La Cámara de España prevé una caída de la ocupación del 8,7% y una tasa de paro del 19,2%

La Cámara de Comercio de España considera que los datos de la EPA del segundo trimestre confirman la "profunda recesión" de la economía y augura un retroceso del 11% del PIB este año, lo que conllevará una caída del 8,7% de la ocupación y un aumento de la tasa de paro hasta el 19,2% de la población activa.

Así lo señala el organismo cameral en una nota para valorar los datos de la EPA del segundo trimestre, que reflejan una caída de 55.000 ocupados y una destrucción de un millón de empleos, a pesar de que las cifras de ocupación no incluye a los afectados por un ERTE.

La organización añade también que las cifras de paro podrían ser aún más elevadas si incluyeran a todas las personas que han perdido su empleo durante este trimestre, pero que han sido consideradas como inactivas por no cumplir con la definición de paro utilizada en la EPA.

Este grupo de personas clasificadas como inactivas por no haber podido buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar, asciende a 1.062.800 durante este trimestre (843.000 más que en primer trimestre), ha resaltado.

Asimismo, señala que la intensidad de los rebrotes en las últimas semanas vaticina un escenario de recuperación "aún débil e incierto", por lo que pide que sea "prioritario" el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales para adoptar las medidas y reformas requeridas para la recuperación y la reconstrucción.

"Se trata del pilar más eficaz para generar la confianza y el ánimo que el tejido empresarial necesita para devolver al país a la senda del crecimiento", defiende la Cámara de Comercio de España, instando a un entorno de seguridad en el que pueda desarrollarse la cooperación público-privada como herramienta para fomentar el crecimiento y la competitividad.

En el ámbito específico del mercado laboral, sobre la base de la estabilidad del marco existente, cree que deben aplicarse actuaciones específicas para avanzar en la inclusión de los colectivos con mayores problemas para acceder al mercado de trabajo, como los parados de larga duración, los mayores de 45 años o los jóvenes, así como para reducir la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral y para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo.

También remarca la necesaria conexión creciente entre el sistema educativo y el ámbito productivo, con una mayor aproximación de los programas formativos de los futuros trabajadores o parados a los requerimientos que demandan las empresas. En todos sus niveles, desde la educación básica, hasta la universidad, la Formación Profesional y la formación continua.