En una de las múltiples apariciones que protagonizó José Luis Escrivá para explicar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indicó que una de sus principales preocupaciones con esta revolucionaria prestación en España fuera facilitar lo máximo posible su acceso para la población más vulnerable. Bajo su punto de vista, este es uno de los principales fallos de este tipo de ayudas en España.

Los datos recogidos en los últimos meses le dan la razón. A pesar de la crisis, el parón económico y el crecimiento histórico de la población en situación de desempleo, las solicitudes de pensiones no contributivas de la Seguridad Social se han desplomado en España en lo que va de año. Según los últimos datos del Imserso, hasta mayo, la caída ha sido del 43% respecto al año pasado. Y, de hecho, en mayo la reducción fue todavía mayor, del 63%. 

El dato resulta alarmante teniendo en cuenta que estas prestaciones son el último clavo ardiendo para la población más vulnerable, concretamente mayores sin recursos y dependientes. Cabe recordar que las pensiones no contributivas que entrega la Caja Única son, esencialmente, ayudas económicas para población que carece de recursos suficientes para su subsistencia y no tienen acceso a las prestaciones del nivel contributivo. Es decir, que no han cotizado.

Esencialmente, son dos: la de jubilación y la de invalidez. La pensión de jubilación la reciben en España unas 262.000 personas mientras que la de invalidez tiene unos 189.000 perceptores. ¿Su coste mensual? Unos 182 millones de euros al mes.

Pero que esta última cifra no lleve a equívoco. Ninguna de estas prestaciones llega a la cantidad más baja que ofrece el IMV. Si la de invalidez llega a los 428 euros la de jubilación se queda en los 387. Ambas muy por debajo de los 460 que permite como mínimo el IMV, que es de suponer que complementará a las anteriores en el futuro.

Gestión autonómica

La gestión de las pensiones no contributivas descansa en las comunidades autónomas, y en muchas de ellas, como Madrid, existe la posibilidad de gestionar telemáticamente la petición de las prestaciones no contributivas. ¿Cuál es la causa del bajón, si el confinamiento social no impidió el acceso a esta prestaciones? Fuentes públicas apuntan a la brecha digital que afecta a las poblaciones más vulnerables en España.

Pero hay más. Fuentes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) admiten que la caída de solicitudes de pensiones no contributivas es un “dato llamativo”, pero que “para interpretarlo correctamente habría que contar con un período de tiempo mayor de análisis, ya que el impacto de la situación generada por la pandemia, con el confinamiento, las restricciones a la vida cívica y pública, el cierre de oficinas gubernamentales y la paralización de plazos administrativos, ha podido tener efectos considerables en esa bajada. También las menores habilidades tecnológicas de la población diana”.

Factor de llamada

En el Cermi opinan que puede haberse producido también un “factor de llamada por la creación de una nueva prestación pública, el IMV, que ha desatado expectativas estos meses, en detrimento de las pensiones no contributivas, más tradicionales. Pero todo esto son solo sensaciones, que habrá que contrastar pasado un tiempo prudencial”.

En cualquier caso, desde esta organización quieren alertar que de que “en general, y como tónica antes de la pandemia, estas pensiones no contributivas en los últimos años están experimentando reducciones no significativas pero persistentes lo que puede indicar una cierta tendencia”.

Concretamente, aunque la cifra de beneficiarios crece año tras año, los peticionarios se han estancado. “Son pensiones con requisitos muy exigentes, por lo que la demanda está restringida, y se supone que por ejemplo, en jubilación, cada vez habrá menos personas que lleguen a edades avanzadas sin haber trabajado y por tanto cotizado".

"En las pensiones de incapacidad", explican, "pasa otro tanto; con lentitud, las personas con gran discapacidad (65% de grado o más) se van incorporando al mercado de trabajo en mayor número, lo que reduce el potencial de personas que solicitarían pensión, pues habrán generado una pensión contributiva o superan el umbral de renta (muy bajo) para poder solicitar la no contributiva”.

Duras condiciones que al menos en el acceso al IMV no se darían. Cabe recordar que la intención de Escrivá es que el IMV, cuya primera mensualidad ya se ha pagado, sea un ‘paraguas’ que acoja al resto de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, entre las cuales se incluyen estas pensiones. Veremos cómo lo hace.