El Ministerio de Trabajo ha mantenido este miércoles una "primera toma de contacto" con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para negociar la regulación del teletrabajo. Tras la reunión, la patronal ha emitido un comunicado en el que considera que el anteproyecto se ha concebido "al margen del diálogo social". En los próximos días, los agentes implicados presentarán sus alegaciones por escrito.

El sindicato ha criticado que el Ejecutivo elaborara el anteproyecto de ley sin convocar a los agentes sociales antes de someterlo a consulta pública, y ha resaltado que hay que impedir que el teletrabajo se convierta en una nueva forma de explotación laboral. Por su parte, CEOE y Cepyme valoran que "no se ha abierto el necesario debate sobre la regulación". 

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha destacado que el teletrabajo debe recogerse como un derecho generalizado para todos los trabajadores, no vinculado exclusivamente a la conciliación para no convertirlo en una herramienta de discriminación laboral.

Las medidas de los sindicatos

Tanto UGT como CCOO reclaman que el teletrabajo tenga carácter voluntario; que las empresas pongan los medios necesarios para que sus empleados puedan trabajar desde sus casas; que se compense económicamente los gastos derivados del trabajo a las personas que teletrabajan; el derecho a la desconexión; el respeto a la jornada laboral, y medidas específicas para la prevención de riesgos laborales y garantizar la seguridad y salud laboral de los teletrabajadores, entre otras cuestiones.

Desde CCOO, su secretaria de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, ha hecho especial hincapié en que el teletrabajo debe ser voluntario, reversible y compaginarse con el trabajo presencial, de forma que haya horas de trabajo en modalidad a distancia y horas en el centro de trabajo "porque eso es bueno para los trabajadores y para generar empresa".

"Hemos marcado las pautas para las negociaciones. Ahora tenemos que hacer aportaciones. Esperemos que haya marco para la negociación y el acuerdo", ha señalado Vicente, que ha insistido en que este anteproyecto de ley es "oportuno" debido al auge del teletrabajo y de su "escasa regulación".

Preguntada por si los empresarios se han opuesto a pagar los gastos del teletrabajo, Vicente ha señalado que la CEOE ha aludido en el encuentro al acuerdo europeo que firmaron sindicatos y empresarios europeos en 2002, en el que se contemplaba que los gastos los deben asumir las empresas.

El anteproyecto del Gobierno

Según el anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia que ha elaborado el Gobierno y que tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo, los empleados que teletrabajen tendrán derecho al "horario flexible" y podrán "alterar" dicho horario respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, salvo en el caso de los tiempos de disponibilidad obligatoria o los límites que se hubieran acordado.

Deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada y de los tramos de actividad, el tiempo de activación y desactivación de los equipos o el tiempo dedicado a la preparación y realización de las tareas de cada una de las fases del ciclo de procesamiento y entrega.

Además, el texto normativo fija que los costes que conlleve para el trabajador el desarrollo del trabajo a distancia deberán ser sufragados en su "totalidad" por la empresa.

La nueva ley define al trabajo a distancia como "aquel trabajo que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, de modo no ocasional"; y el teletrabajo como "aquel trabajo que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación".

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y requerirá acuerdo de trabajo a distancia, si bien los contratos en prácticas y los contratos para la formación y el aprendizaje no admiten acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos.

Asimismo, fija igualdad de trato y no discriminación, por lo que establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial.

Igualmente, los trabajadores a distancia tendrán derecho a la dotación de "todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad", de conformidad, como mínimo, con el inventario incorporado en el acuerdo fijado en la ley.

La norma aborda el derecho a la desconexión digital de las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, y apela a la negociación colectiva o acuerdo de empresa con el objetivo es evitar el llamado 'smart working' (trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar).

Otros aspectos que regula el anteproyecto son el derecho a la intimidad y a la protección de datos, y los medios de control empresarial de la actividad, que no podrán ser "intensivos o permanentes" y atentar contra el derecho a la intimidad. No obstante, el texto precisa que el control de la actividad corresponderá a la empresa.