El Gobierno ya ha presentado su primer bloque de medidas laborales para abordar la crisis del coronavirus. El objetivo que se ha fijado para él es conseguir que las empresas no despidan a los trabajadores y que este periodo sea solo un duro paréntesis para la economía española y su mercado de empleo.
La principal medida para ello es la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y las medidas que ha tomado el Ejecutivo alrededor de ellos, todas incluidas en el real decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado este miércoles.
Entre ellas está que todos los trabajadores que hayan sido incluidos en estos ERTE cobrarán prestación por desempleo, sin importar la cotización previa ni ‘gastar’ la que ya hayan generado.
Esta prestación será, según ha podido saber Invertia, de unos 860 euros de media. Para recibirla, el trabajador no tendrá que mover un dedo, por así decirlo. Será la empresa la que tendrá que tramitar la petición del ERTE, presentando al Ministerio de Trabajo la correspondiente solicitud y la lista de trabajadores afectados, todo por vía telemática.
Posteriormente y de manera automática, el Servicio Público de Empleo Estatal (que ahora mismo está al 300% de actividad y, a lo largo del miércoles, ha sufrido el colapso de sus comunicaciones y redes por las consultas de los usuarios) notificará al trabajador que recibirá la prestación.
Sin estimaciones económicas
Todavía no hay un dato fiable de trabajadores afectados puesto que las peticiones de ERTE, a los que también se pueden acoger también autónomos con empleados y pymes, no hacen más que multiplicarse. En estos momentos, el Ministerio de Trabajo tramita entre 400 y 500 solicitudes, y en una situación similar se encuentran los servicios laborales de las comunidades autónomas.
Este ‘tsunami’ de peticiones no impedirá que la tramitación de cada ERTE tenga un plazo máximo de 5 días. Para cumplir este horizonte temporal se automatizarán los mecanismos y el informe que la Inspección de Trabajo tiene que preparar sobre la petición no será preceptivo. Es decir, que el ERTE se podrá aprobar sin él.
Con todo, los ERTE serán dinámicos. Si cuando esté el informe de la Inspección es necesario revisar un caso concreto, así se hará.
Retroactividad
Así mismo, estos nuevos ERTE serán retroactivos. Es decir, que se podrán acogerse a él las empresas que lo hayan pedido antes siempre y cuando puedan argumentar que la causa sea el perjuicio que causa el coronavirus y el Estado de Alarma en la actividad de las compañías.
De hecho, cabe recordar que hay importantes ventajas para las empresas gracias a los ERTE: las pymes no tendrán que pagar las cotizaciones de sus trabajadores mientras dure la situación y las grandes empresas solo tendrán que abonar el 25% de las correspondientes aportaciones a la Seguridad Social.
En cualquier caso, se va a pedir a las grandes empresas que sean ejemplares y que mantengan la actividad mercantil mientras sea posible. Esta cuestión se va a exigir particularmente en el caso de empresas de hostelería como Burger King (que ya ha hecho su solicitud de ERTE), que aunque no pueden servir al público sí pueden llevar comida a domicilio.
Posibles fraudes
Aunque estos ERTE se están planteando con una duración de entre 15 y 30 días, la idea es que cubran todo el periodo de excepcionalidad generado por el coronavirus y la declaración del Estado de Alarma. Además, ante posibles fraudes, Trabajo plantea que los defectos de la legislación se puedan abordar en futuros paquetes legislativos que, como ha dicho el propio Pedro Sánchez este miércoles, llegarán.
Por lo pronto no hay una estimación económica de esta medidas. El Gobierno prefiere esperar a la evolución de la petición de los ERTE. Sin embargo, según ha podido saber Invertia, el pago de las prestaciones de desempleo y de las cotizaciones de las empresas estará muy por encima de los 5.000 millones de euros que se habían estimado inicialmente.