Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) volverán a abrir al público desde este lunes, en los territorios que se encuentren en fase III, siempre que cumplan las medidas en materia de riesgos laborales contempladas en el protocolo del SEPE, según comunicó la dirección de este organismo a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y como adelantó esta semana Invertia.
El sindicato rechaza esta apertura "inmediata" porque todavía hay cerca de 200.000 expedientes de afectados por ERTE sin resolver, además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar, según CSIF, a diferencia, añade, de lo que traslada la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien asegura que ya se ha acometido el 98,5% de las cargas de trabajo.
En este sentido, CSIF considera que se debería estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías al ser "más que previsible que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden".
Denuncia penal
De hecho, el pasado viernes el sindicato interpuesto una denuncia penal en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen "amenazas físicas y coacciones" que reciben los empleados del SEPE.
Además, CSIF rechaza la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE al considerar que las oficinas de prestaciones del SEPE deben reanudar la atención al público al mismo tiempo, de la mano de las comunidades autónomas con las que se comparte el espacio físico en las oficinas, garantizando "las mismas y máximas medidas de seguridad sanitaria, además de la vigilancia de seguridad, tanto para los gestores de prestaciones como para nuestros usuarios".
Oficina de empleo.
La organización denuncia que los profesionales del SEPE "desde que comenzó la crisis, han estado trabajando siete días a la semana y a doble turno, durante el confinamiento en sus propios domicilios y con sus equipos informáticos para resolver la avalancha de solicitudes de protección por desempleo, con una plantilla deficitaria".
De hecho, apunta que, respecto al año pasado, la carga de trabajo se ha incrementado un 530%, mientras que la plantilla solo ha aumentado un 10% con personal interino por seis meses, prorrogable a nueve.
A esta situación se suman, según CSIF, las declaraciones políticas "irresponsables" sobre el abono de la práctica totalidad de prestaciones, cuando aún hay 200.000 personas que aún no han percibido su prestación solamente en lo que respecta a los ERTE.