa renta autonómica con el ingreso mínimo. Esto es así porque el instrumento de la Generalitat parte de los 755,82 euros mensuales, por encima de los 604,21 del IMV. Es ese 16% de los casos, la Generalitat abona la diferencia entre la cuota estatal y la autonómica.

Caso contrario el de Madrid, donde la renta mínima de inserción parte de los 469,93 euros mensuales. Eso explica tanto que la inmensa mayoría de sus perceptores se hayan pasado al IMV como que el número de personas que lo compatibilizan sea ínfimo.