La polémica reforma laboral de 2012 ideada por la ministra de Trabajo por entonces, Fátima Báñez, sigue haciendo que salten chispas ocho años más tarde. Protagonista de la polémica política y económica de la semana por el acuerdo atenuado de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para sus derogación, este conjunto de medidas sigue sirviendo de campo de batalla para los partidos políticos y los actores sociales.

La situación se resume fácilmente: las formaciones de la derecha y las empresas defienden la reforma laboral de 2012 mientras que los partidos de la izquierda y los sindicatos reclaman su supresión.

“Para la izquierda y los sindicatos, la reforma laboral es el gran enemigo a batir porque supuso la ruptura, o más bien el inicio de la ruptura, del modelo laboral que en España estaba vigente desde hacía más de cuatro décadas. El modelo laboral de la transición y de la etapa democrática era prácticamente el mismo en cuestiones como la ley de huelgas, que es preconstitucional”, explica el economista Javier Santacruz.

Para Santacruz, la norma permitió “romper con un mercado viciado que llevó a un paro estructural muy superior al del resto de Europa. La ruptura consistió en restar poder tanto a sindicatos como a patronal, descentralizar la negociación colectiva y llevarla al ámbito de la empresa y, evidentemente, abordar los costes del despido y la modalidad de los contratos”.

“La reforma laboral tuvo varios problemas”, opina por su parte Fabián Valero, director de Zeres Abogados. “Fue una decisión unilateral e impuesta, no respondió al Diálogo Social. Ahora estamos hablando de hacer un reforma contando con los agentes sociales, pero en 2012, de un día para otro, la nueva legislación se publicó en el Boletín Oficial del Estado”.

Conllevó la “precarización del empleo en la medida es que se quitaron los salarios de tramitación, se redujeron las indemnizaciones por despido -pasaron de 45 días por año trabajado a 20 días- y se utilizaron todavía más los contratos temporales”, indica Valero.

Bajo su punto de vista, es lógico que los empresarios la defiendan. “Otorga flexibilidad en el manejo de las plantillas y los contratos, permitiendo sustanciales modificaciones de las condiciones de trabajo y el abaratamiento de los costes del despido”.

Cuestión clave al ser la española una economía “muy cíclica” y que obliga a tener “flexibilidad para adaptarse en cada momento a las necesidades que puedan surgir”, como son las sucesivas crisis que sacuden a nuestro país.

Panacea

“Para el ámbito de la derecha, la reforma laboral parece la panacea”, considera Santacruz. "Pero tiene puntos inconclusos. Como luego se paralizaron las reformas, no se pudo consolidar una parte importante de la reforma laboral como hubiera sido el contrato único, reducir la enorme dispersión de contratos y de las políticas activas de empleo”.

Además, para el economista “la gran falla de la reforma laboral es que el modelo de creación de empleo habría que haberlo cambiado de una manera sustantiva. En los primeros años, todo el empleo creado fue gracias a parcelar contratos y puestos de trabajo. Es decir, donde antes había una persona ahora hay tres. Se ha creado una enorme base de precariedad, muy especialmente de temporalidad encubierta”.

“La generalización de los contratos indefinidos pero a tiempo parcial es desde luego el culmen de la dualidad que sigue estando en el mercado laboral. Esta dualidad ya no es entre contratos fijos y temporales sino dentro de los propios contratos fijos: los que son a tiempo completo y los que son a tiempo parcial. Por eso el número de horas trabajadas ha seguido cayendo a pesar de la mejora de la economía”.

Consciente también de estos argumentos, y a pesar de que insiste en los perjuicios de la reforma laboral de 2012, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ya plantea más bien una nueva legislación que una derogación de la normativa actual. La idea es que quede sustituida por un nuevo estatuto de los trabajadores, que se negociará en el seno del Diálogo Social.

De hecho, cabe recordar que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteaba una derogación de la reforma laboral a largo plazo y en tres fases. Es decir, que una vez cerrada la polémica de esta semana, todo parece indicar que la normativa diseñada por Báñez sobrevivirá un año más.