La crisis económica ya está aquí. La hibernación a la que se ha tenido que someter la economía por la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus está obligando al Gobierno a desembolsar miles de millones en prestaciones de desempleo y cotizaciones que normalmente irían con cargo a trabajadores (a través de sus derechos adquiridos) y empresas, respectivamente. Todo a cuenta de una Seguridad Social y unas arcas públicas que van a sufrir importantes descensos de la recaudación fiscal debido al frenazo económico.
De ahí que, como en otras crisis pasadas, en España suenen los tambores de recortes. Sin embargo, este no va a ser el caso de las pensiones públicas. Los jubilados no tienen nada que temer, al menos por ahora. Fuentes cercanas a Moncloa indican que por lo pronto a Pedro Sánchez no se le pasa por la cabeza reducir o bajar estas prestaciones, que subieron un 0,9% este año.
De hecho, si se planteara recortar las pensiones, podría suponer un buen quebradero de cabeza al Ejecutivo. Habría que hacerlo a través de un real decreto-ley que tendría que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Parece improbable que la oposición y los aliados parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos pudieran avalar este tipo medida, que iría además totalmente en contra de los programas socialista y ‘morado’.
En cualquier caso, no está de más decir que las pensiones suponen, a día de hoy, el mayor gasto que realizan las Administraciones Públicas. En 2019, costaron unos 135.163 millones de euros, un 6,11% más que en 2018. Y, solo con la subida aplicada por el Gobierno para este 2020, esta partida tendrá que subir obligatoriamente a los 136.569 millones. Sin embargo, la cifra será mucho mayor debido a la llegada de nuevos beneficiarios al sistema público de pensiones por el progresivo envejecimiento de la población.
¿Y la subida?
Lo que no está tan claro es que, tras el terremoto económico que está sufriendo España, las pensiones públicas vayan a subir en 2021. Aunque las fuentes citadas aseguran que las medidas que se están tomando para formar un “escudo social” con cargo a la Seguridad Social no tienen por qué afectar a un año vista, también admiten que una situación de máxima incertidumbre como la actual puede tener efectos insospechados.
En cualquier caso, la subida podría no ser tan lesiva para las arcas públicas debido precisamente a la marcha de la economía.
La idea del Gobierno, a la espera de la reforma del modelo público de pensiones (en la que, hasta la llegada del coronavirus, trabajaba a marchas forzadas el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social de José Luis Escrivá), era la de subir las prestaciones de acuerdo con lo que asciendan los precios, es decir, la inflación. Y, dado el devenir económico (caída del consumo y del petróleo) y los pronósticos actuales, todo parece indicar que, si crece, lo hará en unas tasas bajísimas.
De esta manera, aunque la subida no es descartable del todo, está claro que los pensionistas españoles se tendrán que olvidar de que pueda ser de más de un 1%, como indicaban los vaticinios del crecimiento de inflación de hace un par de meses.
Justificación
Sobre esta cuestión, Rafa Villanueva, manager del área de Retirement de Willis Towers Watson en España, considera que “puede ser que cuando se tenga que calcular la revalorización de las pensiones sea difícil justificar que se utilice el IPC en vez del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP)”, que es el instrumento que ideó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 para la subida de estas prestaciones.
El IRP evalúa la salud de las arcas de la Seguridad Social para calcular el alza de las pensiones y garantiza una subida mínima del 0,25% en caso de que el índice determine que la subida sea inferior a esta cifra o negativo. De hecho, si no tuviera esta condición y se aplicara, las pensiones se tendrían que reducir un 2,5% anual.
En este sentido, Villanueva alerta de que “ya tenemos un déficit estructural de 20.000 millones de euros a cierre de 2019, que es muy parecido al de 2018, en la Seguridad Social”. Y avisa de que el impacto del coronavirus lo va a agravar, al menos coyunturalmente.
Por un lado, el crecimiento del desempleo y el paro significa menos cotizaciones y menos ingresos. “Y parte del empleo seguramente se precarice. Y a menos salarios, menos cotizaciones también”.
A esto suma además un incremento del gasto, y no precisamente por las medidas sociales aprobadas en las últimas semanas. “Va a haber mucha gente en edades cercanas a la jubilación afectadas por el impacto en el empleo del coronavirus. La recolocación laboral es complicada para este colectivo. Probablemente opten por jubilarse anticipadamente, entrando a ser beneficiarios del sistema con la correspondiente penalización”.
Es decir, menos ingresos y más gasto en pensiones para una Seguridad Social que lo tiene difícil para salir de los números rojos. El ministro José Luis Escrivá tendrá que buscar fórmulas para ello, pero se antoja difícil con España sumida en una de las mayores crisis económicas de la historia de la democracia.