El Gobierno y sindicatos y patronales han cerrado un nuevo acuerdo (van cuatro en lo que va de año) que en esta ocasión está destinado a la recuperación económica. Un documento que recoge 13 puntos que definen la hoja de ruta de las futuras políticas laborales y productivas.

Entre ellas están los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE). Todos los miembros del Diálogo Social reconocen su importancia en esta crisis a la hora de salvar el empleo y las empresas. Por ello, se apuesta darles continuidad en la nueva normalidad abriendo la puerta a que las ventajas fiscales que hoy tienen los ERTE por causas objetivas (Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción) para las empresas se conserven.

Para ello se desarrollará un “marco adecuado de contribución compartida” que permitirá potenciar el uso de una herramienta que, antes de la pandemia, era prácticamente ignorada por las empresas.

Pero, antes de habilitar esta fórmula, hay que gestionar la vuelta de las empresas españolas a la actividad. Para ello, se ha pactado que se primer “los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Igualmente, las empresas impulsarán la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis covid cuando las circunstancias así lo permitan, potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida”.

Dentro de este marco, Gobierno, sindicatos y patronales también han pactado “desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico”, particularmente para la recolocación de trabajadores “en aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerada por el COVID-19”.

Teletrabajo

Por otro lado, a pesar del temor de los empresarios, el acuerdo deja claro que el nuevo marco del teletrabajo y de la adaptación de la jornada pasará por el Diálogo Social.

El acuerdo recoge también la puesta en marcha de “un Pacto por la industria que permita al país su imprescindible reindustrialización, que diversifique, equilibre y modernice su estructura productiva, e impulsando los sectores estratégicos que hagan nuestra economía más resiliente”.

En este sentido, la idea es impulsar la transición ‘verde’ “apostando por la colaboración público privada y la inversión en la industria, la agricultura y en servicios competitivos, que contribuyan a la transición ecológica y generen empleo de calidad, con el objetivo de no dejar a nadie atrás en la modernización del país”.

Otro de los puntos acordados es darle un empujón a la digitalización de la economía y modernizar las políticas activas de empleo “con el fin de reorientar los recursos correspondientes hacia un sistema eficaz de apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores, y desplegar mecanismos eficientes de alineamiento de la oferta y la demanda en el mercado laboral”.

Guiño de Pablo Iglesias

Más novedoso es el guiño a la economía social, que podría ser cosa del vicepresidente Pablo Iglesias. Y es que se apoyará “el desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados, con el fin de reforzar y mejorar nuestro Estado de bienestar”.

Se incluye un apoyo explícito a los autónomos, “tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales”.

Así mismo, se propone la modernización del marco laboral “a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras” en lo que parece ser la antesala del Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, uno de los grandes proyectos de Sánchez desde que llegara a la Presidencia de Gobierno.

También se apuesta por el reforzamiento de los Servicios Públicos en los distintos niveles de la Administración, “especialmente en el servicio sanitario y el sistema de dependencia”, mejorando los mecanismos de coordinación y de colaboración público-privada existentes.

Hay un punto dedicado a las pensiones, recogiendo la “garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público , protegiendo así su poder adquisitivo” y hay un compromiso para activar “medidas eficaces para aflorar la economía sumergida, luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal”.

En definitiva, se reactivarán “con carácter inmediato” las mesas de Diálogo Social ya constituidas, abordando los compromisos recogidos el acuerdo.