El Gobierno obligará a las 850.000 familias que reciban el IMV a hacer la Renta para aflorar economía sumergida

Ya hay Ingreso Minimo Vital (IMV). El Consejo de Ministros ha aprobado la ambiciosa medida, con la que se pretende asegurar que todos los hogares de España, teniendo en cuenta sus características y sus miembros, cuenten con una renta mínima equitativa sin importar en qué punto de la geografía residan. Eso sí: para poder acceder a esta prestación, sus beneficiarios van a tener que cumplir una serie de obligaciones.

Una de ellas es que los perceptores tendrán que hacer la declaración de la renta del año en el que reciban la prestación, tanto los titulares del IMV como los beneficiarios de ella, si procede por su edad.

Así lo indican fuentes del Gobierno, que admiten que con esta estrategia se pretende hacer aflorar economía sumergida y desincentivarla.

Es decir, que si finalmente la prestación llega a los 850.000 hogares que prevé el Ejecutivo, sus miembros tendrán que hacer la declaración de la renta. Se trataría de alrededor de un millón y medio de personas, que son las que se beneficiarían del IMV una vez descontados los menores de edad (que suponen unos 766.000).

Además, cabe recordar que para percibir el IMV habrá que inscribirse como demandante de empleo y que la prestación se podrá cobrar al mismo tiempo que un salario. Con este tipo de medidas y estrategias para desincentivar la irregularidad, esta población pasaría a encontrarse en los datos que maneja la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, regularizando su situación fiscal y legal.

Por otro lado, el real decreto-ley (RDL) que habilita el IMV también incluye un régimen sancionador (que se ciñe al que ya tienen las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social), en el que avisa de castigos a aquellos que defrauden a las Administraciones Públicas y cobren la ayuda sin cumplir las condiciones.

Además, se creará la figura del cooperador necesario, por la que “se establece la responsabilidad solidaria de aquellas personas que hubiesen cooperado en la comisión de la infracción mediante una actuación activa u omisiva”. Por ejemplo, casos en los que el empleador contrate en negro a beneficiarios del IMV para reducir sus costes salariales y evadir impuestos.

Umbrales

Cabe recordar que la idea es que el IMV complemente los ingresos que tenga cualquier tipo de hogar hasta determinado umbral de renta, que dependerá del número de miembros y de la tipología de dicho hogar. De esta manera, si un hogar cuenta con unos ingresos (ya sean salarias o por prestaciones contributivas o no contributivas) de 300 euros y su renta garantizada es de 877, el IMV que recibirá (mensualmente) será de unos 577 euros.

Sin embargo, en este cálculo no entrarán las ayudas finalistas y no periódicas. De esta manera, una beca escolar o una beca de comedor no se tendrán en cuenta a la hora de hacer el cómputo de ingresos con los que cuenta un hogar.

Tampoco entrarán en el susodicho cálculo las rentas mínimas autonómicas. La idea del Gobierno es que el IMV supongo un mínimo de ingresos para todas las familias, que luego podrá ser complementado a voluntad por las comunidades autónomas.

Eso sí, no tienen ninguna condición para ello. Es decir, que las regiones no tienen obstáculos para suprimir del todo sus rentas de inserción si así deciden hacerlo. Con todo, la idea del Gobierno es que esos fondos se destinen a unos itinerarios de inclusión que se pactarían con las autonomías.

En cualquier caso, desde el Ejecutivo recuerdan que, de media, el IMV multiplica por cuatro el impacto de los programas de renta mínima de las autonomías, que suponen unos 1.500 millones de euros. Bueno, con la excepción de País Vasco y Navarra, regiones que gestionarán la prestación de manera independiente con unas condiciones que todavía se tienen que cerrar entre sus gobiernos y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esto está generando fricción con las demás regiones. Este es el caso de Comunidad Valenciana, que ha pedido el mismo trato que se concede a vascos y navarros.

Alud de peticiones

Respecto a las personas que pueden ser titulares del IMV, aunque se planteaba que solo pudieran serlo personas con residencia legal desde hace un año en España y entre los 23 años (los 18 si se tienen hijos) hasta los 65 años, la Seguridad Social será flexible en este sentido. Por ejemplo, si tienen nietos al cargo, las personas con más de 65 años podrán optar a la prestación.

Eso sí, desde el Gobierno admiten que temen un alud de peticiones del IMV, que , como ocurrió en el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los expedientes de regularización de empleo temporales (ERTE) excepcionales, puedan saturar la capacidad de gestión de la Seguridad Social, aunque se cuente con los ayuntamientos para recibir las solicitudes.

“La tramitación puede ser un problema”, admiten desde el Gobierno. Con todo, esperan que el periodo con el cuentan para la gestión de la prestación, tres meses, les dé “cierto margen” para “digerirla". En cualquier caso, según ha podido saber Invertia, ya se están moviendo los cables incorporar efectivos externos.

Por otro lado, además de los itinerarios de inclusión, están sin reglamentar los incentivos a la contratación de beneficiarios de la prestación para el sector privado y la creación de un sello social para empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del IMV. Esto se hará en próximas semanas, según el Ejecutivo.