El número de rentas mínimas, diseñadas para combatir la pobreza y la exclusión social, se triplicó en la década que va desde 2007 a 2017. Según pone de manifiesto Funcas en su informe 'Pobreza y rentas mínimas', el número de beneficiarios era de 103.071 en 2007 y pasó a 313.291 en 2017.  A estos hay que sumar los casi 466.000 dependientes de estos titulares, con lo que la suma es de 780.000.

Estos programas autonómicos de ingresos mínimos fueron diseñados para combatir la pobreza y la exclusión social. Existen 19 normativas (17 comunidades y dos ciudades autónomas) específicas y prestaciones cuyo diseño (y denominación) también difiere.

La variedad de políticas de rentas mínimas se manifiesta en aspectos como la cuantía. Por ejemplo, aunque el importe mensual medio de las rentas mínimas en el conjunto del Estado ronda los 450 euros, las prestaciones oscilan entre los menos de 400 euros de la Comunidad Valenciana, hasta los casi 700 del País Vasco, señala Funcas.

Los programas autonómicos presentan, además, diferencias significativas en cuanto a los requisitos necesarios de acceso a la prestación, a la duración máxima de su percepción o a la compatibilidad con otras rentas.

"Navarra cuenta con una de las rentas garantizas más generosa y un riesgo de pobreza muy bajo"

Llaman la atención dos ejemplos extremos. Navarra, que posee una de las tasas de población en riesgo de pobreza más bajas de toda España, cuenta con la prestación de “renta garantizada” más generosa, tanto en cuantía como en duración. Sin embargo, el importe y el periodo de cobro de la “renta de inserción” en Extremadura son menores, aunque en esta comunidad la población en riesgo de pobreza alcanza un porcentaje mucho más alto.

La evaluación de los programas de rentas mínimas permite concluir que son eficaces en la disminución de la pobreza, mientras que sus costes de eficiencia en forma de desincentivos al empleo son muy moderados. Con todo, la elevada rotación en la percepción de estas rentas coexiste con la cronificación (no mayoritaria) de las prestaciones en algunos hogares especialmente vulnerables y con escasa capacidad de inserción laboral, puntualiza.